Por Cesar Contreras Soria (*)
Una amplia recopilación de estudios sobre la minería en el Perú señala que aún no existen resultados concluyentes para afirmar los beneficios locales de la explotación de los recursos mineros (Manrique y Sanborn, 2021). En este escenario urge la necesidad de repensar múltiples alternativas para fomentar un mejor aprovechamiento de los recursos mineros que sea beneficioso en términos económicos y ambientales. Una alternativa poco estudiada que podría cumplir con lo anterior es la Mesa de Diálogo (MD).
Según la Defensoría del Pueblo, las MD son espacios donde negocian de forma directa o mediada distintas entidades como el Estado, organizaciones sociales, empresas y otros que sean convocados. Es pertinente mencionar que la convocatoria de las MD puede realizarla cualquier entidad. Por lo general las MD son instauradas para regular una situación de conflictividad social, lo cual está relacionado a las industrias extractivas. Del total de conflictos en proceso de diálogo en junio del 2017, 57 (85%) conflictos son del tipo socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2017).
La relevancia de las MD es la posibilidad de negociar los acuerdos en un espacio teóricamente equitativo y proactivo para todas las entidades involucradas. Sin embargo, aún no se cuenta con una ruta única o un procedimiento estandarizado para lograr un diálogo eficaz. Así, por ejemplo, en una de las reuniones de la MD de Espinar la Defensoría del Pueblo (2021:12) señala que “…observamos que las actas una vez firmadas no tienen un curso cierto y transparente. No está definida con nitidez la responsabilidad de la entidad llamada a cumplir los compromisos, ni existe un procedimiento estatal que lo garantice. No se ha institucionalizado jurídicamente el contenido de los acuerdos.”.
A pesar de la limitación anterior, es elogiable la cantidad de compromisos (proyectos de inversión y actividades) que surgen de las MD. PCM (2023) menciona que existen 1297 compromisos de las entidades involucradas en los procesos de diálogo hasta mayo del 2023. 6 de cada 10 compromisos corresponden al Gobierno Nacional, lo restante se divide en la misma proporción entre los Gobiernos Regionales, Locales, Empresas y otras entidades. En el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda ocupa el primer lugar con un 30% de los proyectos de inversión y 12% de las actividades. En segundo lugar, continúa el Ministerio de Agricultura con 22% de los proyectos de inversión y 18% de las actividades. En tercer lugar, se encuentra el Ministerio de Educación con 20% de los proyectos de inversión y 5% de las actividades. Los demás ministerios no alcanzan niveles tan altos como los ministerios anteriormente mencionados.
Sin embargo, un número elevado de compromisos no significa que necesariamente estos se estén ejecutando. Montoya et al. (2022) es uno de los pocos estudios que analizan el impacto de las MD en el presupuesto público de los gobiernos locales. Se enfatiza que no se cuenta con el universo de MD, pero es posible obtener tres resultados robustos. Primero, se evidencia que las MD permiten reactivar proyectos de inversión que habían sido paralizados o bloqueados en años previos. Segundo, no necesariamente las MD impactan en los presupuestos públicos, debido a que no todos los proyectos de inversión se logran concretar. Tercero, para las MD que tienen proyectos de inversión ejecutados, se muestra un efecto de corto plazo (alrededor de dos años) en el presupuesto público y se concentra principalmente en infraestructura de transporte.
En un contexto donde los conflictos socioambientales aún continúan desarrollándose, las MD se muestran como una alternativa de contención. Es necesario continuar explorando si las MD también pueden servir como un mecanismo institucional para direccionar el presupuesto público y, por ende, lograr un desarrollo económico y sostenible. Un buen primer paso sería la sistematización de buenas prácticas de las MD para lograr una ruta o un conjunto de rutas que permita concretar más proyectos de inversión y actividades. En consecuencia, se podría monitorear los compromisos establecidos en las MD y los potenciales resultados.
(*) Magíster en Economía, docente PUCP y colabora en investigaciones en Carleton University e Instituto de Estudios Peruanos.
Referencias:
Defensoría del Pueblo (2021). Conflictos Sociales y Cumplimiento de Acuerdos. Serie Informes Defensoriales N.º 187-2021-DP. Lima: Defensoría del Pueblo del Perú.
Defensoría del Pueblo (2017). Reporte sobre el diálogo: Estado actual de la participación de la Defensoría del Pueblo en espacios de diálogo en conflictos sociales a junio de 2017. Lima: Defensoría del Pueblo del Perú.
Manrique, H. & Sanborn, C. (2021). La minería en el Perú: balance y perspectivas de cinco décadas de investigación. Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico.
Montoya, A., Contreras, C., Orihuela, J. C. & Wiñay, S. (2022). Mesas de Diálogo, Inversión Pública y Desarrollo Local. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social.
PCM (2023). Diálogo continuo para soluciones consensuadas y búsqueda del desarrollo territorial. Willaqniki, 2.
