El proyecto de secuestrar al Ministerio Público y de ponerlo al servicio de la coalición en el poder sigue adelante y parece que nos acercamos al asalto definitivo. El ataque a esa institución, que es uno de los últimos espacios de institucionalidad democrática que van quedando, se personifica en estos días en la fiscal suprema Delia Espinoza, a quien corresponde el puesto de Fiscal de la Nación, posición en la cual, como se sabe, ha sido encumbrado Tomás Gálvez, investigado por sus vínculos con la organización Cuellos Blancos del Puerto.
La decisión de anular a la fiscal Espinoza como un obstáculo para la captura definitiva del Ministerio Público parece inexorable. Ese ataque, que es también un acto de venganza, está siendo ejecutado por la coalición en dos escenarios, como para estar seguros de no fallar esta vez. Un escenario es el Congreso de la República; el otro es el Tribunal Constitucional, cuya mayoría suele plegarse a los deseos y proyectos del Congreso.
La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado, como se sabe, el dictamen que inhabilita por diez años a la fiscal Espinoza para el ejercicio de la función pública. El cargo formulado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales es tan arbitrario y endeble —desacatar mediante una resolución una ley que sustrae funciones al Ministerio Público para cedérselas a la Policía— que resulta evidente que se trata únicamente de un pretexto para ejecutar una venganza y deshacerse definitivamente de un obstáculo. Detrás de esto se encuentran, entre diversas motivaciones, la resistencia que opuso la fiscal Espinoza a la recaptura del Ministerio Público por Patricia Benavides, quien había sido removida del cargo de Fiscal de la Nación por graves cargos, pero que fue devuelta al papel de fiscal por agentes de la coalición en el poder.
De otro lado, el Tribunal Constitucional ha decidido negar validez al fallo judicial que ordena la restitución de la fiscal Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación, lo que significaría la salida de ese cargo de Tomás Gálvez. Está implícita en esa decisión del TC la convalidación de una decisión de la Junta Nacional de Justicia —otro órgano tomado por la coalición— mediante un uso cuestionable de sus atribuciones.
Se trata, como se ve, de una auténtica conjura contra el Estado de Derecho y de una maniobra múltiple para capturar una institución todavía incómoda para el Congreso a pesar de las leyes que este ha dado para proteger intereses turbios frente a investigaciones que en varios casos comprometen a miembros de la coalición o a sus clientelas. No se trata, como se quiere hacer creer, de una pugna entre bandos ni mucho menos entre personas. Es una pugna entre el Estado de Derecho y sus enemigos, entre el orden democrático y el autoritarismo coludido con la corrupción.
