Por Luis E. Quispe Candia (*)
El cuestionamiento del contrato de concesión de los peajes suscrito entre la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima SAC se intensifica riesgosamente en los últimos años. La desinformación que reina entre los ciudadanos, así como las especulaciones y el antagonismo interesado entre los políticos, están a punto de incendiar la pradera. Son los peajes de la discordia que, enervando su importancia para la mejora de la infraestructura vial, mediante las asociaciones público-privadas, no pueden separar la propuesta de la Constitución, que garantiza la óptima conservación y mejores servicios en las vías, de las acciones vergonzosas y delictivas de los perjuros funcionarios corruptos.
El alcalde de Lima levantó como una bandera de su campaña el resolver el contrato de concesión de peajes entre la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima SAC señalando como argumento de fondo que “el contrato desde su origen es nulo, por ser corrupto, puesto que quien suscribió en ese entonces, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, reconoció públicamente haber recibido coima de la empresa Odebrecht”. Ya en el sillón de la alcaldía convocó a sus mejores asesores y reafirmó cumplir su promesa, iniciando diversas acciones legales en Lima y el extranjero. Recibió el apoyo del alcalde de Puente Piedra y Ancón, y de la población del norte de Lima. Al argumento inicial se sumaron otros, como que “no han hecho ninguna obra”, “afecta a la gente más pobre del norte y sur de Lima”, y que “el defensor del Pueblo afirma que los peajes atentan el derecho fundamental del libre tránsito”. La prensa, sus voceros, columnistas y otras fuentes de opinión defienden posiciones encontradas. Unos aplauden al alcalde López Aliaga y otros defienden el respeto a la Constitución, las inversiones y la estabilidad jurídica, por lo que son tildados de ser favorables a la corrupción.
La Municipalidad de Lima como concedente y la empresa Rutas de Lima SAC como concesionaria suscriben el 9 de enero de 2013 el contrato de concesión por treinta años, por un tramo total de 115 km de carretera que comprende la Panamericana sur desde Pucusana hasta el intercambio vial de Javier Prado; por el este, desde la vía de Evitamiento, la existente autopista Ramiro Prialé y una nueva autopista de 20 Km. entre la Av. Las Torres (Huachipa) y se une a la Carretera Central, pasando Chosica (Puente Los Ángeles). Este es el tramo más abandonado. Hacia el norte el contrato cubre desde el puente Habich en San Martín de Porres, la Panamericana norte hasta Ancón. No es verdad que la empresa “no haya hecho ninguna obra” en el tramo de la Panamericana norte; quienes circulan por ese tramo pueden observar el retorno en Puente Chillón, el paso a desnivel de Los Alisos, el intercambio vial a Desnivel 25 de Enero, y el intercambio vial a desnivel Naranjal. Pero, por otro lado, falta concluir otras obras importantes como el intercambio vial Canta Callao en la Panamericana norte.
El párrafo 10.11 del contrato de concesión está referido a la forma, periodo y el monto del reajuste del precio del peaje, aplicando una fórmula en la que se considera la inflación anual y el cambio de la cotización del dólar. El contrato dice textualmente: “todos los peajes antes referidos serán reajustados ordinariamente todos los 10 de enero de cada año calendario utilizando la misma fórmula”. En ello se ampara la empresa para reajustar el peaje de S/ 3.50 a los S/ 6.50 actuales. El anuncio de Rutas de Lima de que elevará el costo del peaje a partir del 30 de enero a S/ 7.50 ha sido la gota que rebalsó el vaso.
El alcalde Rafael López-Aliaga abriga la esperanza de que la demanda de habeas corpus presentada por un ciudadano, y que llegó al Tribunal Constitucional, sea declarada fundada para anular el contrato tantas veces aludido. Los abogados conocemos los alcances de los procesos constitucionales, por lo que es predecible, tal como lo adelantó el Dr. Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, en un informe de parte, por encargo de Rutas de Lima, que el habeas corpus resulte no ser el camino idóneo. En medio de la tormenta, al ser consultado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, reafirmó el respeto a los contratos ley, y ofreció “una especie de subsidio al peaje”, echando así más leña al fuego, a lo que se sumó también la congresista Roselli Amuruz Dulanto, quien presentó una acción de amparo contra Rutas de Lima, solicitando suspender el cobro del peaje.
Faltaban cinco días para el alza del peaje, estaban las condiciones para un incendio de la pradera de impredecibles consecuencias cuando, sorpresivamente, el juez Juan Varillas Solano, del 7.° Juzgado Civil-Comercial de Lima, en mérito a la demanda contra la Municipalidad de Lima y la empresa Rutas de Lima SAC, el 25 de enero pasado, dispuso una medida cautelar ordenando a la empresa concesionaria suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón de la Panamericana norte, dándose cumplimiento el 30 de enero, atendiendo la demanda de la Asociación Casa Huerta El Paraíso (Puente Piedra).
El problema no ha terminado. El concedente y la concesionaria renuncian, en el contrato que suscriben, a deliberar sobre sus divergencias en el Órgano Jurisdiccional y se someten al fuero privado, el tribunal arbitral. La Municipalidad de Lima debería convocar cuantas veces sea necesario, esgrimiendo sus mejores argumentos, para modificar o perfeccionar el contrato mediante adendas, lograr el cambio de la fórmula de reajuste anual del peaje o cualquier otra cláusula del contrato que considere lesiva a los intereses de los usuarios y la Municipalidad. El contrato ley es favorable para el desarrollo del país y no podrá ser resuelto en forma unilateral, ni tampoco debe intervenir el Congreso de la República ni el Órgano Jurisdiccional (Art.62 de la CPP). Todos debemos el respeto a la Constitución, pero también es indispensable que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan las funciones que les otorgan la Constitución y las leyes y sancionen severamente a los altos funcionarios corruptos involucrados.
(*) Abogado y presidente de Luz Ámbar
