Por Iris Jave (*)
En el Perú, la representación política indígena en el estado nacional es muy débil. En 200 años de independencia, solo un líder indígena ha sido elegido como representante nacional del Parlamento (Espinosa, 2022) y, aunque algunos líderes indígenas dirigieron gobiernos locales (98 alcaldes distritales indígenas elegidos hasta el 2014), la brecha de representación en la política formal es amplia. Ante la dificultad de no encontrar representación efectiva mediante canales de participación formal (electoral), las organizaciones indígenas y de sobrevivientes del conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) han encontrado formas de ser incluidas en el Estado, desarrollando una participación activa y configurando nuevas trayectorias políticas. Al señalar esto, me interesa diferenciar representación de participación. No me voy a referir a la representación política formal sino, más bien, a la participación que encuentra otras vías para conseguir los mismos objetivos: impulsar procesos de políticas que respondan a las demandas de estos grupos.
Así, en estas organizaciones se identifican procesos de lucha y resistencia, como son el ejercicio de nuevos roles públicos, la movilización comunitaria, la gestión e incidencia de nuevas relaciones con el estado y el desarrollo de una participación activa de liderazgos indígenas vinculados profundamente con los impactos del conflicto armado interno en el Perú ocurrido entre 1980 y el 2000 (Jave, 2021)). Esta diversidad de elementos ha permeado y transformado sus formas de participación política mediante diversos factores, de entre los que me interesa enfatizar dos: los mecanismos de justicia transicional aprehendidos y apropiados por víctimas y sobrevivientes del CAI, y, en el caso de organizaciones amazónicas, su inclusión en procesos de decisión política locales y regionales.
Representación, participación, reconocimiento
A mediados de la década del 90 e inicios del 2000 se registró un avance y cierta inclusión de políticas nacionales indígenas en la región de América Latina —lo que Svampa (2017) califica como la apelación a una “ciudadanía étnica” —, lo cual trajo consigo una serie de políticas “ineludibles” ante el fortalecimiento de las identidades indígenas en los ámbitos culturales, sociales y políticos. En ese contexto, el estado peruano introdujo la cuota indígena (2002) en los procesos electorales en el ámbito subnacional, como una medida de acción afirmativa que permitiera incluir y hacer efectivo el derecho al sufragio de la población indígena o pueblos originarios. Sin embargo, entre el 2006 y el 2018 solo fueron elegidas 440 candidaturas indígenas, lo que representa aproximadamente el 6,5% de las candidaturas indígenas a nivel histórico para elecciones subnacionales. Ciertamente, la elección de autoridades indígenas no asegura una mejor representación de sus intereses, pero, aunque parezca elemental, el ser elegidas les permite incluir su agenda en la toma de decisiones, responder a demandas históricas y acceder a un reconocimiento político y social. Estos elementos pueden ser avances en la inclusión de políticas, y también pueden ser entendidos como elementos constitutivos de una ciudadanía étnica o de la institucionalización de un ciudadano-víctima (Gatti, 2017), una categoría en la que, a la vez que se hacen valer ciertos derechos, se corre el riesgo de subsumir diversas vulnerabilidades de nuestra población. La pobreza, la ruralidad, la victimidad, la indigeneidad y las diversidades quedan así incorporadas dentro de una narrativa de victimidad que puede olvidar el carácter activo, político y deliberante que han adquirido estos colectivos en sus trayectorias de participación.
En medio de la precariedad institucional del país, marcada por la creciente inoperancia del gobierno, el retroceso de políticas de derechos humanos, la inacción en la búsqueda de personas desaparecidas y la reciente aprobación de una ley de amnistía en el Congreso, vale preguntarse por estas formas de participación política más amplias, que afirman sus propias identidades y proponen agendas de debate, confrontación y negociación en lo que se puede denominar como política contenciosa (Tarrow y Tilly, 2015), entendida como acciones colectivas que grupos o movimientos sociales emprenden para desafiar o transformar el poder establecido. La política contenciosa incluye protestas, manifestaciones, litigios estratégicos, ocupaciones de espacios, entre otras formas de movilización, que tienen como objetivo influir en políticas públicas, obtener reconocimiento o cambiar relaciones de poder.
Tarrow y Tilly (2015) ponen el énfasis en el estado como blanco de las demandas, pero si nos situamos frente a las organizaciones indígenas y de víctimas cabe preguntarse cómo se despliega esa política contenciosa en su interior y cómo se da la participación política en sus propias organizaciones; cómo enfrentan las tensiones y expectativas en torno a sus demandas; cómo se gestiona la participación y la interlocución, si se mantiene la horizontalidad o si funcionan con gestiones jerárquicas; o cómo lidian con sus sistemas de gobierno internos, es decir, cómo son sus formas de representación. Aunque se puede suponer que las organizaciones sociales son democráticas per se, cabe preguntarse cómo gestionan esa dimensión democrática, cómo sitúan la experiencia de individuación que hoy se encuentra en nuestras sociedades, cómo se produce la experiencia misma de participación en el colectivo o qué paradojas normativas podemos encontrar en esas interacciones.
Según Latour (2008), las disputas permiten ver cómo los elementos y actores se articulan, se fortalecen o se debilitan y cómo las conexiones se mantienen o se reconfiguran. De ese modo, la controversia revela las fuerzas y los intereses en juego, lo que permite estudiar cómo se ensamblan (o reensamblan) las relaciones que definen lo social. El «buen uso de las controversias» permite investigar el tejido social sin caer en la trampa de ver «lo social» como un simple contexto. En ese sentido, explorar y comprender las subjetividades políticas de quienes animan estos colectivos y persisten en ello resulta un tremendo desafío frente a un nuevo escenario que se alista para una competencia electoral casi simulada, con partidos que han institucionalizado su representación de economías informales e ilegales, o, lo que es más riesgoso, con una democracia tan precarizada.
Referencias
Espinosa, O. (2022). Amazonian Indigenous Participation in Electoral Processes in Peru. The Case of 2011, 2016, and 2021 Presidential Elections. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales vol. 13, 2022 pp. 45-76. DOI:10.17951/al.2022.13.45-76.
Jave, I. (2021). El proceso de construir una actoría política en las organizaciones de víctimas en el Periodo posconflicto 2000 – 2019. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Recuperado de https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19341/JAVE_PINEDO_IRIS_PROCESO_CONSTRUIR.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la Teoría del Actor-Red. Manantial.
Svampa, M. (2017). “Cuatro claves para leer América Latina”. Revista Nueva Sociedad (268), 50-64
Tilly, Charles and Tarrow, Sidney (2015). Contentious Politics. Oxford University Press, UK.
