Por Miriam Tovar y Nicolás Silva[1]
El 22 de agosto de 1984, en la zona de Pucayacu, en el departamento de Huancavelica, el periodista Carlos Valdez Medina hizo pública la existencia de cuatro fosas comunes en la zona, basándose en el testimonio de un testigo presencial del entierro de los cadáveres por parte de miembros de la Marina de Guerra del Perú. En las fosas fueron hallados cincuenta cuerpos, algunos de ellos de personas desaparecidas en las provincias de Huanta y La Mar, en Ayacucho[2]. Los cuerpos mostraban claros signos de tortura y lesiones, lo que evidenciaba la brutalidad con la que habían sido ejecutados extrajudicialmente[3].
Con la promulgación del estado de emergencia en la provincia de Huanta, en enero de 1983, la Marina asumió la responsabilidad de luchar contra la subversión en la zona, representada por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)[4]. Sin embargo, lejos de garantizar la seguridad en el territorio, el impresionante despliegue militar por parte de la infantería de la Marina se tradujo en una serie de violaciones contra los derechos humanos, tales como detenciones y ejecuciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y desapariciones forzadas[5]. La estigmatización de los campesinos desarmados de las comunidades locales, bajo la sospecha de ser subversivos, los hizo víctimas de los peores tratos por parte del Comando Político Militar de Huanta y la Mar, bajo el control del capitán Álvaro Artaza, conocido como “Comandante Camión”. Algunas de las víctimas fueron enterradas en las fosas de Pucayacu[6].
Tras el descubrimiento de la fosa dado a conocer por Carlos Valdez, se transmitió la información a la Fiscalía de la Nación, que envió una comisión con la finalidad de identificar la zona y participar en el levantamiento de los cadáveres[7]. Al día siguiente, con las autoridades correspondientes, se inició la excavación, pero solo se logró identificar a uno de los fallecidos. Asimismo, se encontraron alrededor de las fosas dieciséis casquillos de bala, prendas de vestir y la libreta militar de Cirilo Barboza Sánchez, desaparecido el 15 de agosto del mismo año a manos de personal de la Marina[8].
Elaboración propia. Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación – Anexo Estadístico (2003)[9].
De acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el descubrimiento de las Fosas de Pucayacu es parte de un historial mayor de violaciones a los derechos humanos en la sierra sur del país, caracterizado por la impunidad hacia los perpetradores.
Durante el conflicto armado interno, en el departamento de Ayacucho, las provincias de La Mar y Huanta registraron la mayor cantidad de víctimas por parte de agentes del Estado, con un total de 951 y 761 personas, respectivamente. Las fuerzas del orden fueron partícipes de la violencia política contra las poblaciones locales, quienes en búsqueda de supuesta protección fueron víctimas de los peores abusos, como se evidencia en el presente caso.
El hallazgo de las Fosas de Pucayacu no sólo reveló la magnitud de las atrocidades cometidas en la región, sino que también permitió vincular estos actos con otros casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, como el de Tenorio Roca, ocurrido también en 1984. Al igual que muchos de los cuerpos encontrados en Pucayacu, la víctima de este caso fue detenida arbitrariamente, sometida a tortura, y finalmente ejecutada extrajudicialmente por las fuerzas del orden bajo el control militar de la zona. La conexión entre ambos casos radica en la misma metodología de represión y ocultamiento empleada por los militares, donde las desapariciones forzadas, es decir, la negativa a reconocer la detención y paradero de las víctimas fueron prácticas recurrentes. Este patrón de conducta evidencia un contexto más amplio de violencia e impunidad, en el cual las fosas de Pucayacu y el caso de Tenorio Roca son solo dos ejemplos trágicos.
El caso de Tenorio Roca revela un patrón de desapariciones forzadas masivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reconocido que en este caso se cumplen los elementos constitutivos de la desaparición forzada, tales como: i) la privación de la libertad, ii) la intervención directa de agentes estatales, y iii) la negativa a reconocer la detención y el paradero de las víctimas. Además, la Corte IDH ha subrayado que lo sucedido con el señor Tenorio Roca no fue un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de un contexto generalizado[10] de desapariciones forzadas ejecutadas por las fuerzas del orden en la provincia de Huanta. En estos casos, los familiares de las víctimas enfrentaron enormes dificultades para conocer el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia.
El descubrimiento de las fosas en Pucayacu generó en los familiares de las víctimas la esperanza de que se estableciera la responsabilidad penal de los militares que operaban en esa zona, declarada en estado de emergencia en ese momento. De manera similar, en el caso de Tenorio Roca, ocurrido en Ayacucho, su esposa, quien fue testigo de su detención a manos de los militares, enfrentó las contradicciones de los mismos: primero negaron haberlo detenido y luego admitieron lo contrario. Esto llevó a la esposa a creer que su testimonio, junto con la desaparición de su esposo, resultaría en el procesamiento de los militares destacados en la zona. Sin embargo, en ambos casos, no solo se argumentó que estos crímenes debían ser juzgados por la justicia militar bajo la premisa de delitos en función, sino que finalmente se decretó el sobreseimiento de los casos o se aplicó la Ley N° 26479, ley de amnistía, lo que dejó estos crímenes en la impunidad. La Corte IDH consideró esto una violación a las garantías judiciales, especialmente a la garantía del juez natural y concluyó que la existencia de una ley de amnistía en el Perú incumple el deber del Estado de adecuar su legislación interna a las normas internacionales.
Además de lo anterior, es importante señalar que el caso de Tenorio Roca es emblemático de las desapariciones ocurridas en 1984, no solo por haber llegado a la Corte IDH, sino también por evidenciar las graves fallas del sistema judicial peruano en garantizar justicia y verdad. Este caso, que involucró la detención arbitraria y desaparición de un ciudadano a manos de militares, se convirtió en un símbolo de lucha de los familiares de las víctimas, quienes han enfrentado un proceso tortuoso y prolongado que ha afectado gravemente su integridad personal. A pesar de las evidencias y testimonios, nunca se conoció la totalidad de la verdad sobre lo sucedido. Hasta el día de hoy los familiares continúan buscando justicia y el paradero de sus seres queridos. El Estado peruano aún tiene un deber pendiente con los familiares de las víctimas de desaparición forzada.
Las heridas abiertas por la memoria de un pasado irresuelto, resuenan en el 40 aniversario del hallazgo de las fosas de Pucayacu y la aún pendiente reparación de Tenorio Roca. Ambos casos no solo representan el dolor de las familias que siguen buscando respuestas, sino también la carga de una sociedad que no ha cerrado las cicatrices del conflicto armado interno. La impunidad y el silencio que han perdurado durante décadas demuestran cómo la justicia ha sido esquiva para quienes más la necesitan; sin embargo, nos recuerda que la lucha por la verdad y la justicia no tiene fecha de caducidad. La memoria, lejos de ser un simple archivo del pasado, es un acto de resistencia y de defensa de los derechos humanos en el presente.
[1] Por Miriam Tovar Parada, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP, y Nicolás Silva Andújar, estudiante de noveno ciclo y miembro del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP.
[2] Para mayor información sobre los desaparecidos en Ayacucho véase el siguiente link: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.11.%20PUCAYACU.pdf
[3] Para mayor información: https://www.aprodeh.org.pe/caso-huanta-84/
[4]Detalles sobre el hallazgo de las Fosas de Pucayacu: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.11.%20PUCAYACU.pdf
[5] Para mayor detalle: https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/informe_final_cvr_tomo_vii.pdf
[6] Para mayor detalle del ubigeo del caso Pucayacu: https://lum.cultura.pe/cdi/video/caso-pucayacu
[7]Para mayor información: https://lum.cultura.pe/cdi/periodico/fiscal-entrega-juez-expediente-sobre-matanza-de-50-en-pucayacu
[8]Para más información sobre casos investigados por la CVR: https://summa.cejil.org/entity/syy5sbxetaepdxz5uqc15rk9?page=25&file=1518121900444qq88nedk0m2bljja80d4pldi.pdf
[9] Para mayor información estadística vease el siguiente link: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/zip/AESTADISTICO/ANEXO%20ESTAD%CDSTICO.zip
[10] Véase mayor información en el siguiente link: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_314_esp.pdf párr. 153.
