Por Paola Miranda Cerna (*)
La deserción escolar es un problema que impacta directamente en el presente y futuro de miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) en el Perú y el mundo. Más allá de ser una estadística preocupante, la deserción tiene consecuencias a nivel individual y social. Una de las más alarmantes, pero no la única, es su relación con el incremento de la delincuencia juvenil. Por ello, la presente nota señala algunas cifras de la deserción escolar, su relación con la delincuencia juvenil, la respuesta del Estado y qué estrategias pueden implementarse para prevenir este fenómeno.
Cifras sobre la deserción escolar en Perú
La deserción escolar no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples factores interrelacionados que afectan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Antes de la pandemia, la deserción escolar ya era uno de los principales desafíos educativos que afrontaba el país y que se vio agravado en 2020 con el cierre prolongado de las escuelas. Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) a julio de 2020 la tasa de deserción en primaria aumentó del 1,3 % al 3,5 %, lo que equivale a más de 128 mil estudiantes que abandonaron sus estudios, mientras que en secundaria aumentó del 3,5 % al 4 %, afectando a aproximadamente 102 mil estudiantes; siendo un total de 230 mil estudiantes fuera del sistema. Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares reveló que, hacia finales de ese año, el 75.2 % de los estudiantes que abandonaron la escuela lo hicieron por dificultades económicas, mientras que un 12.3 % lo atribuyó a problemas familiares[1].
Por su parte, los datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa del MINEDU identificaron que la transición de primaria a secundaria marca un primer punto crítico en el abandono escolar, aunque el mayor abandono ocurre específicamente en tercer grado de secundaria. Al comparar las tasas de deserción en zonas urbanas y en zonas rurales, se evidencia que en estas últimas la deserción es el doble que en las primeras. Además, al considerar la variable de género, se observa que las mujeres en áreas rurales representan el grupo con mayor índice de deserción, manteniéndose esta tendencia incluso durante la pandemia[2].
En una de las más recientes supervisiones realizada en más de 7,500 escuelas públicas de primaria entre 2022 y 2023, la Defensoría del Pueblo[3] reveló que más de 46.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo, mientras que más de 35 mil fueron diagnosticados con anemia y más de 18 mil carecen de documento de identidad. Estos hallazgos son alarmantes, ya que la anemia afecta directamente el rendimiento académico en el 66.3 % de los casos, y la desnutrición infantil es un factor determinante en la deserción escolar, contribuyendo al 43.3 % de los abandonos.
La deserción escolar, uno de los factores de riesgo que influye en la delincuencia juvenil
La delincuencia juvenil ha aumentado en los últimos años en la región y nuestro país no ha sido la excepción[4]. Diversos estudios han identificado factores de riesgo que influyen en la delincuencia juvenil, destacando principalmente aquellos relacionados con el entorno familiar, donde la violencia, la falta de supervisión y la situación económica juegan un papel determinante. Además, las condiciones del entorno y la vinculación con grupos de pares involucrados en actividades delictivas representan un riesgo significativo, ya que fomentan el aprendizaje y la motivación hacia el crimen. Desde una perspectiva individual, se ha señalado que problemas psicológicos en la infancia y el consumo de drogas a temprana edad son factores que incrementan el riesgo de involucrarse en la delincuencia. En el ámbito escolar, el bajo desempeño académico y la deserción inciden en la propensión a conductas delictivas[5].
En nuestro país durante el 2019, 723 NNA fueron retenidos por actividades delictivas, y aunque la cifra disminuyó en 2021 a 408 casos, en 2023 volvió a aumentar a 642. Según el último censo de adolescentes en centros juveniles (2023), los principales factores de riesgo que motivan la comisión de delitos en NNA coinciden en gran parte con los señalados previamente: la violencia familiar, la exposición a entornos violentos, la influencia de familiares vinculados al crimen, el consumo de drogas y la deserción escolar[6]. Sobre esto último, debemos dejar claro que la deserción escolar no es un factor determinante para que una NNA se involucre en actividades delictivas. Sin embargo, los estudios indican que NNA que dejan la escuela sin tener competencias básicas o sin finalizar su educación tienen un riesgo considerablemente mayor de involucrarse en conductas delictivas[7].
Según datos del Escuadrón Verde del Callao, en los primeros cuatro meses del 2024 186 menores fueron retenidos en dicha región por delitos graves como robo, tenencia ilegal de armas, venta al menudeo de drogas y sicariato[8]. Casos como el de Jhair, un adolescente de 17 años encontrado en posesión de drogas y armas, reflejan cómo la deserción escolar puede convertirse en un paso previo a la criminalidad. La influencia de su entorno, la ausencia de oportunidades y la normalización de la violencia lo llevaron a formar parte de una organización delictiva.
Frente a la problemática de deserción escolar y delincuencia juvenil, el Estado ha implementado diversas estrategias, aunque con resultados dispares. En 2021 en respuesta al riesgo de deserción escolar en el contexto de la pandemia, el MINEDU aprobó el Protocolo de atención a estudiantes en riesgo de deserción escolar[9] que consideró acciones en tres niveles: a nivel de aula[10], de instituciones educativas[11] y a nivel de las Unidades de Gestión Educativas[12]. Ese mismo año, se aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030[13] establece en su Objetivo Prioritario Nº 2 el aumento de las tasas de conclusión en primaria al 100% y en secundaria al 81.8% y, a su vez, incluye lineamientos orientados a implementar mecanismos para la reinserción de las/los estudiantes con extraedad[14] y retraso escolar, medidas para la reducción de factores de riesgo conducentes al consumo de drogas y desarrollar estrategias para asegurar el tránsito entre niveles de educación.
En contraposición, en noviembre de 2024, el Congreso aprobó en segunda votación una reforma legal[15] que establece la imputabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, con el objetivo de frenar el incremento de la criminalidad juvenil y sancionar con mayor severidad a los jóvenes infractores[16]. Sin embargo, criminalizar a los adolescentes sin abordar las causas subyacentes del problema ya señaladas como la deserción escolar, la anemia y la violencia estructural, es una respuesta simplista e ineficaz que, lejos de rehabilitarlos, podría consolidar su vinculación con el crimen organizado[17].
En ese sentido, para abordar la deserción escolar y su impacto en la delincuencia juvenil de manera efectiva, se requieren estrategias integrales en donde NNA sean el centro de las políticas y decisiones del Estado en su conjunto. Esto implica, en primer lugar, el fortalecimiento del sistema y la gestión educativa, garantizando que todas las escuelas cuenten con los recursos adecuados para brindar una educación de calidad y tengan sus protocolos activados en los casos de deserción. Es fundamental asegurar la alimentación saludable en los centros educativos, ya que la desnutrición y la anemia afectan directamente el rendimiento académico y pueden ser factores que contribuyen al abandono escolar.
Asimismo, es clave mejorar y reforzar el acompañamiento psicopedagógico dentro de las aulas, implementando programas de orientación y apoyo emocional que permitan a los estudiantes enfrentar situaciones de violencia familiar, estrés o ansiedad, factores que muchas veces influyen en su permanencia en el sistema educativo. También es necesario elaborar programas de reinserción dirigidos a estudiantes que han abandonado la escuela, brindándoles oportunidades para retomar sus estudios y acceder a formación técnica y laboral, con el fin de que puedan desarrollar habilidades para el empleo y construir un proyecto de vida alejado de la criminalidad.
Por otro lado, es esencial desarrollar estrategias comunitarias que fortalezcan el entorno social de los NNA, promoviendo la participación de las familias, las organizaciones locales y las comunidades en su educación. La implementación de actividades extracurriculares que fomenten el arte, el deporte y la cultura es una herramienta clave para la prevención y el desarrollo integral de los adolescentes, ya que les brinda espacios seguros de aprendizaje, expresión y recreación, alejándolos de entornos de riesgo y proporcionándoles alternativas para su crecimiento personal y social.
Finalmente, para que estas estrategias sean efectivas, se requiere un compromiso intersectorial y sostenido que articule esfuerzos principalmente entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los gobiernos locales y la sociedad civil. Solo a través de un enfoque coordinado y basado en derechos se podrá tener cifras exactas para reducir la deserción escolar y prevenir la delincuencia juvenil, garantizando que todos los NNA tengan acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar de sus comunidades.
(*) Consultora del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[1] Plan International (2021). Conoce las alarmantes cifras sobre la educación de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
[2] Lavado, P. y Wyatt, E. (2024). Evaluación de la implementación de la Transferencia a la Alta Secundaria (TAS) del Programa JUNTOS sobre resultados en educación. Nota metodológica. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Banco Mundial.
[3] Defensoría del Pueblo (2024). Defensoría del Pueblo exhorta al ejecutivo a implementar trabajo conjunto contra la deserción y la anemia escolar. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-exhorta-al-ejecutivo-a-implementar-trabajo-conjunto-contra-la-desercion-y-la-anemia-escolar/
[4] Véase los estudios en Delito y prosperidad: Una paradoja latinoamericana. Análisis Político, 34(102), 3-22. https://doi.org/10.15446/anpol.v34n102.99929
[5] Benites, S.; Zorrila, N. & Tito, K. (2024). «Perfiles en delincuencia juvenil: Factores asociados y contrastantes en los tipos de delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley». Politai: Revista de Ciencia Política, Año 15, N.º 25: pp. 53-77. DOI:https://doi.org/10.18800/politai.202402.003
[6] Pacheco, C. (2024). Adolescfentes en prisión. Apuntes sobre el proyecto de ley para atribuir responsabilidad penal a los adolescentes. https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/adolescentes-en-prision-apuntes-sobre-el-proyecto-de-ley-para-atribuir-responsabilidad-penal-a-adolescentes-2/
[7] Barrios, A. y Hasbún, C. (2024). Deserción escolar y delincuencia juvenil: prevenir para proteger. En BiBioChile.
[8] Diario La República (2024). Menores dejan el colegio y se unen a bandas en el callo. https://larepublica.pe/sociedad/2024/05/05/menores-dejan-el-colegio-y-se-unen-a-bandas-en-el-callao-violencia-juvenil-drogas-pnp-62728
[9] MINEDU (2021). Protocolo de atención a estudiantes en riesgo de deserción escolar.
[10] Las medidas incluyen que el tutor/a contacte a la familia, se identifique la problemática, se llegue a un acuerdo y se realice un seguimiento del mismo.
[11] Las medidas incluyen establecer contacto con la familia, reestablecer el contacto entre el tutor/a y la familia, y hacer seguimiento del acuerdo.
[12] Las medidas se activan cuando la IE no ha podido tener contacto con la familia y debe desarrollar una estrategia que contemple acciones a nivel territorial como los Puntos de Encuentro.
[13] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2021). Decreto Supremo Nº 008-2021-MIMP.
[14] Se considera extraedad cuando un estudiante tiene dos o tres años más de la edad promedio para su grado.
[15] Luego de la aprobación, el proyecto fue observado por un grupo de parlamentarios y aún se encuentra pendiente de aprobación en el Pleno.
[16] Centro de Noticias del Congreso (2024). Adolescentes de 16 y 17 años podrán ser imputables por delitos graves.
[17] Mayor información sobre el proyecto y sus repercusiones: https://cdn01.pucp.education/idehpucp/images/2024/09/informe-sobre-los-derechos-de-la-ninez.pdf
