Peirano indicó que la base de datos no se publicará para no crear expectativas o problemas para la aplicación de este mecanismo. Sin embargo, el ministro reconoció que esta decisión podría generar desconfianza en las comunidades campesinas quechuas. Cada una de las consultas se desarrollará dependiendo de cada caso específico y si existe una comunidad que podría ser afectada, a partir de los criterios señalados en la guía metodológica.
La Ley de Consulta Previa fue aprobada al inicio del gobierno de Ollanta Humala, a fin de facilitar los procesos de inversión en el país, respetando los derechos de las comunidades indígenas. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado proceso alguno, debido a las demoras existentes en el Estado para su aplicación.
