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Análisis 25 de junio de 2024

Por M. Villasante (*)

La sociedad peruana ha reaccionado con gran indignación a las dramáticas denuncias de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún del departamento de Amazonas. Estos hechos no son novedosos. Ya han sido denunciado por las dirigentes wampís y awajún desde 2010. Sin embargo, es la primera vez que esas denuncias han alcanzado resonancia nacional e internacional, en gran medida por las declaraciones de dos ministros del actual gobierno, que han asociado las violaciones a “prácticas culturales”, lo cual ilustra el racismo ordinario en las altas esferas de la administración estatal y la incultura de ciertos funcionarios. En esta breve nota presento algunas precisiones y análisis sobre estos hechos desde la antropología social y recalco la importancia de las denuncias de las lideresas nativas que han hecho visibles los padecimientos de las niñas y las adolescentes de esta región del país.

Los grupos étnicos Wampís y Awajún pertenecen al grupo lingüístico jíbaro (que engloba los Awajun, Wampís, Shuar y Achuar) y residen entre el sur de Ecuador y el norte peruano. Los Wampís (antes llamados Huambisa y Shuar-Huampis) moran en la zona del Alto Marañón, entre los ríos Morona y Santiago (distrito de Santiago, provincia de Condorcanqui, Amazonas). El censo de 2017 registró que su población era de 11824 personas distribuidas en 87 comunidades nativas (Base de datos de pueblos indígenas u originarios, Wampis[1]). El 62% de los nativos de esta región viven en la pobreza y la mitad en la extrema pobreza.

Los Awajún, antes llamados Aguaruna y/o Aents, residen en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Ucayali, en los ríos Alto Marañón, Nieva, Bajo Santiago, Cenepa, Potro, Yurapaga y Mayo. En el Censo de 2017 se contabilizó 488 comunidades y una población de 70,468 personas. Por ello representan el segundo grupo amazónico del país después de los Ashaninka, que llegan a 115,000 habitantes (Villasante 2019, La violencia política en la selva central).

El modo de vida de Wampís y Awajún es similar al de otros pueblos originarios amazónicos. Sus relaciones sociales se basan en los lazos de parentesco filiativo y por alianza matrimonial (que antes era poligámica); en la distinción entre actividades masculinas y femeninas; en las creencias ancestrales; y en la combinación de actividades económicas de subsistencia (caza, pesca, recolección) con actividades de trabajo asalariado (petroleras, empresas forestales, minería, peonaje agrícola).

Los Wampís y Awajún se han opuesto a las invasiones de sus territorios por empresas extractivas nacionales y extranjeras centradas en la explotación petrolera y maderera. Junto con los Achuar y con los colonos del Alto Marañón, organizaron paros nacionales en 2008 y en 2009. El 5 de junio de 2009 se produjeron graves incidentes entre los manifestantes y las fuerzas del orden en las localidades de Bagua (Amazonas) y en Utcubamba (Cajamarca) que produjeron 33 muertos (23 policías, 5 pobladores de Bagua y 5 nativos) (Defensoría del Pueblo 2010). Finalmente se derogaron cuatro decretos legislativos que dieron lugar a las protestas y en 2011 se promulgó la Ley de Consulta Previa. En 2015, se creó el Gobierno territorial autónomo de la nación wampís que reivindica las cuencas de los ríos Santiago y Morona (distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, y el distrito de Morona en la provincia de Datem del Marañón personas (Base de datos de pueblos indígenas u originarios, Awajún[2]).

Las denuncias de violaciones sexuales de niñas por profesores de escuelas de Condorcanqui

Las denuncias de violaciones sexuales de niñas wampís y awajún datan de inicios de los años 2000. La antropóloga Norma Fuller[3] considera que “en los últimos años se ha observado un alarmante incremento de las denuncias de violaciones sexuales a menores de edad que involucran directamente a los docentes de las escuelas rurales principalmente de las comunidades nativas de Condorcanqui y Bagua (Amazonas). Desde el año 2004, en la provincia de Bagua se viene abriendo procesos administrativos contra docentes por violación sexual en agravio de alumnas indígenas. En la misma época, se alertó sobre la expansión del VIH o Sida en las comunidades wampís y awajún (Flores 2020[4]).

Un documento de la UNESCO[5] reporta que diversas personas entrevistadas (docentes y estudiantes) informaron sobre actos de violencia sexual contra adolescentes en Villa Gonzalo y en Chiriaco. Se trata de adolescentes que, por estar internadas, se encuentran aisladas y desprotegidas. Algunos entrevistados explicaron que en general se procede a un arreglo comunal, es decir que se llega a un convenio económico entre el agresor y la familia de la víctima (2022: 15). El documento resalta el abandono y la falta de afecto que sufren las niñas que viven en los internados porque sus padres consideran que es lo mejor para ellas. Pero, en definitiva, los resultados son muy negativos, sobre todo el embarazo adolescente, que aparece como una consecuencia de la situación de desprotección de las niñas nativas (2022: 24).

En marzo de 2023, la lideresa de Condorcanqui Belinda Jima dio su testimonio sobre los abusos sexuales en las comunidades awajún y wampís en la III Escuela de Derechos de la Red Eclesial Panamazónica, destacando la impunidad que prevalece ante esos delitos.

“En nuestro territorio, ellas sufren violaciones y no pueden defenderse. Y cuando se dan esas violaciones, no saben a quién acudir, se sienten oprimidas y abandonadas porque no hay instituciones que atiendan sus casos con justicia. Cuando hay violaciones, la familia suele conversar con la autoridad para pactar un pago económico. Algunos padres de familia ante la violación de sus hijas entienden ese hecho como un negocio y, ante las autoridades de la comunidad, hacen un acuerdo con los abusadores. De ese modo, no se cumple la ley y las autoridades no cumplen con sus funciones.

Me preocupa que ese modo de tratar el abuso sexual sea la práctica común, la impunidad y la injusticia se están haciendo costumbre en las comunidades. Nuestras niñas violentadas sufren un daño irreparable ¿quién las acompaña? ¿quién busca justicia para ellas? Ellas han sufrido un trauma que nadie atiende y, peor aún, su familia se convierte en cómplice de la injusticia porque acuerda con el abusador; incluso algunos se escudan en que este modo de actuar son las costumbres del pueblo.

Los padres que quieren buscar justicia y quieren que los abusadores sean castigados salen de sus comunidades hacia la capital de la provincia sin contar con recursos para viajar (…) Ellos no encuentran en las instituciones del Estado un trato adecuado para sus niñas, no encuentran justicia (…) Pero seguimos luchando para que esta situación cambie, construyendo espacios de formación, luchando contra el machismo, empoderando a las mujeres, denunciando el maltrato y el rechazo del Estado.” (Querida Amazonía, 1ro de marzo de 2023[6]).

Belinda Jima sintetiza perfectamente la complejidad que caracteriza la violación de las niñas y adolescentes, y las responsabilidades compartidas de los padres, de la justicia comunitaria y de la justicia ordinaria en la impunidad de los agresores y en el sufrimiento de las víctimas. Con mucha valentía afirma también que siguen luchando para que se introduzcan cambios estructurales, y señala el peso del machismo y de la discriminación ordinaria del Estado hacia los nativos que presentan denuncias penales.

Por su parte, la dirigente Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de mujeres Awajún/Wampis, ha logrado hacer escuchar a todo el país el alto nivel de los delitos de violaciones sexuales perpetrados por docentes contra niñas y adolescentes entre 2010 y 2024. Ella presentó una denuncia ante la UGEL Condorcanqui del departamento de Amazonas de al menos 524 casos de violaciones sexuales de niñas y adolescentes de parte de sus propios profesores, en los distritos de Cenepa, Nieva, Santiago, Imaza, Datem y Nauta. Como si esto no fuera ya demasiado doloroso, en algunos centros educativos los docentes contagiaron a las niñas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y hay muchas adolescentes embarazadas y madres solteras con Sida (Infobae 13 de junio[7]).

Las denuncias oficiales no son recientes, un Informe de la Defensoría del Pueblo de 2015 sobre los internados de la Región de Amazonas y Loreto, alertaba sobre el alto nivel de pobreza de los escolares y de la explotación sexual que sufrían de parte de profesores para tener recursos de alimentación. Ello incrementó el Sida en la región, que llegó a concentrar 37,5% del total de casos de la Amazonía. En 2022 se alertó también sobre el aumento de casos de violencia sexual entre niñas y adolescentes (Wayka 17 de junio[8]).

Entre el 27 de mayo y el 1 de junio un equipo enviado por el ministerio de Educación a Condorcanqui se ocupó de corroborar las denuncias, y ese trabajo llevó a constatar que hubo 524 casos de violaciones por parte de docentes contratados (519) y nombrados (5). Hasta el 18 de junio, 112 profesores han sido destituidos , 4 han sido cesados y 82 fueron absueltos. Además 61 profesores no recibieron un proceso administrativo disciplinario; 194 casos han prescrito y 71 están pendientes de resolver. Según La República, 519 profesores siguen contratados e imparten clases. No obstante, luego de las denuncias recientes, los casos prescritos serán puestos en conocimiento del Ministerio Publico (Andina, 18 de junio[9]). Además, los docentes acusados serán bloqueados en los sistemas de recursos humanos del sector educativo para evitar que sean contratados o nombrados mientras se realizan las investigaciones judiciales (La República, 19 de junio[10]).

En vez de tomar en cuenta ese informe y evocar las sanciones penales que deben aplicarse, así como la protección urgente de las niñas agraviadas, el 13 de junio el ministro de Educación, Morgan Quero, y luego la ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Ángela Hernández, declararon en TV Perú que se trataba de “prácticas culturales” de los nativos de esta región. Esto es algo inaudito proviniendo de autoridades que tienen la obligación legal y moral de proteger a las poblaciones, sobre todo a los niños y niñas. Evocar la “cultura” en ese contexto equivale a justificar o a relativizar lo injustificable y a otorgar impunidad a los agresores. Las declaraciones de los dos ministros son vergonzosas y han sido ampliamente condenadas por los dirigentes de los pueblos originarios, por los defensores de los derechos humanos y culturales de esos pueblos (COICA[11], AIDESEP[12]), por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por políticos de varios partidos. El 18 de junio, la congresista Ruth Luque ha presentado una denuncia contra Morgan Quero y Angela Hernández por delito de discriminación e incitación a la discriminación ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos humanos e interculturalidad de Lima (Servindi, 20 de junio[13]).

El 20 de junio, Morgan Quero ha presentado sus disculpas a la vicepresidenta de la Organización regional de pueblos indígenas de Amazonas, Raquel Caicat, y dijo que reconocía su “error” al expresarse “de manera indebida e imprecisa en declaraciones inaceptables” al declarar “sobre las prácticas culturales de algunos pueblos originarios”. Raquel Caicat aceptó las disculpas “porque como seres humanos cometemos errores, y si el ministro pide disculpas [ello] es bien recibido, y como va a viajar a las comunidades de Condorcanqui va a poder dialogar con las autoridades de las comunidades y aportar la ayuda que se necesita.” (TV-Perú Noticias[14]).

Otras personalidades del pueblo wampís han respondido con mayor firmeza al ministro Quero. Por ejemplo, en un video subido a la red X, Lenina Tukupe ha denunciado que “el abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural”, y ha añadido que el Estado peruano no garantiza la protección de los niños nativos (La República 15 de junio[15]).

El 14 de junio, la lideresa Rosemary Pioc expuso la situación en el Foro Social Panamazónico en Bolivia, un espacio en defensa de la Amazonía y de quienes la habitan: “no es un cuento, tampoco una película, está sucediendo en nuestros territorios. Frente a estas violencias hemos denunciado, pero nunca hemos tenido respuesta de las autoridades, por eso ahora recurrimos a los medios de comunicación y a espacios como este foro. No vamos a parar hasta detener esta violencia.” De acuerdo con la lideresa, ni la justicia comunitaria nativa ni la justicia ordinaria han logrado detener las violaciones ni garantizar la justicia para las víctimas que a menudo abandonan sus estudios, se enferman, son inducidas a la aceptación de múltiples parejas sexuales a temprana edad o incluso llegan a suicidarse. Entre las exigencias formuladas, se pidió que el sistema legal sea reestructurado para que las víctimas de agresión sexual reciban atención eficaz. También se demanda cambios en los reglamentos internos de las comunidades para asegurar sanciones ejemplares y evitar arreglos entre las víctimas y los perpetradores, y que los presidentes comunales que no denuncien esos crímenes sean sancionados para garantizar protección y justicia para las víctimas (Querida Amazonía, 18 de junio[16]). Sabias palabras.

Reflexiones finales

• Este caso de violaciones sexuales masivas de niñas nativas que data de hace una veintena de años pero que recién sale a la luz a nivel nacional e internacional demuestra el drama constante en el que viven nuestros compatriotas Wampís y Awajún, atormentados por la exclusión, la discriminación, la pobreza, y la explotación laboral. Las interpretaciones absurdas aportadas por dos lamentables ministros del gobierno actual, Quero y Hernández, explicitan la reproducción y la banalización de ideologías racistas al más alto nivel de la administración estatal. Esperemos que las disculpas del ministro de Educación sean reales y que se lleven a cabo las mejoras sociales y educativas anunciadas.

• Debemos saludar que las lideresas wampís y awajún estén demostrando que enfrentan con valor y coraje el desafío de las violaciones sexuales de niñas y adolescentes por docentes, reconociendo con entereza que las responsabilidades provienen de las familias, de los dirigentes de las comunidades y del Estado. En efecto, los padres de las alumnas no son conscientes del estado de indefensión en el que deben vivir sus hijas en internados aislados, y además concilian con los violadores a cambio de dinero. Además, los dirigentes de las comunidades aceptan esos convenios vergonzosos que refuerzan la impunidad de los perpetradores. Las autoridades estatales son también responsables por la falta de medios disponibles en el sector de la justicia en toda la Amazonía, y los funcionarios locales son responsables del desdén y de la discriminación ordinaria que demuestran ante los nativos peruanos. Este trágico caso debe ayudar a visibilizar esta situación e introducir cambios substanciales rápidamente.

(*) Dra. en antropología, investigadora asociada al IDEHPUCP.

Foto de portada: La dirigente Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de mujeres Awajún/Wampis, Foro Social Panamazónico en Bolivia, 14 de junio de 2024 (Querida Amazonía).


[3] Norma Fuller, Relaciones de género en la sociedad awajún, CARE, 2009: 42.

[4] Maria Ximena Flores 2020, VIH/Sida awajún: nociones y experiencias de enfermedad y daño en un contexto de epidemia en la Amazonía peruana, Anthropologica Vol. 38, n° 44, http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92122020000100235

[8] Wayka, https ://wayka.pe/ninas-y-ninos-awajun-las-victimas-de-la-indiferencia-estatal-y-la-ausencia-de-recursos/