Escribe: Analí Briceño (*)
En el país la cantidad de migrantes y refugiados se ha incrementado de manera acelerada y constante en los últimos cinco años. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hay 1,29 millones de ciudadanos venezolanos en Perú. Actualmente, esta cifra supera al número total de habitantes de ciudades como Arequipa o Trujillo, las ciudades más grandes después de Lima y Callao. Esto nos debe hacer reflexionar sobre cómo se está integrando a estas personas, cuales son las políticas públicas que se han considerado o qué tipo de sociedad buscamos ser: ¿una sociedad de espaldas a la nueva realidad o un con los brazos dispuestos a acoger al forastero?
En estos años, se ha pasado de ser un país de emigrantes a uno de recepción de personas en movilidad. Por ello, se han tomado diferentes medidas para dar una respuesta a este evento social. En un primer momento estás medidas lindaban con la solidaridad y hospitalidad para acoger a una población que estaba saliendo de su país por la crisis política, económica y social. Se creó una figura legal para que pudieran permanecer de manera formal y con posibilidades de ser contratados de manera regular, lo que se conoció como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Además, se realizaron más de medio millón de solicitudes de refugio, lo que es un hecho atípico en el mundo, solo comparable en contextos de guerras como Siria o Afganistán.
Sin embargo, este escenario ha ido cambiando con la imposición de medidas restrictivas para el ingreso de la población venezolana y se ha agudizado con el rechazo social por un cargamontón mediático que culpa, sin fundamentos ni datos, a la migración venezolana del incremento de la delincuencia común. En el último año han proliferado una serie de Proyectos de Ley presentados a la legislatura nacional con un claro mensaje de rechazo y discriminación a las personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana, por parte de diversas agrupaciones políticas.
En Perú la percepción de miedo ha tenido un incremento dentro de la sociedad de acogida, pese a que no existe evidencia real de que la migración, regular o irregular, se encuentre asociada a delitos o crímenes.
El pasado 10 de agosto, en rueda de prensa, el Premier anunció un proyecto de ley que busca la expulsión de los ciudadanos extranjeros que se encuentren irregularmente en el país o que hubieran incurrido en conductas al margen de la ley. El proyecto modifica el Decreto Legislativo 1350, Ley de Migraciones, y amplía de manera poco racional los motivos para expulsar a los extranjeros. Las causales para la expulsión van desde encontrarse con armas de fuego o explosivos sin autorización hasta el no tener la dosis de vacuna completa contra el Covid-19, pues estarían incumpliendo las normas sanitarias contra la pandemia establecidas por el Gobierno.
En esa misma línea, se observa con preocupación la presentación de más proyectos de ley, que buscan una relación entre la migración y la inseguridad ciudadana, a pesar de varios estudios de instituciones reconocidas y legítimas que no encuentran un vínculo entre ambos fenómenos. Un artículo publicado por la Universidad del Pacífico en 2020 advierte que “la criminalización de la inmigración es un proceso de construcción social de la idea del inmigrante como una amenaza para la seguridad”. La segunda advertencia es que en Perú la percepción de miedo ha tenido un incremento dentro de la sociedad de acogida, pese a que no existe evidencia real de que la migración, regular o irregular, se encuentre asociada a delitos o crímenes.
El Estado peruano ha asumido entre sus tareas integrar al migrante y garantizar la protección de esta población, promover la satisfacción de sus necesidades básicas sin importar su situación migratoria, con especial énfasis en quienes reúnan condiciones de vulnerabilidad. A pesar de la misión de integrar a la población extranjera, con un total de 16 Proyectos de Ley contra este grupo, presentados entre la anterior y actual legislatura, la situación de regresión de derechos y criminalización de la migración se vuelve inminente.
Estigmatizar a los y las migrantes viola derechos constitucionales, derechos y necesidades humanas, explícitamente reconocidas en el texto base de la convivencia social, y minimiza las razones de la movilidad de poblaciones como la venezolana que obedece a diversos motivos, principalmente, a una crisis humanitaria inédita en la región.
Hagamos del Perú un país más solidario para los migrantes.
(*) Coordinadora de la Clínica Jurídica de Atención a Solicitantes de Refugio y Refugiados de la UARM y Encuentros – SJS.