Fuente: Infobae.
Por Pedro Francke (*)
La característica principal de la actual coyuntura económica es que, nuevamente, estamos en recesión. El PBI se ha ido para abajo en los primeros seis meses del gobierno de Dina Boluarte en – 0,5 por ciento según la cifra oficial del INEI. En el primer semestre la industria produjo 6 por ciento menos, la construcción 9 por ciento menos y la producción agrícola fue 4,6 por ciento menor, siendo muy seriamente afectados los medianos y pequeños productores de arroz (-3 por ciento), papa (-14 por ciento) y maíz (-16 por ciento).
Una primera causa de la recesión es política. El gobierno, basado en un pacto Ejecutivo-Congreso, desaprobado por la enorme mayoría de peruanos, no convence ni al sector empresarial que constituye su base a que inviertan en las condiciones actuales de alta ingobernabilidad e inestabilidad política. La inversión privada ha caído 11 por ciento el primer semestre del 2023. Algunos atribuyen esta caída mayormente a las protestas sociales de diciembre y enero, frente a lo cual, según ese punto de vista, la respuesta gubernamental habría significado una calma temporal. Pero, sin olvidar que esa respuesta generó decenas de muertos que según la CIDH “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales (…) y calificarse como una masacre”, ella ha dejado una tensión social subyacente, que muchos analistas consideran tendrá un desenlace incierto, a más tardar el 2026 (pero quizás antes). El argumento de que la recesión se debe a las protestas que ya pasaron y que, según dicen estos sectores afines al gobierno actual, no se repetirán, se estrella contra un dato muy claro – la demanda interna que ha disminuido 1.8% el primer trimestre y 3% el segundo trimestre; es decir, una caída aún mayor cuando las protestas sociales no fueron fuertes. La acción populista y antidemocrática del Congreso, que parece ser el que domina en este gobierno y que busca traerse abajo las reformas de mejora de la educación y romper el equilibrio de poderes esencial para la democracia, agrava las condiciones de incertidumbre política de mediano plazo, y eso lo tienen bien presentes las agencias internacionales de evaluación de riesgos como Standard&Poor y Moody´s.
Junto a ello, la recesión en el sector industrial y construcción se debe a una demanda interna reducida, causada porque la inflación ha reducido sustancialmente los salarios e ingresos reales. Enfrentados a menos demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas reducen horas extras, no renuevan contratos y postergan inversiones. Este es un asunto macroeconómico que se ha agravado por una política monetaria y fiscal contractivas; entre enero y julio, los datos oficiales muestran que la inversión pública ha caído en términos reales en 2 por ciento, afectando el empleo en construcción civil y las industrias de cemento y fierro. Una reducción similar, del orden del 3 por ciento real, ha tenido en estos siete primeros meses del año el llamado “gasto corriente” del gobierno, en el que se registran los sueldos, los contratos CAS, los alimentos para Qali Warma y otros programas sociales y la multiplicidad de compras del estado como medicinas y equipos médicos. Al recortar estos gastos, la consecuencia es que se deteriora la atención en salud y se obliga a más pacientes a buscarse de manera particular sus propias medicinas o exámenes médicos, y para cubrir estos gastos esas familias tendrán que comprar menos fideos, aceite y ropa, agravando la recesión.
La consecuencia más directa de la caída de la producción en sectores clave como industria, construcción y algunos servicios se da en el empleo. La última encuesta Ipsos muestra que 54% de peruanos considera que en los últimos doce meses sus ingresos han disminuido y apenas 7% que han aumentado; respecto de las posibilidades de encontrar empleo, 72% considera que está en peor situación y sólo 4% dice que está en una mejor.
Por eso, una alternativa económica nuevamente tiene que poner un énfasis importante en la reactivación; que en el corto plazo pasa por elevar la demanda. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la educación y salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido. Junto a ello, es necesario apoyar fuertemente a la pequeña agricultura familiar, que se ha visto fuertemente golpeada por los cambios climáticos, y actuar preventivamente frente al Fenómeno El Niño que muy probablemente nos golpeará en los próximos meses. Hoy por hoy, sin embargo, una mejora económica depende también de que logremos un gobierno que logre legitimidad sobre la base del respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos.
(*) Magister en economía, docente PUCP, exministro de Economía y miembro de las ONGs Cooperacción y APRODEH.
