Por Mariella Villasante (*) y Claudio Alaya (**)
En agosto de 2024, Javier Pacheco Palacios, exProcurador General del Estado (2023-2024), hombre de confianza de la presidenta Boluarte, fue nombrado director de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD). Desde entonces, se estuvo reorganizando esta entidad con el fin explícito de desmontar todos los avances realizados desde su creación en 2019[1]; logros reconocidos por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED-ONU, 8 de mayo de 2019[2]). Sabemos, en efecto, que el gobierno actual ha empezado a atacar directamente la memoria y la justicia humanitaria con el apoyo del Congreso, lo cual tiene consecuencias nefastas para los familiares de los desaparecidos y para todos los peruanos que defendemos el estado de derecho.
Entre esos ataques citemos en particular la directiva que modificaba la regulación de la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante la guerra interna, imponiendo el plazo de 18 meses a la búsqueda de estas personas. Este hecho fue criticado duramente por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, el cual señaló que el proyecto de directiva no cumplía con los estándares internacionales relacionados a la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que establecer plazos a esta tarea no se condice con el carácter continuado del delito de desaparición forzada, el cual solo concluye cuando se determina la suerte y el paradero de la persona desaparecida (Carta del GTDFI, ONU, 17 de febrero de 2025[3]).
Además, la Asociación de familiares de secuestrados, detenidos y desaparecidos del Perú (ANFASEP) envió una carta a Javier Pacheco exigiendo que “se respete la Ley 30470 que tiene un enfoque humanitario y no establece fechas de inicio y de cierre” (La República, 18 de diciembre de 2024[4]). En junio de 2025, la ANFASEP presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo cuestionando la nueva directiva de la DGPD (ANFASEP, Instagram, 22 de junio de 2025[5]).
En febrero de 2025, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) publicó un informe que cuestiona “el impacto de la Ley N° 32107 en la investigación y judicialización de casos de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, así como exponer otras medidas que ponen en riesgo la garantía de justicia, verdad y reparación para las víctimas.” En ese informe la Coordinadora critica a la DGBPD y a “la nueva directiva interna” que impone “plazos arbitrarios para la culminación de los procesos de búsqueda”. En junio, la CNDDHH exigió mediante un pronunciamiento la salida del director de la DGBPD y el respeto a los derechos de los familiares.
Hasta julio de 2025, las investigaciones de la DGBPD estaban paralizada; los investigadores estaban dedicados a llenar formularios y organizar expedientes de casos concluidos. Esta situación absurda ha sido cuestionada con energía por las organizaciones de familiares de las víctimas de la guerra interna, y por todas las instancias de defensa de los derechos humanos, de la memoria y de la justicia posconflicto.
Finalmente, Javier Pacheco ha sido retirado del cargo que tuvo durante 11 meses y la antropóloga Katherine Valenzuela Jiménez ha sido nombrada directora de la DGBPD. Podemos esperar que con este cambio se retomen las tareas de búsqueda de personas desaparecidas y se descarte enteramente el proyecto de directiva que la anterior gestión quiso imponer.
En esta nota proponemos un breve balance de los graves errores cometidos durante la nefasta gestión de Javier Pacheco y saludamos su exclusión definitiva, así como el nombramiento de Katherine Valenzuela, exsecretaria de la CNAM, en esa dirección.
Breve balance de la gestión de Javier Pacheco en la DGBPD
El tema que ha suscitado las mayores críticas es la directiva para recortar el plazo de búsqueda de los restos mortales de las personas desaparecidas, que, de acuerdo con la ONU, no prescribe nunca, del mismo modo que no prescriben los crímenes de lesa humanidad, como pretende el Estado peruano mediante la Ley 32107 promulgada el 7 de agosto de 2024 y que ya ha sido desacreditada por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Nota del Comité, 30 de octubre de 2024[6]).
Tengamos presente que, hasta el 27 de noviembre de 2023, existen 22,551 registros de personas desaparecidas en el RENADE-DGBPD (Reporte estadístico, RENADE n°4[7]).
Es importante señalar que el 21 de febrero de 2025 la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) realizó el VI Seminario Internacional Proceso de búsqueda de personas desaparecidas en América Latina: el cambio paradigmático con enfoque humanitario, garantizando el derecho a la verdad, un título que parecía sugerir un modelo inédito de gestión para la búsqueda de personas desaparecidas, superando así toda la experiencia forense de más de treinta años en la región. Sin embargo, la realidad nunca estuvo más lejos de la pretensión, pues en el evento apenas se presentaron los principales contenidos de una propuesta de directiva para regular la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. Para ese día, sin embargo, ya se había conocido que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, había remitido a la DGBPD una opinión muy crítica sobre dicho documento, señalando expresamente que varios aspectos del mismo no cumplían con los estándares internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas (Carta del GTDFI, ONU, 17 de febrero de 2025[8]). Dicho cuestionamiento terminó desluciendo la presentación.
La postura crítica respecto a esa directiva fue ganando adhesiones con el correr de los meses, pues la hicieron suya el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, y el propio equipo de investigación de la DGBPD. Pese a que todos los actores relacionados con las tareas de búsqueda manifestaron su rotunda oposición al proyecto de directiva, el anterior director de la DGBPD insistió hasta el final de su gestión en la bondad de su propuesta. En ello seguía, evidentemente, consignas del gobierno actual que acepta las demandas de los grupos más extremistas del Congreso, preocupados por negar la historia de la guerra interna y por obtener la impunidad para los militares y policías. Como sabemos, esta última demanda ha sido concretada con la Ley de amnistía aprobada por el Congreso el 9 de julio, que beneficiaría a 900 agentes del orden (Ojo Público, 11 de julio[9]).Valeria Reyes ha abordado el tema de «la agenda estatal antijusticia» en una nota reciente (Boletín del IDEHPUCP, 15 de julio[10].
• El 7 de julio de 2025, el viceministro de Derechos Humanos, Walther Javier Iberos Guevara solicitó su renuncia a Javier Pacheco, quien la presentó el 8 de julio. Recordemos que Pacheco ya había renunciado al cargo de Procurador General del Estado en mayo de 2024, luego que el Ministerio de Justicia decidiera reponer a la abogada María Caruajulca en el cargo de Procuradora General del Estado (Infobae, 23 de mayo de 2024[11]). En abril de 2024, Pacheco había sido acusado de favorecer a Katia Portugal en procesos de licitaciones del Estado. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos abrió una investigación (Limagris.com, 24 de abril de 2023[12]). Pacheco está acusado de negociación incompatible en agravio del Estado, la Corte Suprema de Justicia ha formalizado la investigación preparatoria el 26 de mayo de 2025.
Habiendo concluido una gestión de once meses podemos preguntarnos si Javier Pacheco ¿Marcó alguna diferencia respecto a todo lo que se había hecho en los años anteriores en esta entidad? ¿Logró mejorar el desempeño en materia de búsqueda? ¿Cuál es su legado?
Por desgracia, ninguna de estas preguntas tiene una respuesta positiva. Su principal objetivo –la aprobación de la directiva comentada– ha quedado totalmente descartado. En forma simultánea a este fallido proyecto, la gestión fue desmontando poco a poco las tareas de búsqueda. Desde enero de este año, el equipo de investigación dejó de realizar investigaciones humanitarias, se descartaron las salidas de campo para entrevistar familiares o registrar sitios de entierro, y apenas se tomaron muestras biológicas a familiares para fortalecer el Banco de Datos Genéticos. En una palabra, la Dirección de Búsqueda dejó de buscar. Es cierto que, mientras tanto, continuó el apoyo al Ministerio Público para que continuaran las exhumaciones y las ceremonias de entrega de restos óseos. En todos los casos, se trató de casos investigados en años anteriores, pues, como se ha dicho, ninguna investigación nueva se inició durante este año. Esta situación fue cuestionada por los familiares de personas desaparecidas que demandaron, sin éxito, que se retomara la búsqueda.
En este escenario, el equipo de investigación quedó reducido a la burocrática tarea de organizar expedientes de casos restituidos en el pasado. El propósito era reunir la documentación que permitiera elaborar y entregar respuestas a los familiares, algo que, según lo manifestado por Pacheco, ni la DGBPD ni alguna otra institución del Estado en su conjunto habían hecho en más de veinte años de labores de búsqueda de las personas desaparecidas. De este modo y de un plumazo, quedaron reducidas a cero los más de 3,400 casos resueltos tanto por el Ministerio Público como por la DGBPD desde el año 2003 en adelante. Sin embargo, en los once meses de gestión de Pacheco apenas se logró entregar once de estas “respuestas”, un pobrísimo resultado.
Asimismo, la gestión de Pacheco quebró los vínculos de colaboración con el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y como se ha dicho anteriormente, generó también un paulatino distanciamiento de las organizaciones de familiares y los organismos defensores de derechos humanos, que cuestionaron una gestión que no solo no tenía resultados que exhibir, sino que además condujo las relaciones interinstitucionales con prepotencia y arrogancia.
Considerando todos estos elementos, queda claro que Javier Pacheco no promovió ningún “cambio paradigmático” en la DGBPD, sino que las decisiones de su gestión intentaron desmontar lo que se había avanzado en materia de búsqueda.
Reflexiones finales
• El nombramiento de la antropóloga Katherine Valenzuela Jiménez (UNMSM) es un cambio importante y esperanzador. Ella ha sido secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, y asistente de investigación del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Centro Internacional para la Justicia Transicional y del Instituto de Estudios Peruanos.
• Una tarea inmediata es realizar una planificación de urgencia que intente recuperar un año en el que se ha perdido demasiado tiempo sin investigar. En forma simultánea, es conveniente realizar una evaluación del trabajo realizado por el equipo de la DGBPD en los años que viene laborando —tanto en la sede de Lima como en las oficinas de Ayacucho, Huancayo y Huánuco—para identificar las mejoras que se deben introducir para realizar un trabajo más eficiente y con mejores resultados que los obtenidos hasta la fecha.
• Evidentemente, la evaluación debe realizarse con las organizaciones de familiares, organismos de defensa de los derechos humanos y otros actores relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo, instancia de coordinación y diálogo, cuya reactivación ha sido insistentemente solicitada por los familiares, parece ser el espacio más adecuado para realizar esta tarea ardua y urgente. Se trata de defender los derechos a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas durante la guerra interna peruana.
(*) Antropóloga (EHESS), investigadora asociada al IDEHPUCP.
(**) Sociólogo, investigador independiente.
[1] Véase Villasante, Villasante 2020, Los avances en la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra interna en Satipo. El caso de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo, Revista Ideele, https://www.revistaideele.com/2023/01/10/los-avances-en-la-busqueda-de-personas-desaparecidas-durante-la-guerra-interna-en-satipo-el-caso-de-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo/ Villasante 2022, Retorno a la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo y visita de la DGBPD del MINJUS, Boletín del IDEHPUCP, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/retorno-a-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-y-visita-de-la-direccion-general-de-personas-desaparecidas-del-minjus-20837/
Villasante 2024, Exhumación ce restos mortales en la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo, Boletín del IDEHPUCP, 5 de noviembre de 2024, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/exhumacion-de-restos-mortales-en-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo/
[2] ONU 8 de mayo de 2019, Observaciones finales sobre el Informe presentado por el Perú, https://docs.un.org/es/CED/C/PER/CO/1
[3] Carta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra, 17 de febrero de 2025, https://fr.scribd.com/document/846827119/Pronunciamiento-de-ONU-sobre-la-intencion-de-poner-plazos-a-la-busqueda-humanitaria-de-desaparecidos
[4] La República, 18 de diciembre de 2024, https://larepublica.pe/politica/actualidad/2024/12/17/rechazan-plazo-en-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-conflicto-armado-interno-895492#
[5] ANFASEP, Instagram, 22 de junio de 2025, https://www.instagram.com/reel/DLNoqeDiauq/
[6] Nota del Comité, 30 de octubre de 2024, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2FC%2FPER%2FQSA%2FAI%2F1&Lang=es
[7] Reporte estadístico, RENADE n°4, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5618679/4981572-reporte-estadistico-n-4.pdf?v=1703867815
[8] Carta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ginebra, 17 de febrero de 2025, https://fr.scribd.com/document/846827119/Pronunciamiento-de-ONU-sobre-la-intencion-de-poner-plazos-a-la-busqueda-humanitaria-de-desaparecidos
[9] Ojo Público, 11 de julio, https://ojo-publico.com/politica/ley-amnistia-beneficiara-alrededor-900-militares-y-policias
[10] Boletín del IDEHPUCP, 15 de julio, https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/politica-publica-de-impunidad-el-desarrollo-sistematico-de-una-agenda-estatal-antijusticia/
[11] Infobae, 23 de mayo de 2024, https://www.infobae.com/peru/2024/05/24/javier-pacheco-renuncio-a-la-procuraduria-ante-orden-de-reponer-a-maria-caruajulca-para-mantener-mi-prestigio/
[12] Limagris.com, 24 de abril de 2023, https://limagris.com/javier-pacheco-de-procurador-anticorrupcion-a-maton-boca-sucia-te-voy-a-meter-preso-maricon-de-m-video/
