Por Laura Rivera (*)
En Arequipa, una niña de 16 años identificada como P.H.T. ha sido condenada a ser madre. Esta no es una frase figurativa, sino una afirmación que da cuenta de la resolución judicial que prohíbe a una adolescente gestante acudir a cualquier centro de salud, clínica o consultorio donde se realicen procedimientos abortivos. A inicios del mes de abril se dio a conocer que esta sentencia había sido emitida por el juez del 5to Juzgado de Familia de Arequipa, Giancarlo Torreblanca Gonzales, a propósito de la denuncia impuesta por la pareja de la niña, quien se ve así impedida de ejercer su derecho a acceder al aborto terapéutico, que es legal en nuestro país desde 1924.
Esta historia ha puesto otra vez en vitrina una verdad incómoda: en el Perú, la autonomía reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres no solo está limitada, sino que también está criminalizada. ¿Por qué en nuestro país una niña debe verse obligada a ser madre?
“El odio en las redes sociales hacia el aborto y los aplausos a esta medida revelan una total indolencia frente a lo que esto significa para la vida de esta niña”, señala Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. En sus palabras, criminalizar el aborto es culpar a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos, es exponerlas al señalamiento público y a un entorno hostil.
Y en el Perú, la criminalización del aborto no se limita a esta sentencia o a la aplicación de penas de cárcel. Según explica Brenda Álvarez, abogada y directora ejecutiva de Proyecta Igualdad, la criminalización se traduce también en un sistema de vigilancia, violencia institucional y estigmatización que recae sobre quienes deciden interrumpir un embarazo o acompañan ese proceso.
La ley peruana permite el aborto en una sola circunstancia: el aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida o salud de la gestante. Sin embargo, aunque esta ley está vigente desde 1924, el reglamento de la misma se promulgó recién en 2014, y a la fecha son muy pocas las mujeres y niñas que pueden acceder a este procedimiento.
Violencia institucional
Según información recogida por el portal Ojo Público, entre 2003 y 2022 solo dos niñas menores de 11 años accedieron a un aborto terapéutico en el país, a pesar de que la mayoría de embarazos infantiles en Perú –es decir, en los cuales está en peligro la vida o la salud– son producto de una violación. “Esa cifra no es un dato menor; es la evidencia concreta de un Estado que les da la espalda”, afirma Brenda Álvarez. “Es un sistema de salud que no actúa, una justicia que no protege y una institucionalidad que sigue sin reconocer a las niñas como sujetas plenas de derechos”.
La negación del aborto terapéutico no es solo una omisión. Es violencia. Así lo han reconocido organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quienes han señalado en más de una oportunidad que obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de violación constituye una forma de tortura.
En junio de 2023 el Comité de los Derechos del Niño determinó que el Estado peruano había vulnerado los derechos a la vida y a la salud de una niña de 13 años al obligarla ―el año 2017― a continuar con un embarazo no deseado producto de la violación sexual por parte de su progenitor. La sentencia, conocida como el Caso Camila, responsabilizó a las autoridades peruanas por no informar a la menor sobre su derecho al aborto terapéutico. Además, el personal médico insistió en que asistiera a controles prenatales, incluso llegando a su casa acompañados de la policía cuando no acudía. Finalmente, cuando Camila sufrió un aborto espontáneo, fue acusada y condenada por autoaborto, mientras que el caso de violación fue desviado y mal manejado por las autoridades.
El Comité de los Derechos del Niño responsabilizó al Estado no solo por bloquear el acceso de Camila al aborto terapéutico, sino por denunciarla penalmente. Y, a menos de dos años de emitida esta sentencia, se da a conocer que P.H.T. ha sido legalmente imposibilitada de acceder al aborto terapéutico, aunque el embarazo adolescente representa un alto riesgo para la salud de la madre y del feto, por causas como hipertensión, hemorragias e infecciones.
Como resalta Susana Chávez, obstetra y exdirectora de Promsex, “la probabilidad que una niña gestante muera se incrementa por cuatro y, aun así, se les exige que demuestren un daño grave y permanente para acceder al aborto. Es el único caso donde la medicina no actúa preventivamente. Con una apendicitis se actúa. Con un embarazo forzado, se sospecha”.
Pero lo más alarmante del caso es el uso distorsionado de una ley pensada para proteger a las mujeres, pues el juez Giancarlo Torreblanca se amparó en la Ley 30364, creada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. “Esta ley nunca fue concebida para limitar derechos sexuales y reproductivos”, advierte Brenda Álvarez. “Estamos ante una interferencia judicial que revictimiza a la menor y legitima su sometimiento a la voluntad de otros. Es una distorsión legal peligrosa”, añade.
“El peligro aquí es que se trata del único caso donde el sujeto de protección no es la adolescente de 16 años, sino el concebido. Se está entendiendo a la adolescente como agresora de ese concebido. Eso es inaudito”, señala Susana Chávez.
Para Brenda Álvarez el mensaje de esta resolución es devastador. “No solo se le niega a una adolescente el derecho a decidir sobre su cuerpo en un contexto de alto riesgo, sino que se criminaliza a quienes buscan protegerla[1]. Se protege más a un embrión que a una menor de edad. Esto sienta un precedente peligrosísimo”, agrega.
Una política de castigo
Este caso es parte de una larga lista de acciones indolentes de parte del Estado que reflejan un claro retroceso en materia de derechos de las mujeres.
Ejemplo de esto es la aprobación del proyecto de ley N.° 785, que propone reconocer los derechos del concebido por encima del derecho a decidir de las mujeres. Esta ley define como “persona humana” a la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces, se coloca por encima el supuesto derecho del embrión sobre los derechos de las mujeres, incluso cuando su vida está en riesgo.
Al mismo tiempo, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), también conocido como la Maternidad de Lima, está siendo hostilizado por grupos conservadores y por el propio Ministerio de Salud. Se le acusa ―sin pruebas― de realizar abortos ilegales, lo que ha generado intimidaciones contra el personal médico y pone en riesgo la atención de miles de gestantes. La amenaza de derogar la Guía de Aborto Terapéutico —el único protocolo que clarifica cómo actuar frente a embarazos de alto riesgo, especialmente en niñas— agrava aún más la situación.
“Esta inacción no es neutral: perpetúa la violencia, revictimiza a las niñas y normaliza la impunidad. En lugar de garantizar protección y atención integral, el Estado consiente que niñas víctimas de violación sean forzadas a gestar, tratándolas no como ciudadanas con derechos, sino como cuerpos disponibles para decisiones ajenas”, denuncia Brenda Álvarez.
Para Liz Meléndez esta resistencia responde a una estructura social profundamente patriarcal. “Durante décadas, las mujeres han sido despojadas de sus derechos más fundamentales. Y dentro de estos, los derechos sexuales y reproductivos han sido los más difíciles de conquistar, porque el patriarcado se basa justamente en el control del cuerpo de las mujeres”, explica.
“Cuando el aborto se configura como un delito y no como un problema de salud pública, se genera una ruta sumamente compleja para las mujeres”, afirma Susana Chávez. “La decisión de interrumpir un embarazo está atravesada por múltiples factores, pero lo que se ha instalado es una cultura en la que todo el mundo se siente con el derecho de opinar, de juzgar, de intervenir”.
El caso de la adolescente de 16 años obligada a gestar resume el mandato impuesto por un Estado que castiga en lugar de cuidar y ofrecer justicia. Un sistema que ha hecho de la maternidad una imposición, que ha naturalizado la violencia y que sigue viendo a las niñas y mujeres como cuerpos disponibles para decisiones ajenas.
(*) Prensa IDEHPUCP
[1] Además de las restricciones impuestas a la adolescente, el magistrado dictó una prohibición explícita contra la madre de la menor, identificada como F.T.V., para que no presione a su hija a interrumpir el embarazo. En caso de que la madre incumpla esta orden, podría enfrentarse a una denuncia penal. (Fuente: Infobae.com)
