Podría encontrarse una desagradable coherencia entre el comienzo y el final del actual periodo presidencial; es decir, entre la postura arrogante ante los pueblos del interior del país, que fue su sello ideológico de nacimiento, y la realidad presente de un país en vilo por protestas regionales, ante cuyas causas el gobierno que termina ha decidido cruzarse de brazos.
Desde sus inicios, en efecto, el presidente García puso de manifiesto la que sería la postura central de su gestión mediante dos artículos en los que presentaba la chocante tesis de “el perro del hortelano”. Dejemos de lado lo inapropiada, por no decir ofensiva, que resultaba la metáfora elegida por el mandatario reelecto para referirse a todo un sector de sus compatriotas. No está de más señalar, sin embargo, que ya esa imagen literaria revelaba tempranamente una aguda falta de sensibilidad, de respeto y de empatía hacia quienes manifestaban desacuerdos y sentimientos de agravio. Sin embargo, más allá de un acto retórico fallido, las ideas de fondo anunciaban las grandes limitaciones que el gobierno tendría para enfrentar con talante democrático, y prudencia política, los varios desafíos y dilemas que el Perú tenía y tiene por delante.
Dos ideas básicas organizaban el pensamiento gubernamental expresado en esos textos. La primera fue que las tareas del buen gobierno se podían condensar suficientemente bien en el deber de asegurar el crecimiento económico y que este propósito estaría bien servido a su vez si se brindaba todo el respaldo estatal y todas las facilidades y ventajas a las inversiones de naturaleza extractiva. Muchos años de reflexión sobre la importancia de convertir a nuestra economía en una actividad que se orientara crecientemente a la transformación de la materia, a la manufactura, a la producción de valor agregado, quedaron rápidamente olvidados ante el auge de los precios de las materias primas que venía desde unos años atrás, auge impulsado por la pujanza de las economías china e india.
Del mismo modo, quedaba descartada la intensa y productiva reflexión sobre cuál debería ser una concepción correcta y justa del desarrollo; es decir, la noción según la cual este solo puede ser legítimamente entendido como un proceso de incremento equitativo del bienestar humano que no puede ser únicamente alcanzado mediante el crecimiento inercial de la economía, sino que requiere de una acción pública decidida que se halle guiada por criterios de equidad. La comprensión del papel que la desigualdad, la discriminación, la exclusión y otras formas de asimetría juegan en el mantenimiento de la pobreza y la injusticia social aparecía, así, totalmente ignorada por la ideología del actual gobierno.
El segundo elemento explícito era que todos quienes protestaban en reclamo de sus derechos individuales y colectivos debían ser vistos como un obstáculo para el progreso y, en el peor de los casos, como enemigos que el Estado debería vencer. Tal visión dejaba al margen todo intento de comprender las viejas causas del descontento y de la desconfianza de pueblos secularmente engañados y reprimidos por los poderes reales. Del mismo modo, se excluía así desde un inicio el diálogo y la voluntad de entendimiento, de negociación y de concesión razonable como política gubernamental. Peor aún, en esa formulación de la ideología oficial se percibía un relente de desdén étnico que, en días recientes y como cerrando el círculo, el presidente se ha encargado de aclarar con sus despectivos (y poco informados) comentarios sobre las creencias religiosas de miles de peruanos de identidad indígena o nativa.
No hay, pues, contraste ni incongruencia entre los preceptos enunciados años atrás y la convulsión que en estas semanas afecta a diferentes regiones del país. Tampoco extraña, por desgracia, la pasividad con la que el gobierno observa tales conflictos. La poca voluntad de comprensión con la que el Perú “oficial” se ha enfrentado siempre al país del interior fue en su momento señalada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como uno de los factores clave de la tragedia colectiva que le correspondió investigar.
Como resultado de su diagnóstico, dicha comisión realizó diversas recomendaciones orientadas a asegurar la presencia justa de la autoridad democrática del Estado en todo el territorio nacional. Nada de eso ha sido tomado en cuenta hasta hoy. Por el contrario, en los últimos cinco años se han reafirmado viejos prejuicios, actitudes y dogmas que ahondan las fosas de incomprensión que nos separan y enemistan. (Lambertsfruit.com) Tocará al nuevo gobierno convencernos de que es capaz de asumir lo que sus predecesores prefirieron ignorar.(*) Presidente del IDEHPUCP y rector emérito de la PUCP.Nota: Artículo publicado en el diario La República el domingo 3 de julio del 2011.
