Lo que la CVR dijo sobre Sendero LuminosoLa guerra y la verdad
Por Salomón Lerner Febres (*)
En estos días se vuelve a poner sobre la escena pública el peligro que implica el resurgimiento de Sendero Luminoso —como si éste hubiera desparecido por completo del país— y se vuelve a responsabilizar de ello, de manera bastante tendenciosa, al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003). Ciertamente no es ninguna novedad que se ataque el trabajo realizado por la Comisión pues ya desde el inicio de sus tareas ésta fue vista con hostilidad por muchos de los que tuvieron poder político e incurrieron en serias responsabilidades en esa desdichada época. Cabe preguntarse si tales críticas se hubieran presentado de haber sido la Comisión constituida mediante un “arreglo” entre partidos políticos dejando de lado el aporte y el conocimiento de organizaciones que, cuando los políticos callaron o se pusieron de perfil, levantaron su voz contra la violencia. Esa es, en fin, una pregunta que seguramente quedará sin respuesta.
Cito por ejemplo, al congresista Mauricio Mulder, a quien recuerdo con estima como antiguo alumno, quien se refiere a la iniciativa individual de un ex miembro de la CVR para debatir con representantes de Sendero Luminoso, y afirma al respecto que “la ingenuidad de suponer que polemizando con un dogmatizado que no cree justamente en las palabras sino en la acción directa, esconde en realidad la indulgencia con la violencia cuando esta es revolucionaria, y ese criterio asoma en casi todas las páginas del famoso informe de la CVR¹”, (“Dialogar con Sendero”, El Comercio, 29 de junio de 2010, p. A5).
Frente a esas expresiones, resulta suficiente citar lo que señala el propio Informe Final de la CVR cuando condena la violencia de Sendero Luminoso y señala con claridad meridiana que el horizonte de la reconciliación no implica, en modo alguno, que se deba conceder algo a quienes fueron los principales causantes de la violencia en el Perú.
En efecto, la Comisión señala sin ningún atenuante que la responsabilidad por el inicio del conflicto armado interno y su duración recayó claramente en los miembros de Sendero Luminoso. Indicó que: “la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del PCP-SL de iniciar la lucha armada contra el Estado Peruano[1]” y que “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas[2]”. Quien se haya tomado el trabajo de leer al menos la versión abreviada del Informe debe reconocer —a menos que se halle animado de mala fe— que allí se relatan los múltiples hechos de violencia cometidos por los integrantes de Sendero Luminoso y se hace una condena clara y tajante de su ideología, a la que se describe como “de carácter fundamentalista, centrada en una rígida preconcepción del devenir histórico, encerrada en una visión únicamente estratégica de la acción política y, por tanto, reñida con todo valor humanitario[3]”.
La CVR también fue muy clara en señalar las responsabilidades de los partidos de la izquierda peruana. De hecho, se indica que “un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos tardío colocó a la mayoría de los partidos miembros de IU en una situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA[4]”. Si bien la CVR encontró que los partidos de izquierda no fueron organismos de fachada legal de Sendero Luminoso, sí indicó que varios de sus integrantes, al tiempo que gozaban de la democracia, la menospreciaban por su debilidad, lo que abría la posibilidad de justificar la “lucha armada”. Bien sabemos que al cabo de poco tiempo ya no se asumió tales puntos de vista y que esa inicial ambigüedad inicial fue un factor importante en la pérdida de unidad y fuerza electoral de la izquierda peruana.
Una vez más, no resulta vano subrayar algo que algunos, interesadamente, pretenden ignorar u olvidar. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue clara y tajante sobre la imposibilidad de diálogo con Sendero Luminoso. Las razones fueron y son obvias: no es posible dialogar con quienes practican la sordera y recitan de manera autista “dogmas” en los que la política desaparece para convertirse en fomento del terror y la muerte. Por ello en el Tomo IX del Informe Final, dedicado a la reconciliación, se indica que “mientras que el PCP-SL no haga un reconocimiento público de su renuncia a la violencia como método de su accionar político, está manifestando que su propuesta de reconciliación no está fundada en el interés de la sociedad y de la nación, sino que sigue anclada en sus intereses de grupo camuflando provisionalmente su verdadera estrategia criminal. El PCP-SL ha convertido a la violencia y el terror en parte indesligable de su existencia, y por ello la renuncia que se exigiría a dichos métodos significaría en el fondo solicitarle al PCP-SL que se niegue a sí mismo[5]”, concluyendo que “el PCP-SL se ha puesto fuera de la ley y de la construcción democrática del país[6]”.
De lo anterior queda, pues, absolutamente claro que frente al pedido de amnistía que reclama Sendero Luminoso —y, con él, algunos actores políticos y militares condenados por crímenes de lesa humanidad— lo dicho por la Comisión admite sólo una lectura. En el año 2003 la Comisión afirmó: “Respecto de la amnistía, sólo cabe señalar que los miembros del PCP-SL han sido condenados por la justicia por sus crímenes. Cualquier pretensión de aplicar una política de amnesia, olvido o amnistía por parte del Estado en su beneficio vulnera el principio de la justicia. El planteamiento del “borrón y cuenta nueva” respecto de los crímenes cometidos no es posible para nadie. El principio de la reconciliación se funda en la justicia y no en la impunidad. De ese modo, no sólo los militantes del PCP-SL deben pagar por sus crímenes, sino todo aquel que los ha cometido. Nadie está por encima de la justicia y nadie tiene licencia para torturar o asesinar a aquél que está en situación de indefensión. La reconciliación exige, en este caso concreto, que el senderismo pague por sus crímenes”
No es posible pues diálogo alguno con Sendero Luminoso. Queda asimismo descartada la amnistía. En lugar de todo ello, lo que el Perú espera es que en actitud inteligente los dirigentes y partidos políticos tengan mayor presencia en todo el país y se comprometan con la ley y la justicia en la solución de nuestros múltiples problemas. Esa sería la manera más clara de decir “no” al fanatismo y también de renunciar de un modo honesto y transparente a aprovecharse de la minoritaria presencia de remanentes de Sendero Luminoso —vinculados algunos con el narcotráfico— para, con fines electorales, intentar el retorno a una ignominiosa década de corrupción.
Para finalizar, es útil mencionar una vez más que nuestro trabajo jamás estuvo orientado al menoscabo de las fuerzas armadas y policiales. Por el contrario, la Comisión expresó su reconocimiento a la “esforzada y sacrificada labor que realizaron durante los años de violencia[7]” —y rindió homenaje a los caídos que cumplieron con su deber respetando la Constitución y los derechos humanos de los peruanos. Sin embargo, una Comisión de la Verdad honesta no podía dejar de mencionar que existieron agentes del Estado que violaron los derechos humanos y que “en ciertos lugares y momentos del conflicto” tales violaciones no fuero simplemente “excesos” sino que fueron condenables “prácticas generalizadas y/o sistemáticas[8]”. Valores éticos superiores reclaman que frente a estos casos la justicia actúe con prontitud: para esclarecer la situación legal de los procesados; para otorgar justicia a las víctimas y para separar, de una vez por todas, a quienes cometieron delitos de quienes fueron valientes patriotas. Ninguna acción o iniciativa o maniobra que propicie la impunidad contribuirá a este propósito.
Acabaré recordando el papel que el diario El Comercio cumplió frente a este tema cuando se hizo público el Informe Final. Citemos lo que su actual editor general de Opinión mencionó a la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación, a modo de autocrítica por el papel que cumplió dicho diario frente a lo ocurrido entre 1980 y 2000: “Cometimos el error de aceptar y hasta respaldar las leyes antiterroristas de emergencia. La pequeña historia que ha transcurrido después de eso, nos demuestra que el remedio fue peor que la enfermedad. Hoy nos cuesta mucho modificar nuestra línea editorial y reconocer que nos equivocamos. Ahí es donde se juntó lo emocional con la falta de capacidad de hacer análisis a futuro […]. Debemos entender que sí tenemos un poder muy grande y que ese poder sólo se justifica cuando no es para beneficio propio. No vamos a despegarnos de tres principios rectores, la ética profesional, la convicción de una construcción de la democracia permanente que no puede aceptar ninguna solución que vaya, por mucho que las circunstancias así lo pidan, contra los principios realmente democráticos. La lección es clara, lo hacemos y nos traicionamos. Finalmente, tampoco podemos hacer un ejercicio del periodismo desvinculado de la defensa de los derechos humanos[9]”. Esas palabras son tributarias de principios más amplios que nunca deberían ser abandonados al vaivén de la contingencia y de la menuda actualidad política.
(*) Rector emérito de la PUCP y presidente del IDEHPUCP.Descargar artículo de Caretas en PDF
[1] COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, Informe Final, Conclusión General 12.
[2] Ibíd., Conclusión General 13.
[3] Ibíd., Conclusión General 16.
[4] Ibíd., Conclusión General 108.
[5] COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, Informe Final, Tomo IX, Lima, CVR, 2003, p. 44.
[6] Ibíd., p. 45.
[7] COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, Informe Final, Conclusión General 53.
[8] Ibíd., Conclusión General 54.
[9] COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION, Informe Final, Tomo III, Lima, CVR, 2003, p. 500.
