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Opinión 18 de septiembre de 2024

María Eugenia Ulfe (*)

Tras 31 años de búsqueda solo encontraron el codo de Armando. Este fue recuperado de unas fosas clandestinas camino a Cieneguilla. El año pasado Armando, o su codo, fue enterrado junto a Dora, Bertila, Marcelino y Felipe.

Javier tenía ocho años en 1991, cuando fue asesinado. Con él fueron asesinadas otras catorce personas “en el primer homicidio múltiple contra ciudadanos civiles en el contexto de acentuación de la violencia política en los centros urbanos” (Informe final de la CVR).  El grupo Colina, que actuó entre 1991 y 1992, dejó casi cincuenta personas asesinadas y desaparecidas.

Armando fue uno de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, secuestrados, desaparecidos y asesinados en julio de 1992.  Cuando se hallaron las fosas clandestinas en Cieneguilla el 8 de julio de 1993, Raida Cóndor, madre de Armando, encontró las llaves del casillero de su hijo en la residencia universitaria donde también estaban las de su casa.

Después de cerrar el Congreso el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori concentró el poder del Estado. Las investigaciones sobre lo que les había sucedido a Javier y a Armando tardaron muchos años porque, al estar el Poder Judicial bajo control del gobierno, los casos fueron constantemente obstaculizados –la espera, bajo la fórmula de la justicia lenta, como ejercicio de dominación del Estado y la desidia como expresión de desinterés absoluto. Pero a la búsqueda valiente y persistente de justicia de los familiares hay que sumarle la investigación científica rigurosa: ciencia y verdad se abren paso de forma conjunta[1]

El 7 de abril de 2009 se leyó la sentencia a Alberto Fujimori. Este fue un hecho histórico. A Alberto Fujimori se lo condenó a 25 años de cárcel y el pago de una reparación económica por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Fue hallado autor mediato de dos crímenes llevadas a cabo por el destacamento Colina: la matanza en Barrios Altos donde fue asesinado Javier, y la de La Cantuta, donde asesinaron a Armando. Un niño, un estudiante y muchas familias destruidas en el camino que no tuvieron paz ni justicia. 

El indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017, supuestamente por razones médicas, fue un intento más de copamiento del lenguaje de la memoria[2] como parte de la larga pugna por la impunidad que lleva a cabo un sector político, pugna que hoy vemos tristemente reflejada en la Ley 32107. En el 2018 Martín Vizcarra rechazó la ley que le permitía a Fujimori cumplir prisión domiciliaria y regresó a la cárcel. En diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional ratificó la validez del indulto de 2017 y ordenó su liberación. 

Las obligaciones internacionales sobre derechos humanos son mandatos de responsabilidad que asumen soberanamente los Estados para salvaguardar la convivencia en libertad y con justicia de sus ciudadanos y ciudadanas.  Se los teme, se los denuesta, se insulta a quienes los reclaman y a quienes luchan por un mundo más justo y equitativo. Fujimori falleció en casa de su hija, con los suyos, algo tan básico y humano, pero negado a quienes mandó desaparecer y asesinar. Como dice Carmen Rosa, hermana de Armando, “las y los familiares seguiremos construyendo la historia del país, con luchas por justicia y contra la impunidad; con verdades escritas en sentencias judiciales. No hay odio sino exigencia de derechos. La memoria colectiva es una forma de lograr justicia”. Las memorias individuales y colectivas son las que escriben esta historia y los hechos que las refrendan. El “quién grita más” puede amedrentar, pero no borrar lo sucedido. La muerte no santifica. Las pugnas por la memoria siguen y la verdad, así sea tarde, siempre se abre paso. El ingeniero Fujimori ya no podrá embaucar groseramente a quienes le creyeron y fueron traicionados por él, ni inventar cuentos como los del bacalao o las vírgenes que lloran para desviar la atención pública de a las atrocidades y la corrupción de su gobierno. No hay odio. Hay memoria.

(*) Profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales PUCP