Por Geraldine Chávez (*)
En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado los operativos de redadas contra inmigrantes indocumentados en todo el país, una medida que, a pesar de haber sido objeto de protestas en ciudades como Atlanta, Chicago, New York y Los Ángeles[1], cuenta con el respaldo del gobierno estadounidense. Como se explica a continuación, estas redadas masivas, además de reflejar la política antimigratoria de Trump, resultan altamente problemáticas y cuestionables por su impacto en los derechos de las personas en situación de movilidad que residen en dicho país.
Las redadas masivas en la política antimigratoria de Estados Unidos
La política antimigratoria de Trump, implementada a través de diversas órdenes ejecutivas dictadas a inicios de 2025, identificó como uno de sus principales objetivos la detención y deportación de toda persona en condición migratoria irregular. Específicamente, la Orden Ejecutiva (OE) 14159[2], Protecting the American People Against Invasion, estableció una serie de medidas orientadas a garantizar la expulsión de los extranjeros que residen ilegalmente en el país y que supuestamente representarían “una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública, [al cometer] actos viles y atroces contra estadounidenses inocentes” (la traducción es nuestra).
En ese sentido, la OE 14159 estableció que la Secretaría de Seguridad Nacional, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al que se encuentra adscrito ICE, debía priorizar tanto la aplicación estricta de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y otras normas federales en la materia, como el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la entrada o presencia continua y no autorizada de los extranjeros en Estados Unidos. Así, se impulsó la remoción expedita de todo extranjero en condición irregular que no pueda demostrar haber residido al menos dos años en el país, procedimiento ejecutable por cualquier oficial de inmigración y sin derecho a una audiencia o revisión de la decisión en instancia judicial. Además, se promovió el uso de otros procedimientos de deportación, como el dirigido a los extranjeros condenados por delitos graves, según las secciones 238 y 240(d) de la INA.
En este contexto, las redadas masivas han proliferado no solo en centros de trabajo, sino también en tribunales migratorios, restaurantes, hoteles, y escuelas[3]. Se han convertido, así, en una de las acciones más empleadas para cumplir los objetivos de la OE 14159. Al respecto, según un comunicado de prensa de ICE, entre enero y abril de 2025, fueron arrestados 158,000 extranjeros en situación irregular, de los cuales el 75% habría sido condenado o contaría con cargos pendientes de imputación[4]. Ahora bien, además de cuestionar la veracidad de tales cifras[5], portales estadísticos como el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC)[6] resaltan que, en la mayoría de casos, las personas detenidas por ICE no registran antecedentes penales, sino únicamente delitos menores incluyendo determinadas infracciones de tránsito[7].
En respuesta, han tenido lugar numerosas manifestaciones contra las operaciones de ICE. Particularmente, la situación escaló en intensidad en Los Ángeles, cuando, ante el enfrentamiento entre protestantes y agentes de migración, Trump ordenó el despliegue de 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina. Cabe resaltar que esta medida, basada en la calificación de los protestantes como “insurrectos”, supuso la aplicación de la Ley de Insurrección de 1807 sin consentimiento del gobernador del Estado, Gavin Newsom, quien sostuvo que el presidente había cometido un “descarado abuso de poder”[8].
El impacto de las redadas masivas en los derechos de las personas en situación de movilidad
Las redadas contra migrantes, empleadas para ejecutar el denominado plan de deportaciones masivas impulsado con base en la OE 14159, afectan los derechos de las personas en situación de movilidad que residen, se dirigen o transitan en Estados Unidos. En principio, este tipo de prácticas, toda vez que son expeditas y derivan en una serie de detenciones indiscriminadas, inobservan las garantías del derecho al debido proceso reconocidas en diversos tratados e instrumentos de Derecho Internacional en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, al verse proseguidas de procedimientos de deportación colectiva[9], se contraviene la prohibición de expulsiones colectivas pues no se efectúa una evaluación objetiva e individualizada de cada caso.
Con relación a ello, los Principios Interamericanos sobre los Derechos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas han señalado que los procedimientos sumarios de deportación vulneran las garantías del debido proceso al negarle a las personas su derecho a ser oídas, defenderse e impugnar su expulsión o deportación. Asimismo, resaltan que la ausencia de un análisis razonable y objetivo del caso individual de cada persona vuelve la expulsión o deportación colectiva como intrínsecamente arbitraria, por lo que debe exigirse su prohibición.
De igual manera, cabe resaltar que las redadas y deportaciones masivas, en la práctica, privan a las personas del acceso al sistema de asilo. Al respecto, debe destacarse que, además de que Estados Unidos es Estado parte del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, el cual adopta el principio de non-refoulement, en la normativa la INA reconoce el derecho a solicitar asilo.
Finalmente, es necesario referirse a las consecuencias de las redadas puesto que también suponen la afectación de otras garantías de protección de las personas en situación de movilidad. Por un lado, el temor generalizado[10] que causa en los migrantes la posibilidad de que sean arrestados en las redadas, así como su eventual exposición a condiciones de detención deficientes[11], pueden afectar su salud física y mental, vulnerando la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otro lado, en la medida que las redadas producen en muchos casos la separación de miles de familias[12], basada la situación migratoria de sus integrantes, producen una violación del principio de unidad familiar.
Reflexión final
Las redadas masivas implementadas por ICE bajo las órdenes ejecutivas de la administración Trump representan una regresión en materia de derechos humanos y protección internacional. Estas prácticas, alineadas a la política antimigratoria actual de Estados Unidos, revelan una concepción securitaria y punitiva de la migración que deshumaniza a las personas en situación de movilidad mediante efectos tales como la realización de deportaciones colectivas, la negación del derecho al asilo y al debido proceso, y la separación familiar.
(*) Consultora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Dominguez, L. (2025, 11 de junio). Where People Are Protesting Against Immigration Raids. New York Times. https://www.nytimes.com/2025/06/11/us/us-protest-tracker-trump-ice.html?
[2] Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02006/protecting-the-american-people-against-invasion
[3] Plazas, N. (2025, 17 de junio). Redadas en EE. UU.: ¿política de Estado contra los migrantes?. https://www.france24.com/es/programas/en-5-minutos/20250617-redadas-en-ee-uu-pol%C3%ADtica-de-estado-contra-los-migrantes
[4] ICE (2025, 29 de abril). 100 Days of Making America Safe Again. https://www.dhs.gov/news/2025/04/29/100-days-making-america-safe-again
[5] De acuerdo con TRAC, las cifras oficiales de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (OHSS), que se vienen publicando tardíamente, distan de aquellas promocionadas por el gobierno; por ejemplo, a mayo de 2025, se habrían realizado 72,000 deportaciones, en lugar de las 135,000 comunicadas por ICE (2025). Véase en: https://tracreports.org/reports/759/
[6] TRAC es una organización sin fines de lucro, fundada en 1989 en la Universidad de Syracuse, que recopila, investiga y proporciona datos sobre las actividades del gobierno federal de Estados Unidos, particularmente a instituciones de supervisión como el Congreso, agencias de noticias, empresas, académicos, etc. Véase en: https://tracreports.org/about/
[7] TRAC (2025). TRAC Immigration. Immigration Detention Quick Facts. tracreports.org/immigration/quickfacts/detention.html
[8] Zhuang, Y., Patil, A., Tumin, R. y Yoon, H. (2025, 8 de junio). Protestas contra las redadas en Los Ángeles: esto es lo que hay que saber. New York Times. https://www.nytimes.com/es/2025/06/08/espanol/estados-unidos/trump-protestas-migracion-losangeles.html
[9] HRW (2025, 24 de abril). “A nadie le importó, nadie nos escuchó” Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá. https://www.hrw.org/es/report/2025/04/24/nadie-le-importo-nadie-nos-escucho/expulsion-de-ciudadanos-de-terceros-paises#:~:text=Las%20expulsiones%20colectivas%20llevadas%20a,los%20requisitos%2C%20obtener%2C%20asilo.
[10] Elam, S., Jaeger, K. y Galeana, N. (2025, 2 de mayo). Cómo el miedo a las redadas en lugares vulnerables está cambiando el comportamiento de los migrantes indocumentados. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2025/05/02/eeuu/migrantes-vulnerables-redadas-jornaleros-trax
[11] Naciones Unidas (2012). Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Detención de inmigrantes en situación regular. https://docs.un.org/es/A/HRC/20/24
[12] Ávila, J. L. (2025, 7 de junio). “Auxilio, mis hijos están en la escuela”: la presión migratoria de Trump apunta a las madres de familia. El País. https://elpais.com/us/migracion/2025-06-08/auxilio-mis-hijos-estan-en-la-escuela-la-presion-migratoria-de-trump-apunta-a-las-madres-de-familia.html
