La inexistencia de una clase dirigente realmente comprometida con el progreso y el desarrollo del país es, ya, un viejo tópico en el Perú contemporáneo. Este se remonta, por lo menos, a las críticas reflexiones del joven Riva-Agüero, el del lúcido predicamento liberal que quedó plasmado en los Paisajes Peruanos. Desde entonces, hemos seguido constatando cómo los sectores privilegiados del país han sido siempre renuentes a pensar y decidir políticamente con otro criterio que no sea el de sus intereses inmediatos. Partidarios de dictaduras desembozadas o solapadas cuando eso es lo que parece más rentable, no vacilan en abrazar el credo democrático y liberal cuando creen estar ante alguna forma de autoritarismo que les resulte adversa.
Por esa razón, suena a menudo tan insincero su repudio a la dictadura de Velasco Alvarado que se desarrolló entre los años 1968 y 1975; ese repudio parece hacerse en nombre de una convicción democrática herida cuando en realidad se realiza en nombre de intereses afectados. No es por casualidad que desde esos mismos grupos acaudalados se oyó decir más de una vez, durante las décadas de 1970 y 1980, que el Perú necesitaba un Pinochet. Fue ese idealizado autoritarismo de derecha el que creyeron encontrar en el gobierno de Alberto Fujimori, al cual aplaudieron y aplauden todavía.
Esta reflexión viene a cuento ante las reacciones del sector empresarial y de otros grupos de elite a la elección de Ollanta Humala como nuevo Presidente de la República. He señalado antes, en esta columna y en otros espacios, las dudas que dicha candidatura me suscitaba respecto del irrestricto respeto a las libertades y a la institucionalidad democrática del país. Hoy puede verse con una cauta tranquilidad que la suma de compromisos que el candidato triunfador debió asumir para hacerse elegible por la mayoría de los peruanos puede servir como garantía de que esas libertades e instituciones serán respetadas. Quienes se sienten más optimistas auguran, además, que dentro de ese respeto a la democracia podrán hacerse cambios relativos a la inclusión social, los cuales, sin ninguna duda, son necesarios. Es de esperar que así sea, y esta es la hora en la que cabe aportar esfuerzos a que ello sea realizable.
No obstante, en este panorama llama la atención que los sectores que, para abreviar, llamaremos de derecha, se apresuren a reclamar garantías no solamente de respeto del modelo económico sino también del Estado de Derecho, las mismas que no les interesó pedir mientras se desarrollaba la competencia electoral entre el candidato Humala y la candidata del fujimorismo.En efecto, en las semanas previas a la realización de la segunda vuelta electoral, un conjunto amplio de organizaciones, entre ellas la Universidad Católica, promovieron un pronunciamiento cuyo tenor fundamental –más aun, exclusivo– era el reclamo del respeto del orden democrático y de garantías de un desarrollo con inclusión. Postulaba ese texto que, cualquiera fuera el triunfador en los comicios, el futuro presidente tendría la obligación de respetar las libertades individuales, entre ellas las relativas a prensa y opinión; garantizar la continuidad del crecimiento económico asociándolo al imperativo de la inclusión; velar por la protección de los derechos humanos e impedir toda recaída en la impunidad, y ser inflexible frente a la corrupción pasada, presente y futura.
Se trataba, así, de emitir un mensaje de la sociedad organizada que, sin tomar partido por ninguno de los candidatos, advirtiera que los peruanos hemos aprendido la lección dejada por la violencia y el autoritarismo de las décadas pasadas y que no estamos dispuestos a canjear la necesaria dignidad cívica del país por apuestas puramente pragmáticas que, en su amoralidad, siguieran vaciando a nuestro país de toda sustancia democrática.
La variedad y amplitud de los suscriptores de ese pronunciamiento solo hace destacar la ausencia palmaria de quienes hoy, desde el mundo empresarial, se declaran preocupados por la democracia y el Estado de Derecho. Es mucho más lo que esperamos de quienes, por la privilegiada situación que disfrutan, tienen el poder de influir en la marcha de nuestros asuntos públicos.
Necesitamos construir una democracia. Eso es claro. Pero tenemos que edificarla sobre los cimientos de nuestras convicciones, no solamente con el material desechable de nuestras conveniencias.(*) Presidente del IDEHPUCP y rector emérito de la PUCPNota: Artículo publicado en el diario La República el 12 de junio del 2011.
