El 28 de agosto de 2017 amanece en Huamanga con un brillante sol andino que ilumina los techos con tejas alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad. El ambiente es tranquilo como el de cualquier otra mañana de lunes, poco a poco la plaza se va llenando de transeúntes que la recorren y ocupan, dándole vida a uno de los espacios públicos más importantes de Huamanga. Sin embargo, para muchos, esta mañana es particularmente especial, hoy se conmemoran catorce años de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR); informe que, en sus nueve tomos relata cómo los peruanos y peruanas fuimos capaces de ejercer, permitir, aceptar, apoyar y callar la violencia más extrema vivida en nuestro país y que llevó a que más de 69 mil personas fallecieran, mientras que decenas de miles vieran sus derechos vulnerados de manera sistemática y generalizada.
El conflicto armado interno ocurrido entre 1980 y 2000 se constituye, así, como “el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile —los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación—” .
El programa de actividades para hoy, convocado por el Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho, inicia muy temprano con una concentración en la Plaza María Parado de Bellido a tan solo unas cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad; la Plaza María Parado de Bellido es emblemática en Huamanga no solo por el recuerdo de la heroína de la luchas por la independencia del país, sino también por ubicarse frente a la ex cárcel de Ayacucho que fue asaltada por Sendero Luminoso el tres de marzo de 1982 y se encuentra hoy convertida en el principal centro de artesanía de la ciudad —un claro ejemplo de cómo los espacios se renuevan y se resignifican, en especial en una ciudad de tantas transformaciones como Huamanga—.
El programa indicaba el izamiento de la Bandera de la Paz a las 8:45 a. m., sin embargo, es recién hacia las 9:30 de la mañana que la Plaza de Armas se embandera de color blanco. El local de la Municipalidad Provincial coloca un bandera blanca, lo mismo ocurre en una de las astas principales al centro de la plaza. De igual forma, la placa que recuerda la entrega del Informe final a Ayacucho y sus ciudadanos el 29 de agosto del 2003 es rodeada por once banderas blancas, una por cada provincia de la región como señalando que todo Ayacucho fue golpeado por la violencia del conflicto, pero que también, todo Ayacucho apuesto por la verdad y la reconciliación legada por la CVR.
La placa y sus once banderas marcan un hito dentro del espacio público, las centenas de huamanguinos que circulan por la vereda la miran con curiosidad y asombro, algunos se detienen para tomar fotografías e incluso llega una delegación de mujeres en trajes tradicionales a dejar un arreglo floral. Sin embargo, no es esta conmemoración la que rompe con la cotidianidad del espacio; la irrupción de la marcha de docentes alrededor de la plaza exigiendo mejores condiciones laborales quiebra con la cotidianidad del centro de la ciudad. La huelga magisterial, en un día cómo este, nos hace preguntarnos si efectivamente podemos hablar de reconciliación en una sociedad donde los docentes siguen siendo víctimas de estigmatización, donde la violencia sigue siendo un recurso válido contra la población, donde los agentes del Estado siguen siendo vistos por gran parte de la ciudadanía como ajenos a ellos y como instrumentos de las autoridades, y donde las autoridades se encuentran sumamente deslegitimadas en una democracia que no termina de formarse. El legado de verdad dejado por la CVR parece ser tan necesario hoy, catorce años después, como lo fue ese 28 de agosto de 2003 cuando fue revelado.
Las actividades de conmemoración debían seguir a lo largo de la jornada pero algo parece interrumpir la programación. Alrededor de las 5:00 p. m. una dolorosa noticia recorre la ciudad; Angélica Mendoza, ‘Mamá Angélica’, la histórica líder del movimiento de personas víctimas del Conflicto Armado Interno en Ayacucho y fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), falleció a los 86 años. Mamá Angélica, quien luchó desde 1983 por conocer el destino final de su hijo Arquímedes Ascarza Mendoza, secuestrado, detenido y desaparecido por miembros de las Fuerzas Armadas es, sin lugar a dudas, la figura más emblemática de la lucha por la verdad y la justicia de las víctimas del conflicto armado interno.
Angélica Mendoza había enfrentado la violencia con la que se vivía la década de 1980, el temor de la década de 2000 y las esperanzas por conocer la verdad desde la labor de la CVR representando a cientos de mujeres que habían perdido a sus familiares. La lucha de Mamá Angélica era la más representativa entre las miles de luchas que se vivían y se siguen viviendo en nuestro país por el reconocimiento a las víctimas y por conseguir una sociedad que asuma sus errores y pueda reparar el daño causado y perdonarse.
Mamá Angélica brindó su testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en una audiencia pública como lo hicieran cientos de víctimas a lo largo del mandato de la CVR. Su valiente presencia permitió darle una voz y rostro a las víctimas del conflicto y las incansables socias de ANFASEP. Su historia e imagen se convirtieron en referentes culturales para un país que comenzaba a comprender el horror del que había formado parte. El 17 de agosto de este año, tras doce años de un largo proceso judicial, Angélica Mendoza, así como muchas otras mujeres socias de ANFASEP consiguieron una amarga justicia luego de la lectura de sentencia del caso Los Cabitos —principal centro de detención, tortura y desaparición del país durante el conflicto armado—. Mamá Angélica, esperó durante horas en una vigilia y luego, dentro de la sala, la lectura del fallo. Para las 2:30 a. m. del 18 de agosto la justicia llegaba por fin a las víctimas.
La pérdida de Angélica Mendoza luego de la sentencia del caso Los Cabitos, en un contexto en el que la memoria sobre el conflicto se encuentra nuevamente en entredicho, y el día en que se conmemora el destape de la violencia y muerte vivida en nuestro país durante veinte años, nos debe llamar a reflexionar sobre qué hemos conseguido como sociedad en los últimos catorce años, qué dignidad y ciudadanía le hemos ofrecido a las víctimas, cuántos años más tendrán que esperar para conseguir justicia, y cuántas ‘Angélicas Mendoza’ más fallecerán esperando que podamos decirles que estaban en lo cierto y que sus familiares desaparecieron como parte de la violencia que no supimos responder. Sin duda, un décimo cuarto aniversario con preguntas y penas que nos deben llevar a seguir trabajando.
Escribe: Mario Cépeda, investigador del área de Relaciones Institucionales y de Proyectos del IDEHPUCP.
