Por Laura Rivera (*)
Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una denuncia periodística ha ocasionado que el Papa, la máxima autoridad religiosa, disuelva una de sus organizaciones: el Sodalicio de Vida Cristiana. Se trata —mejor dicho, se trataba— de un influyente grupo ultraconservador peruano, de gran poder económico, que buscaba moldear a la sociedad mediante la evangelización de jóvenes y la promoción de valores cristianos tradicionales. ¿Qué impulsó entonces al Papa a tomar esta decisión histórica? Los abusos y faltas que tenían en esa organización y que han sido conocidas por la persistencia de dos periodistas: Paola Ugaz y Pedro Salinas.
Las graves denuncias de abusos sexuales, psicológicos y económicos cometidos al interior del Sodalicio permanecieron ocultos durante décadas, hasta que, en 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados, una investigación que reveló más de 30 testimonios estremecedores sobre los crímenes cometidos en esta organización religiosa.
Tras la orden de disolución de dicha entidad, que escondía una serie de crímenes graves, conversamos con Paola Ugaz sobre las lecciones que deja este caso, el impacto de la decisión del Vaticano y los desafíos pendientes en el Perú para garantizar justicia y proteger a las víctimas de este tipo de abusos.
¿Cómo podemos interpretar que el Vaticano haya demorado tanto tiempo en tomar acciones contra el Sodalicio aunque las pruebas de los abusos eran tan claras?
Es la primera vez que un Papa toma acciones basándose en una investigación periodística y suprime una organización. Nunca había pasado. Jamás. Esto pone al Perú en el mapa, pues los delitos por los que el Vaticano suprime al Sodalicio, una organización católica, son dos: abusos contra sus miembros y por el mal manejo del dinero.
Que José Enrique Escardó denunciara por primera vez los abusos que contra él cometió el Sodalicio de Vida Cristiana en el año 2000, fue vital para todo lo que siguió. Esta organización se movió con total impunidad durante más de 50 años, siguió existiendo sin sufrir ninguna consecuencia, lo que deja en evidencia que el Estado peruano nunca apoyó a las víctimas y que la Iglesia Católica, salvo excepciones como Carlos Castillo, Reynaldo Nann, Robert Prevost, Kai Schmalhausen y Pedro Barreto, tampoco hizo nada por ayudar a las víctimas. Esta es una verdad bastante dura de aceptar. Durante décadas vimos al elefante en la cristalería y decidimos ignorarlo.
¿Cuánto se parece el ejercicio de la justicia vaticana con el de la justicia laica? ¿Actúan con la misma transparencia y severidad en casos como este?
Es diferente. Cuando publicamos nuestras investigaciones, tanto Pedro Salinas como Daniel Yovera y yo experimentamos una persecución que no tenía nombre, pero sí tenía un causante común: la gente del Sodalicio. Abrumada por las denuncias en mi contra, fui a reunirme con el Papa Francisco en 2022 y le pedí que interviniera porque en Perú no iba a encontrar justicia, solo cárcel basada en mentiras. Gracias a esa reunión, el Papa envió una misión encabezada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu para investigar al Sodalicio en julio de 2023. La investigación desató represalias: persiguieron a Jordi Bertomeu, al prefecto Robert Prevost y hasta a un sacerdote de 86 años en Piura. Nos inventaron campañas de desinformación buscando procesarnos ante la ley. Pero finalmente ha sido esto, sumado a los abusos y el mal manejo del dinero, lo que llevó a la supresión de la organización. Fue Simona Brambilla, prefecta del dicasterio, es decir, la autoridad vaticana correspondiente, quien firmó la disolución. Hay justicia poética en que haya sido una mujer quien haya firmado el documento que desmanteló una organización misógina que persiguió a mujeres como Rocío Figueroa, Camila Bustamante o a mí.
¿Te has visto acompañada de las autoridades o instituciones peruanas en este proceso?
Con algunas excepciones, sí. La comisión del Congreso liderada por Alberto de Belaunde fue crucial, al igual que el apoyo de Mario Vargas Llosa y su familia y de organismos como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Sin ellos, Pedro y yo estaríamos en la cárcel. Pero el mayor apoyo lo buscamos en el extranjero, pues sabíamos que acá no íbamos a encontrar ningún tipo de justicia. En los peores momentos enfrentamos amenazas de muerte, seguimientos y vigilancia de nuestras casas mediante drones.
¿Qué le corresponde ahora a la justicia laica frente a la supresión del Sodalicio?
Hacer lo que no hizo en su momento. Por ejemplo, el Congreso debería desarchivar el informe de Alberto de Belaunde y aprobar medidas que fortalezcan la legislación para prevenir abusos contra menores. En países como Irlanda y Estados Unidos, denuncias periodísticas similares lograron cambios legales importantes: prohibir que menores estén a solas con religiosos o profesores, instalar cámaras de seguridad, entre otros. En el Perú publicamos la investigación en el 2015, y desde entonces no se ha hecho nada.
¿Qué opinas de la respuesta de la sociedad peruana ante estos escándalos?
Me entristece. Deberíamos tener una respuesta más organizada. Movimientos como Con mis hijos no te metas te piden que que no mires, no hables, no toques, no digas. Niegan la realidad y buscan que esas organizaciones sigan impunes, cuando lo necesario es hablar, denunciar e informar a los hijos. Recientemente, se publicó en El País una denuncia de pederastia contra Juan Luis Cipriani, hecha en 1983. Nadie hizo nada porque la figura del cardenal era más importante que la víctima.
¿Crees que la percepción pública ha ido cambiando desde que comenzaron las investigaciones?
Considero que sí. Se está haciendo todo para poder decirles que ya no es tiempo de callar, sino que es tiempo de contar. Nunca se ha desmentido nada de lo que publicamos. Ese es el camino: el buen periodismo que cuenta una historia, que acompaña a las víctimas y protege su anonimato si es que así lo piden, que continúa monitoreando los casos, y que sabe cuándo publicar y cuándo seguir la historia.
(*) Prensa IDEHPUCP
