Fuente: Andina.
El proyecto del Congreso de destituir en bloque a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ha entrado en compás de espera por unos días. Pero esta suspensión de un golpe contra la democracia que parecía inminente no se ha debido a las razonadas críticas y denuncias recibidas de múltiples entidades nacionales e internacionales. Se trata, solamente, según toda apariencia, de ganar tiempo para reclutar los 87 votos necesarios para materializar el dictado de la Comisión de Justicia. La amenaza sigue presente; su concreción depende únicamente de que se consumen los pactos y los trueques entre los grupos que conforman la representación nacional. Interesa, por ello, seguir llamando la atención sobre la cantidad de irregularidades de forma y fondo que se conjugan en esta intención del Poder Legislativo.
En la forma, hay que contar, en primer lugar, la decisión de la Comisión de Justicia de hacer una “investigación sumaria” a los integrantes de la JNJ. No existía ninguna base para ello, y menos aun cuando la investigación se entablaba bajo la hipótesis de una falta grave que ameritara la destitución: no la destitución de un integrante en particular, sino la del colegiado por entero. Hace falta decir que el concepto de falta grave aparece aquí como una más de esas figuras de nuestro orden normativo que, a pesar de sus enormes efectos potenciales, no están definidas con precisión, de manera que pueden ser usadas discrecionalmente. Ese uso discrecional de la letra de una norma difusa se puede mantener dentro de los límites de lo razonable cuando los que hacen política tienen sentido de la responsabilidad y algo de espíritu democrático. En ausencia de eso, la letra puede ser usada de mala fe, sin otro freno que el que dicte la conveniencia particular, y es eso lo que estamos viendo en el Perú en los últimos años.
En todo caso, la investigación sumaria fue realizada por una comisión técnica de la propia Comisión de Justicia y la conclusión fue que no existía la presunta falta grave. Lo que correspondía era archivar en el momento una investigación que ya había nacido sin mayores fundamentos. Pero la Comisión de Justicia decidió desconocer el informe de su propia comisión técnica e insistir en la intención de destituir a los miembros de la JNJ, ahora sin presentar siquiera un pretexto, un semblante de justificación legal para su intención política. Ese es el punto en que nos encontramos ahora.
El fondo no es menos turbio. El control de la Junta Nacional de Justicia supone colocarla al servicio de los designios de los grupos que dominan el Congreso o, lo que es equivalente, al servicio de los más diversos intereses según las negociaciones que los distintos grupos realicen en cada caso. Lo que viene ocurriendo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que ya fue sometida a ese control, es suficiente indicador de la suerte que correría la JNJ en el mismo trance. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia lo que está en juego es, si cabe, aún más grave que lo que se perdió con el control de la Sunedu, en tanto atañe a la supervivencia misma de lo que queda de orden democrático en el Perú.
Dicho control significaría, en primer lugar, poner en grave riesgo la independencia y la imparcialidad de la administración de justicia en el país, en tanto es función de la JNJ ratificar y remover a jueces y fiscales. Por una vía distinta nos acercamos a un escenario análogo al que existía bajo el régimen autoritario de los años 1990, cuando la administración de justicia fue sometida al poder político con una táctica simple: equipándola con un gran número de magistrados provisionales cuya permanencia en el cargo dependía de su obediencia al poder político
A esto se suma, en el horizonte oscuro que se avecina, la otra función clave de la JNJ, como es la de decidir también sobre las autoridades electorales. Subordinar a la JNJ equivaldría a controlar al sistema electoral. Y la ejecutoria reciente del Congreso no permite descartar esa posibilidad, sino, al contrario, considerarla un resultado muy probable. Estamos, pues, ante el riesgo de que el último y básico elemento definidor de la democracia –el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades en comicios libres y limpios—quede también vacío de toda significación, y se convierta en una simple formalidad hueca, y que con él quede destruido lo poco va quedando del régimen democrático en el país.
