Por Juan Takehara (*)
Conversamos con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en Perú, sobre la situación de los derechos humanos en el país y nos enfocamos en particular en la situación de niños, niñas, mujeres, migrantes y otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
En lo que va del año, ¿qué casos relacionados a violaciones de derechos humanos han seguido de cerca?
Desde Amnistía Internacional seguimos la Ley 904 aprobada por el Congreso, que atenta contra el derecho de estudiantes a recibir educación de calidad con un enfoque de derechos humanos, enfoque de género y con educación sexual integral. Además, seguimos alertando y haciendo campañas e incidencia por el incremento de indicadores de violencia contra las mujeres en Perú, lo cual puede se expresa en las cifras de mujeres reportadas como desaparecidas, el número de niñas forzadas a ser madres o los feminicidios. También nos preocupa que defender el medioambiente sea un ejercicio letal en Perú como lo muestra la cifra de 14 defensores asesinados en los últimos dos años. Vemos que los defensores siguen siendo amenazados y que las medidas de protección son insuficientes. Pedimos por ello que se fortalezca el marco de protección y que se apruebe el Acuerdo de Escazú, que es clave para ello. En pandemia se evidenció también la precariedad del sistema de salud peruano, por lo que pedimos que se cumpla el derecho universal a la salud, sin discriminación de ningún tipo. Por último, nos preocupa la situación de las personas refugiadas y migrantes, las trabas para la regularización, la falta de acceso al sistema de salud, las expulsiones y los mensajes xenófobos por parte de las autoridades.
Durante la pandemia, el sector salud se vio desbordado por las necesidades de la población. ¿Cuáles fueron sus observaciones y qué recomiendan a futuros gobiernos?
Perú, con 202.741 personas fallecidas a causa del Covid, ha sido el país del mundo con mayor número de muertes por millón de habitantes. Esta situación no ha sido fruto del azar, sino de unas políticas que durante décadas han dejado desprotegidos los derechos económicos sociales y culturales de muchas personas y que además exacerbaban un sistema desigual y discriminatorio de acceso a los mismos. La salud pública ha tenido una muy baja inversión y un gasto deficiente, en un país como el nuestro muy desigual y cuyo sistema fiscal no contribuye a disminuir la inequidad. Por todo ello, recomendamos, un mayor incremento de la inversión en salud pública hasta llegar al 6%, del PIB, una mayor inversión en seguridad social, en especial en los grupos más vulnerables y asegurar políticas fiscales redistributivas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad de grupos históricamente marginados como las mujeres, la población indígena y afrodescendiente, los niños y niñas, las personas con discapacidad y la población LGBTI+
«Vemos discursos populistas, cargados de xenofobia y discriminación, en lo que, por ejemplo, se vincula a la migración con la delincuencia, lo cual no tiene sustento en las cifras.»
En los últimos meses se radicalizó el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales, ¿qué reacciones políticas esperan?
Advertimos sobre el uso indebido de los estados de emergencia en Perú, que lamentablemente siguen aumentando a lo largo de todo el país. Por otro lado, continuamos exigiendo la derogación de la Ley de protección policial, la misma que sigue vigente desde 2020 y que deja una puerta abierta a la impunidad policial. Además, nos preocupa la impunidad relativa al uso excesivo de la fuerza, lo cual puede verse, por ejemplo, en que, tras casi dos años de las protestas de noviembre de 2020, aun los familiares de los jóvenes fallecidos no acceden a justicia. Lamentablemente continuamos observando uso excesivo de la fuerza: muertes y heridos por el mal uso de bombas lacrimógenas o el uso de perdigones disparados a la cabeza. Esperamos un uso adecuado de los estados de emergencia que respondan realmente a situaciones excepcionales y que no se utilicen de manera desproporcionada ni sistemática. Asimismo, es importante que los responsables de los fallecidos y heridos por el uso excesivo de la fuerza sean llevados ante la justicia, de manera que no haya impunidad en estos casos.
También se amplificó los discursos de violencia y de exclusión desde distintos grupos políticos, ¿cómo reducir el actual escenario de enfrentamientos?
Hemos registrado discursos antiderechos desde las mismas autoridades y en tiempos de campañas electorales vemos que se incrementan. Vemos discursos populistas, cargados de xenofobia y discriminación, en lo que, por ejemplo, se vincula a la migración con la delincuencia, lo cual no tiene sustento en las cifras. Eso es sumamente peligroso porque abona el clima de violencia hacia personas refugiadas y migrantes. El rol de los medios de comunicación es muy importante para informar con la verdad, contrastando fuentes, sin reproducir estereotipos o mitos sobre la migración.
Recientemente denunciaron la expulsión de 29 mujeres en Piura y lo definieron como un error del Estado. ¿Cómo se está enfrentando procedimientos de este tipo?
Lamentablemente vemos un incremento de la criminalización de la migración. Es realmente lamentable que a pesar de que hay un proceso de regularización abierto, algunas autoridades migratorias insistan en expulsar a personas que llevan varios años viviendo en el Perú por el simple hecho de que sus papeles han caducado o porque no puedan pagar unas multas de miles de soles para regularizar su situación. Incluso vemos con preocupación que estas expulsiones se hacen sin comprobar que dichas personas no sean especialmente vulnerables como solicitantes de refugio, víctimas de trata o de violencia de género, que tengan a niños o niñas a su cargo en el Perú, enfermedades graves, etc.
(*) Integrante del Área de Comunicaciones.
