Por: Mario R. Cépeda Cáceres [1]
Los derechos humanos nacen del reconocimiento de la dignidad intrínseca de cada persona, planteando un horizonte común de desarrollo para todos y todas; el artículo primero de la Declaración Universidad de los Derechos Humanos señala que “[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros»[2]. La historia nos ha demostrado que, como sociedad, no podemos dar por sentadas verdades universales como esta; necesitamos trabajar permanentemente en su vigencia, combatiendo discursos de intolerancia y odio que buscan negar el reconocimiento a distintas colectividades. En ese sentido, los derechos humanos no son un verdad ya aprendida y un horizonte común ya construido, todo lo contrario, están en permanente elaboración. No basta con que estén escritos en declaraciones, código, normas y leyes, deben estar también inscritos en nuestros imaginarios y prácticas sociales.
La educación se constituye en una herramienta fundamental para esta labor de reflexión y transmisión de valores democráticos. Al respecto, el Programa mundial para la educación en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas señala que:
Una educación en derechos humanos eficaz no solo proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino que, además, desarrolla las competencias y aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. De ese modo, la educación en derechos humanos suscita comportamientos y prácticas que promueven los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad.[3]
De esta manera, la educación en derechos humanos permite garantizar una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de la diversidad en la que todos y todas puedan ejercer su libertad de manera plena, alcanzando el máximo de sus potencialidades.
En el Perú, este quehacer es recogido por el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, el cual “propone el lineamiento promoción de una cultura de derechos humanos y la paz a fin de promover acciones para la educación, formación, promoción y difusión de los derechos humanos que tengan por finalidad la interiorización de los derechos humanos y los deberes fundamentales en la sociedad en su conjunto”[4]. Para esto, resulta fundamental la articulación de los distintos sistemas de educación que conviven en nuestro país, desde la educación básica regular, hasta la educación superior universitaria y no universitaria, pasando por la formación de los servidores públicos, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la misma línea, el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 plantea la necesidad de introducir los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en todos los niveles de educación así como en todas las actividades educativas desarrolladas en el Perú[5].
Si bien la Ley N. 30220, Ley Universitaria no hace mención específica a los derechos humanos o la educación en derechos, si deja en claro en su artículo sexto que uno de los fines de las universidades en el país es “[c]olaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social”[6]. Por su lado, la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva sí reconoce como uno de sus enfoques transversales el enfoque basado en derechos y señala que este “[…] se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables”[7]. A esto debemos sumarle lo indicado en los Lineamientos para la implementación de la gestión de la responsabilidad social universitaria recientemente publicados por el Ministerio de Educación. En estos se reconoce como un principio fundamental la ciudadanía, la democracia y la participación y se indica que estas son prácticas por las cuales la persona se hace consciente de sus derechos y deberes hacia los demás como parte de una comunidad social y política plural[8].
«Es fundamental que se reconozca la necesidad imperante de formar a sus alumnos y alumnas en derechos humanos. Esta necesidad no debe plasmarse únicamente en sesiones de clases; se debe partir de concebir los derechos como una práctica constante en nuestras vidas»
Por lo tanto, podemos ver el rol fundamental que la educación tienen en la consolidación de la democracia. En ese sentido, en un país diverso pero desigual como el Perú la educación en derechos humanos no es solo una necesidad; también, un reto que todo docente requiere de atender de manera urgente. Las universidades no solo son un espacio de formación académica y profesional, son también espacios de formación ciudadana; muchos estudiantes encuentran sus primeras experiencias de participación política en las aulas, pasillos, jardines y plazas de los campus universitarios, sus primera vivencias democráticas en un país donde la democracia es aun precaria y está en permanente ataque. Es también en las universidades desde donde nacen las transformaciones que permiten avanzar en la construcción de una sociedad más justa; son los estudiantes ese motor que deben mantener vivas a las universidades, retando permanentemente a sus docentes y autoridades.
Independientemente del modelo de gestión universitaria que una institución de educación superior tenga, es fundamental que se reconozca la necesidad imperante de formar a sus alumnos y alumnas en derechos humanos. Esta necesidad no debe plasmarse únicamente en sesiones de clases; se debe partir de concebir los derechos como una práctica constante en nuestras vidas y, en ese sentido, estos se aprenden tanto dentro como fuera de las aulas. Incentivar la participación de los alumnos y alumnas, llamarlos a involucrarse en los asunto públicos de la comunidad universitaria y alentarlos a que se proyecten más allá de los campus de educación superior deben ser acciones que toda casa de estudios superior desarrolle.
Lamentablemente, en nuestro país la educación superior ha atravesado un proceso largo de descomposición que, en los últimos años, se ha tratado de revertir, enfrentándose a grandes intereses económicos y políticos. Por años, para muchas universidades la educación en derechos humanos no fue más que un discursos en syllabus, enfoques y políticas de gestión y no una práctica cotidiana de sus comunidades. El compromiso hacia los demás, la participación política y el reconocimiento de la diversidad han sido vistos como obstáculos y no como parte fundamental de la formación profesional y ciudadana de los y las universitarias. Esta situación debilita, sin lugar a dudas, nuestra relativamente joven e incipiente democracia, creando profesionales sin vocación ciudadana ni compromiso hacia los demás.
La educación en derechos humanos es pues un reto tanto dentro como fuera de las aulas que todo docente de educación superior debe estar dispuesto a abordar más allá de su especialidad. El Perú requiere, cada vez más, de ciudadanos comprometidos con su sociedad, que rompan con mitos y prácticas individualistas tan largamente enquistadas en nuestros sentidos comunes y apuesten por una sociedad mejor; la educación superior es una de las rutas que como colectividad tenemos para conseguir este cambio. La responsabilidad de este reto es compartida, docentes, autoridades, estudiantes y personal administrativo de las universidades tenemos algo que aportar y decir; si queremos construir una mejor sociedad para todos y todas, partamos de construir comunidades inclusivas, equitativas, seguras y diversas en las que todos seamos libres e iguales en dignidad y derechos.
