Por Antonio Zúñiga Romero (*)
Los primeros años de la década de 1990 significaron en el país la derrota de Sendero Luminoso, el inicio del autoritarismo, el colapso del sistema de partidos, la estabilización económica y el neoliberalismo. Posteriormente, desde el año 2000, siguieron más de 20 años de democracia (precaria) acompañados de crecimiento económico. Actualmente, nos encontramos frente a una nueva coyuntura crítica marcada ahora por la desaceleración del crecimiento económico, la extrema fragmentación electoral, la inestabilidad política, la represión ante las protestas sociales y el aumento de la inseguridad ciudadana.
La frágil democracia peruana se ha precarizado aún más. Según el índice de las democracias realizado por The Economist[1], ya no tenemos una democracia sino un régimen híbrido. En el presente artículo nos enfocamos en los usos y efectos de la memoria del conflicto armado, principalmente en la asociación con el terrorismo, por parte de los sectores dominantes al referirse a las protestas sociales y la inseguridad ciudadana.
Con respecto a las protestas sociales en contra del gobierno, una de las estrategias del ejecutivo fue la práctica del terruqueo para desacreditar a los ciudadanos que participaban de las movilizaciones. Los sectores empresariales reforzaron este estigma; por ejemplo, el representante del CADE Ejecutivo señalaba que la percepción en el sector privado era que buena parte de la violencia fue generada por los rezagos de Sendero Luminoso[2]. Además, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo, indicaba que los que lideraban las protestas sociales eran jóvenes peruanos que retornaban de Irán[3].
Si bien esta asociación con el terrorismo ha sido un discurso (y práctica) utilizado frecuentemente por los sectores hegemónicos, esto no ha permeado en las posiciones frente a la protesta de la mayoría de la sociedad. La mayor parte de la ciudadanía considera que se justifican las protestas en contra del gobierno[4] y están de acuerdo con los siguientes reclamos: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso, convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente[5]. Asimismo, el 80% considera que hubo violaciones a los derechos humanos durante las protestas[6]. Por tanto, la asociación entre la protesta social y el terrorismo no logró instalarse de manera predominante en el imaginario colectivo.
Por otro lado, la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país desde hace varios años. El 75% de la población, según la encuesta nacional citada, refiere sentirse algo o muy inseguro en su barrio[7]. Se ha buscado también vincular este problema con el terrorismo, y ha calado un poco más ese discurso en la sociedad. En el Congreso, hubo un proyecto de ley para tipificar a la delincuencia como “terrorismo urbano”. Y, ante el asedio de las organizaciones criminales, el 88% está de acuerdo en crear un GEIN (fue el grupo especial de inteligencia que capturó a Abimael Guzmán y la cúpula senderista) para luchar contra la delincuencia[8]. Adicionalmente, el 60% señala que estaría de acuerdo en apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas[9].
Sin embargo, un condicionante para la aplicación de este tipo de medidas es el desprestigio de las fuerzas del orden. El 70% confía poco o nada en la policía y el 50% opina lo mismo sobre las FFAA[10]. Asimismo, con datos del Latinobarómetro del 2010, Maldonado et al. (2019)[11] refieren que en el Perú los que tienen una mayor preocupación por un ataque terrorista tienen una inclinación hacia ejecutivos “fuertes” pero una menor aceptación a que la Policía incumpla la ley para enfrentar a la criminalidad.
A la memoria hegemónica sobre el conflicto armado se la había denominado memoria de salvación, y esta ha sufrido cierto resquebrajamiento, sin que ello signifique necesariamente que ha aumentado una memoria democrática. Esta memoria de salvación era la del fujimorismo, una memoria según la cual las fuerzas del orden y el ejecutivo eran los héroes de la pacificación. Actualmente hay una mayor fragmentación de las memorias. Esto se debe, por un lado, al aumento del desprestigio del fujimorismo (aunque sigue siendo una fuerza política relevante dentro de la fragmentación política peruana) y, de otro lado, a que han aparecido las voces de más actores del conflicto armado. Por este motivo, a pesar de que las élites buscan reavivar los miedos bajo la amenaza del terrorismo, este mecanismo ya no tiene el mismo efecto que años anteriores. El terruqueo va perdiendo efectividad.
(*) Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública en la PUCP.
[1] https://www.economist.com/graphic-detail/2023/02/01/the-worlds-most-and-least-democratic-countries-in-2022
[2] Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=gDZ5Ii7YJ3M
[3] Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=UAKH9ONXpRs
[4] Encuesta IEP enero 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-II-2023-completo-v2.pdf
[5]Encuesta IEP enero 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-II-2023-completo-v2.pdf
[6] Encuesta IEP mayo 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/Informe-IEP-OP-Mayo-2023-Informe-completo.pdf
[7] Encuesta IEP abril 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/Informe-IEP-OP-Abril-2023.pdf
[8] Encuesta IPSOS octubre 2023: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/Encuesta%20Per%C3%BA%2021-%20Ipsos%20%20-Octubre%202023%20%28segunda%20entrega%29.pdf
[9] Encuesta IEP septiembre 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/09/IEP-Informe-de-Opinion-Septiembre-2023-completo.pdf
[10] Encuesta IEP abril 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/05/Informe-IEP-OP-Abril-2023.pdf
[11] Maldonado, A., Merolla, J. L. & Zechmeister, E. J. (2019). Public opinion, violence, the specter of violence, and democracy in contemporary Peru. En: Politics after violence: Legacies of the Shining Path conflict in Peru (pp. 250-284). University of Texas Press.
