El viernes 2 de junio, en el marco de la XXXI Ceremonia de Premiación Anual en Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzó a nivel nacional la campaña CVR+20. Esta campaña es presentada teniendo como motivo la conmemoración de los 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
La iniciativa denominada “CVR+20, la Justicia hace la Paz” se viene organizando junto a diversas organizaciones, entre ellas el IDEHPUCP, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones que planteó la CVR, sus efectos y vigencia.
Esta evaluación se da en medio de una crisis política marcada por alarmantes actos de violencia de parte de las fuerzas del orden contra manifestantes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Diversos informes de organismos internacionales, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltan que la incidencia de la violencia y el número de víctimas o de personas heridas o fallecidas han sido mayores en algunas ciudades del sur del país que tienen una fuerte identidad étnica o indígena. Esto evidencia que no ha habido un avance hacia políticas igualitarias e inclusivas que permitan luchar contra la discriminación estructural que existe en el país. Todo esto denota una negación de los principios democráticos que enunció el informe final de la CVR como guía de sus recomendaciones.
El evento contó con la presencia de organizaciones sociales, instituciones de derechos humanos, excomisionadas/os de la CVR, familiares de víctimas, organizaciones académicas, de la sociedad civil, sindicatos, activistas, entre otros. Cabe destacar la presencia del doctor Salomón Lerner Febres, presidente emérito del IDEHPUCP y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y de las representantes de ANFASEP.
Sobre el Informe Final de la CVR:
Entre el 1980 y el 2000 vivimos una doble desgracia: la muerte y la indiferencia. La CVR trabajó entre los años 2001 y 2003 con el propósito de recopilar la información exacta y minuciosa sobre el proceso de violencia que sufrió el Perú en los 20 años del conflicto armado interno, especialmente en los lugares históricamente olvidados. La CVR señaló que recibió reportes de más de 4,600 sitios de entierro. Con el tiempo esa cifra, así como la de las y los desaparecidos, se ha incrementado. De los 53 casos que presentó ante el Ministerio Público, 22 cuentan con una sentencia condenatoria, 23 se encuentran en proceso judicial y en 8 casos se absolvieron a los responsables
Sin embargo, siguen pendientes las reformas institucionales en los campos de la salud, la educación, la reestructuración del Estado, las reformas en las Fuerzas Armadas y Policiales y el control del uso de la fuerza, así como la respuesta a factores estructurales como el racismo y la desigualdad. A ello se suma la falta de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Veinte años después de la presentación del Informe Final de la CVR, falta mucho por hacer.
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