Para la abogada Gloria Cano, representante de APRODEH, esta situación significa una afectación del derecho a la justicia de miles de víctimas y sus familiares. Peor aún, varios casos que han sido cerrados provisionalmente corren el riesgo de ser archivados definitivamente. Dentro del millar de casos archivados se encuentran varios que han merecido un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de su procesamiento en sede nacional.
Según la Defensoría del Pueblo, esta alarmante situación tiene como factor central a la negativa del Ministerio de Defensa para entregar información sobre los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia. Asimismo, desde este organismo estatal se indica que el subsistema especializado judicial carece de una estrategia para enfrentar tantos casos de alta complejidad, así como una adecuada capacitación de los magistrados para hacer frente a un problema de esta magnitud.
