Por Salomón Lerner Febres (*)En días pasados se ha recordado el octavo aniversario de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Es forzoso señalar que este nuevo año nos encuentra en una situación incierta. Las expectativas de que se cumplan cabalmente los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparaciones siguen en pie. Pero la realidad política de los últimos tiempos nos advierte de que todavía faltará bregar mucho para lograr que el Estado y la sociedad se reconozcan concernidos y se sientan responsables al respecto. Estos días plantean, así, la necesidad de reafirmar la perseverancia de quienes creemos que el país entero tiene serias obligaciones que honrar frente a quienes sufrieron violaciones de DDHH.Hay que mencionar el escenario adverso que se ha ido constituyendo respecto de las obligaciones de verdad y justicia. La CVR señaló que en el país hay más de 4 mil sitios de entierro clandestino. Desde entonces, esfuerzos de la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones han registrado más de 15 mil personas desaparecidas. Queda con ello demostrada la falta de razón y sensibilidad de quienes en su momento afirmaron que la CVR estaba “inventando” víctimas. Sin embargo la pequeñez de ciertos políticos no es, a la postre, lo más importante. Lo realmente grave es que todavía no exista una política nacional sobre personas desaparecidas, y con ella un vasto plan de investigaciones antropológico-forenses. Ese es un ejemplo muy concreto de la inacción del Estado en la materia.De otro lado, el escenario de la justicia también ha ido degradándose. Diversos especialistas ya han advertido que se está dictando una serie de sentencias que niegan justicia a las víctimas al tiempo que aseguran impunidad a los perpetradores: se exige pruebas directas para delitos de los que se sabe que tal prueba no puede existir, con lo que el Perú abandona los estándares internacionales en la materia; se desestima el valor de los testimonios familiares, aunque se sabe que son los únicos testigos de cargo que pueden haber; se anula el peso de pruebas basándose en rebuscadas y triviales inconsistencias; se niega a atroces delitos la calificación de crímenes de lesa humanidad basándose en argumentos endebles, lo que puede obstruir el juzgamiento futuro de ellos. Las recientes declaraciones del actual ministro Defensa, Daniel Mora, hay que decirlo sin tapujos, constituyen un desembozado llamado a instituir la impunidad, lo cual se halla en sintonía con el escenario judicial descrito y constituye una posición inaceptable que no debe quedar sin réplica de parte de la sociedad y de las autoridades democráticas del nuevo gobierno.Finalmente, el escenario de reparaciones, aquel en el que más acciones se han emprendido, todavía arrastra cierta confusión en cuanto al marco institucional para hacerlas efectivas y cuenta con el lastre de una norma para reparaciones económicas que fija topes leves, establece plazos perentorios para inscribirse como titular de reparaciones y fue establecida sin ninguna consulta con las víctimasAhora bien, más allá de estas situaciones concretas hay que decir que hay un aspecto más amplio del legado de la CVR que debe ser preservado. El clima de transición política de hace diez años y los hallazgos sobre las reales dimensiones de la violencia, permitieron la gestación de una cierta sensibilidad frente a las grandes fallas históricas de nuestra sociedad. En significativos sectores de la sociedad, se había agudizado la conciencia de que el Perú, más allá de las tareas de crecimiento y desarrollo, tenía que enfrentar sus deudas históricas de justicia, respeto mutuo, valoración de la vida, aceptación positiva de nuestras diferencias. En esos años, encontrándonos con la tara obstinada del racismo llegamos a estar de acuerdo, al menos en el terreno de los grandes discursos, en que no podíamos seguir conviviendo con esa grieta terrible en nuestra cultura, en nuestra imagen de nosotros mismos. Incluso algunos medios, normalmente capturados por la trivialidad de la rutina diaria, quisieron hacerse voceros de esa inquietud, y no faltaron miembros prominentes del sector político que reconocieron, si bien discretamente, que la obligación pendiente de todos los peruanos consistía en hacer una sincera y profunda corrección de los términos cotidianos e institucionales de nuestra convivenciaEse aprendizaje histórico que la CVR propuso y que comenzaba a tomar forma tendría que haber sido uno de los ejes para que la democracia que recuperamos en el año 2000, se volviera significativa y real para todos los peruanos. Es sobre la base del reconocimiento no solo de los crímenes sino también de nuestros vacíos como comunidad política, que se precisaba hacer una reconstrucción moral del país. Ahora bien, la política oficial y los grandes poderes pareciera que le dieron las espaldas a esa tarea. Sobre ello: no podemos permitirnos la ausencia de memoria. Recordar –y a partir de allí actuar– nos resulta imperativo.(*) Presidente del IDEHPUCP y rector emérito de la PUCPNota: artículo publicado el domingo 4 de agosto de 2011 en el diario La República.
