¿Cómo evalúa las propuestas de los candidatos en relación a la lucha contra la corrupción?En el plan de gobierno de Keiko Fujimori, y por lo que le he escuchado a ella y a sus técnicos, no se alude a la represión y prevención de la corrupción, me refiero a mecanismos técnicos. Solo son palabras y buenos deseos. Su candidatura es la que más sombras tiene en este tema, no necesariamente por ella, sino por el proyecto político que encarna y que arrastra un pasado delictivo. Incluso en este momento hay procesados del régimen de su padre, ¿qué va a pasar con ellos? Por el lado de Ollanta Humala, sus planteamientos en esta materia son muy pobres, solo destaca el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos, pero eso no es suficiente. Para luchar contra la corrupción no bastan los buenos deseos, se necesitan propuestas y todas de manera articulada.¿Qué opina sobre la política anticorrupción del actual gobierno?La evaluación es negativa. Los procuradores anticorrupción de este régimen no han tenido la autonomía ni la independencia como en el régimen de transición y en el de Toledo. Son funcionarios muy subordinados. Y ello se da en un contexto en el que se han evidenciado mayores actos de corrupción en el entorno gubernamental. Como ejemplos podemos citar los casos Petroaudios, Cofopri, el del ex viceministro de Justicia, que consiste en una dación de cuotas de pesca donde fue atrapado infranganti, incluso la falta de voluntad política desde el partido de gobierno en el Congreso para investigar el caso Comunicore. Además, esta administración tuvo experiencias infructuosas como la Oficina Nacional Anticorrupoción. Esta entidad denotó el poco interés por estructurar una oficina sin las capacidades y la infraestructura adecuada. Lo que se hizo fue crear un órgano sin las competencias formales normativas ni la independencia suficiente para combatir este tipo de delitos.¿Cuáles son las reformas que debería emprender el próximo gobierno en esta materia?Se debería hacer una reforma constitucional referida a la designación del Contralor General de la República, que aún es propuesto por el Presidente de la República. Esta debería ser una designación del parlamento a través de una votación cualificada, así como se elige al Defensor del Pueblo o a los miembros del Tribunal Constitucional. La Contraloría debe ser una entidad con mayor autónoma, el contralor no debe estar sujeto a ninguna dependencia y menos de corte político.Lee la entrevista completa en Derechos Humanos en línea
