Otra expresión de esta renuencia que se vuelve más recurrente cada día es la negativa a reconocer la verdad, la tendencia a relativizar la gravedad de los hechos ocurridos durante la violencia armada de las décadas pasadas y, desde luego, el esfuerzo por estigmatizar a la memoria del conflicto rescatada por la CVR. Ésta, así como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de DDHH, se han convertido en las últimas semanas en blanco preferido de múltiples insinuaciones y tergiversaciones por parte de altos funcionarios del presente gobierno. Es lamentable constatar que algunos de los voceros designados para desempeñar esa triste función de descrédito son personas que habían tenido una ejecutoria limpia y estimable en defensa de la causa de los DDHH. Eso no debe pasar inadvertido, pues, más allá de las personas concretas, ahí reside una inquietante parábola sobre las relaciones entre los principios éticos y el poder.El ministro de Justicia, Juan Jiménez, por ejemplo, ha afirmado esta semana que la CVR “pudo tener mejores frases y conceptos de mayor ponderación y prudencia en su informe” y que “calificar de partido a Sendero Luminoso es un error”. Tal vez resulte inútil, a estas alturas, intentar sacarlo de un error tan elemental y tantas veces aclarado. El uso de un concepto –partido político– no implica un juicio de valor positivo o negativo. Aprehender un fenómeno, para después evaluarlo y emitir un juicio al respecto, requiere de una descripción y para ello se utilizan conceptos. En eso consiste el uso de un término como “partido” para describir a la organización de SL, que la CVR califica de subversiva y de terrorista. Llamar a algo “partido” no es una “calificación” como cree el ministro, con tan mal empleo de los términos. Hay que reiterarlo una vez más por si hace falta: decir que el Partido Nacional Socialista Alemán es eso, un “partido”, no disminuye un ápice su naturaleza y su historia criminal.El tema de la denominación –no calificación, la diferencia es básica– de SL como partido puede ser anecdótico. Pero el efecto de fondo de un comentario así es echar sombras sobre la idoneidad de la CVR y de su informe final. Decir que le faltó ponderación es, de alguna forma, negarle seriedad, autoridad y, desde luego, es una expresión que sirve para insinuar extremismo, parcialidad y acaso connivencia. Lo curioso es que el actual ministro, como hombre cercano al mundo de los DDHH, conoce el informe final de la CVR (de hecho, no es irrelevante mencionar que él mismo ofreció una pequeña contribución al esfuerzo mediante un informe que se le requirió sobre otros temas). Por consiguiente, es válido pensar que ha tenido por lo menos nueve años para manifestar sus desacuerdos o reservas, cosa que no ha realizado en todo ese tiempo. Es recién ahora, como integrante del gabinete presidido por Óscar Valdés, el primer ministro que desprecia la voz de las víctimas como un exceso de “teatralización”, que encuentra que el informe es deficiente y que el trabajo de la CVR no fue un esfuerzo ponderado.
El hecho de fondo, como se ha dicho, trasciende a este cambio de la estimación que el ministro de Justicia tiene hacia la CVR y a sus ataques a los miembros de la Comisión Interamericana de DDHH. Lo más inquietante es la forma que adopta el poder político en nuestro país y la forma en que el ascenso a posiciones de autoridad estatal puede hacer variar ciertos puntos de vista que parecían firmemente enraizados en un conjunto de valores.El rescate de la ética, las convicciones, la fidelidad a principios en la política es una tarea urgente. La cultura cívica ha sido abandonada y quienes hablan desde el Estado tienden más bien a erosionar lo poco que queda de ella. Recuperarla es un trabajo enorme que no puede ser aplazado.
>> Este artículo fue publicado el domingo 19 de febrero de 2011 en el diario La República.
