Escribe: Marcela Huaita Alegre [*]
En el Perú, entre el 2019 y el 2021 se han dado varios pasos hacia una mayor participación política de las mujeres: en algunos casos ello se debe a la adopción de acciones afirmativas expresas; en otros, a la voluntad política de la autoridad máxima institucional. En abril de 2019 se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género (DS N° 008 -2019-MIMP), cuyo tercer objetivo prioritario es garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. En relación con ello encontramos el lineamiento 3.1 que dispone implementar medidas para garantizar la participación en espacios de toma de decisiones de las mujeres, todo ello con un horizonte temporal de que se extiende hasta 2030. Teniendo este marco político, repasemos ahora lo que ha venido sucediendo en los tres Poderes del Estado.
En primer lugar, repasemos la situación del Poder Legislativo. Después de varias décadas de aplicación de acciones afirmativas para elevar la participación de las mujeres en las listas de candidaturas al Congreso, y luego de un amplio debate, el Congreso peruano aprobó en el 2020 la alternancia y la paridad de género en las listas para las candidaturas presidenciales, congresales, regionales y municipales (Ley 31030 del 23 de julio de 2020). Esta norma, que se aplicó por primera vez en las elecciones generales del 2021, a pesar de que se mantuvo el voto preferencial, dio como resultado la elección de 49 mujeres de un total de 130 congresistas[1], lo que representa un 37,6% del Congreso. Es decir que mediante esta acción afirmativa se logró que el Poder Legislativo alcanzara un hito histórico, teniendo el número mayor de mujeres de su historia.
Veamos ahora la situación del Poder Judicial. Al inicio del año 2020, la composición de las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República era de 15 mujeres, de un total de 49 jueces/zas. Es decir, las mujeres representaban 30,6 % [2] . En diciembre de 2020[3], la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado como nueva presidenta del Poder Judicial para el periodo de gobierno de enero 2021 a diciembre 2022. Se trató de la primera mujer en presidir ese Poder del Estado desde su creación. La jueza Barrios anunció en su discurso de apertura[4] que en la conformación de las Salas de la Corte Suprema habría paridad de género con meritocracia, lo que además debería extenderse a todos los distritos judiciales del país. Eso ha llevado a que la conformación de las Salas de la Corte Suprema cuente en el 2021 con 27 mujeres de 53 jueces/zas[5]. Ello sólo fue posible porque en el Poder Judicial peruano hay un retraso importante en el nombramiento definitivo de jueces, y por tanto, la jueza Barrios, en uso de sus atribuciones, ascendió a 16 juezas superiores titulares de diferentes cortes a nivel nacional a juezas supremas provisionales, de manera que se lograra la paridad en dicho Poder del Estado. Ello, no sin oposición desde dentro de la institución, por lo que el propio Poder Judicial tuvo que emitir un comunicado explicando que en los criterios para la designación de magistrados y magistradas se habían tomado en cuenta sus méritos y experiencia en la labor jurisdiccional que llevan a cabo.[6] Podemos decir entonces, que la paridad de la Corte Suprema del Poder Judicial se debe a la voluntad política de su presidenta y no así a un mandato expreso. Ello implica que dicha decisión podría ser eventualmente revertida cuando finalmente, a través de la Junta General de Justicia se cubran las plazas de manera permanente en la Corte Suprema. Por ello, en su discurso de apertura de gestión la jueza Barrios solicitó a la Junta nacional de Justicia lo siguiente:
(…) que consideren en su Reglamento de selección y ascenso de Juezas y Jueces alguna medida afirmativa que permita equiparar la presencia mujeres en la administración de justicia, con ello, cerrar las brechas de género en la carrera judicial y generar las condiciones para la presencia paritaria de las mujeres en salas y Juzgados de diversa especialidad.[7]
Es claro entonces que la voluntad política no es suficiente para la institucionalización de las acciones afirmativas, sino que se requiere el respaldo normativo que lo haga de cumplimiento obligatorio, más allá de la autoridad de turno.
Finalmente, repasemos la situación en el Poder Ejecutivo: entre el 2020 y el 2021, como sabemos, hemos podido contar por lo menos con la juramentación de 5 gabinetes, además de los cambios específicos de algunos ministros y ministras. En estos dos años, hemos pasado de casi un consistente 40% de presencia de mujeres en el gabinete a sólo un 11% de ellas como titulares de sectores en el Poder Ejecutivo. Al respecto, lo primero que podemos decir es que existen mujeres con preparación profesional en cada uno de los sectores, ya que todos los sectores han tenido por lo menos a una mujer como su titular; por lo tanto llamarlas o no a asumir una cartera ministerial dependerá de la voluntad política de turno.
Fuente: PCM. Elaboración propia
Dado que en el Poder Ejecutivo no hay una norma específica que obligue a aplicar acciones afirmativas, y así cumplir con el mandato de garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, ello depende de la voluntad de quien gobierna. Creemos que esto debe cambiar, y que tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo se deben desarrollar normas que promuevan la participación de la mujer en espacios de toma de decisiones, para que así se institucionalice este mandato y no haya retrocesos como los que hoy ocurren en el Poder Ejecutivo. Así evitaremos que más adelante ocurra lo mismo en otro poder del Estado como el Poder Judicial.
