Por Fiorella Ferrari Lavalle (*)
En 2008, Reporteros Sin Fronteras (RSF) promovió la conmemoración del 12 de marzo como el Día Mundial contra la Censura en Internet. Desde entonces, esta fecha se ha mantenido como un espacio para reflexionar sobre la importancia del acceso y divulgación de la información y la defensa de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
La lucha contra la censura en Internet atraviesa múltiples dimensiones de los derechos humanos. No solo involucra el derecho a la información y la libertad de expresión, sino también el derecho a una vida libre de violencia, pues Internet también es un espacio donde se reproducen discursos de odio y se perpetúan violencias que históricamente han existido en los espacios análogos. Estas formas de censura han evolucionado con las nuevas tecnologías y afectan la manera en que nos comunicamos y organizamos como ciudadanía.
Organizaciones como Access Now, han documentado el incremento de los apagones de Internet como una estrategia de represión. En 2023, se registraron 283 apagones en 39 países, todos ejecutados por sus respectivos Estados. Estos cortes no solo vulneran los derechos mencionados, sino que también encubren crímenes de lesa humanidad (Access Now, 2023). Entre los casos más alarmantes se encontraron bloqueos a plataformas digitales, donde se visibilizaban violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto armado como en Palestina, Myanmar, Sudán y Ucrania.
Campaña #KeepItOn
Es claro que la interrupción del acceso a Internet o la censura de Internet tiene un impacto directo en la vida de las personas. En los últimos 20 años, y especialmente en el periodo posterior a la pandemia de COVID-19, los apagones de Internet han afectado tanto la comunicación con la familia y amistades como el acceso a la educación y el trabajo, estos últimos con repercusiones colectivas. Asimismo, la censura reduce la capacidad de organización comunitaria, ya que, en contextos de crisis política y social, estas medidas limitan gravemente el derecho de la ciudadanía a informarse, organizarse, movilizarse y protestar.
En 2021, el Congreso de Perú promovió una reforma para integrar el acceso a Internet como un derecho fundamental en respuesta a las circunstancias globales impuestas por la pandemia. Esta reforma buscaba alinear al país con estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, existe una contradicción evidente entre este reconocimiento legal y las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo desde el 2 de diciembre de 2022.
En febrero de 2023, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que, basándose en el delito de apología al terrorismo, anunciaba el incremento de las penas cuando dicho delito se cometiera a través de plataformas de redes sociales. Lo cuestionable aquí fue que invitaba a la ciudadanía a denunciar publicaciones que consideraban “apologéticas”, sin establecer criterios claros para ello. Esta medida generó un clima de autocensura y miedo, ya que, cualquier postura contraria al gobierno de turno podía ser denunciada a través de un canal habilitado por el Estado.
Modalidades de censura en Internet
La censura en Internet se puede ejecutar a través de diversos mecanismos, entre los que destaco:
- Autocensura inducida: a través de leyes ambiguas o la criminalización de la expresión en redes sociales, como el caso de nuestro país en 2023.
- Criminalización y persecución de personas con posturas críticas: incluye la vigilancia, el hostigamiento legal y el encarcelamiento de periodistas y activistas. Un ejemplo en América Latina, es la de El Salvador bajo la presidencia de Nayid Bukele.
- Cortes de Internet y bloqueos de plataformas: implementados por los gobiernos mediante el control de las infraestructuras de telecomunicaciones o acuerdos con empresas tecnológicas.
Cualquiera de estas formas de censura a Internet afecta gravemente el ejercicio de los derechos humanos y como ocurre en cualquier crisis social o política, los grupos más vulnerables son los más perjudicados. Las mujeres son particularmente afectadas, especialmente aquellas que defienden los derechos humanos, promueven la educación sexual integral o el derecho a decidir, así como las periodistas de investigación.
Un llamado a la acción
Puedo afirmar que la censura en Internet representa una grave amenaza para la democracia y el ejercicio de los derechos fundamentales. Además, es crucial continuar documentando y denunciando estas prácticas, así como exigir la adopción de marcos legales y políticas públicas que garanticen un acceso libre y seguro a la información en línea. Para ello, es fundamental que tanto la sociedad civil organizada como la ciudadanía en general nos involucremos en los debates sobre la gobernanza de Internet, cuestionemos quiénes legislan al respecto y de qué manera lo hacen, y sean conscientes del impacto que esto genera en nuestras vidas. Finalmente, reiteró la necesidad de fiscalizar las normas, políticas y mecanismos de moderación de contenidos implementados por las principales plataformas de redes sociales, puesto que sus líderes expresan con creciente frecuencia posturas abiertamente autoritarias que fomentan la autocensura de sus usuarios, que somos todas las personas con acceso a Internet.
(*) Comunicadora especialista en género y tecnología. Oficial de Activismo de la ONG Hiperderecho.
