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Notas informativas 11 de octubre de 2022

Por: Juan Takehara (*)

Esta semana conversamos con Paula Ávila-Guillén, abogada experta en derechos humanos y activista de derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, es directora ejecutiva del Women’s Equality Center, una organización que apoya y eleva el trabajo de personas y organizaciones en América Latina enfocadas en la libertad reproductiva.

Después de más de dos años de pandemia, ¿cómo vienen monitoreando la situación de las mujeres en relación con sus derechos sexuales y reproductivos?

El movimiento global de derechos reproductivos siempre está monitoreando los avances y retrocesos en esa materia. En Latinoamérica y el Caribe hemos visto desde antes de la pandemia esfuerzos por imponer retrocesos respecto a derechos adquiridos y bloquear el avance de derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes. Es una crueldad que legisladores y quienes tienen el poder hayan usado la pandemia para limitar y prohibir la interrupción de un embarazo.  Sin embargo, a pesar de la pandemia, el movimiento feminista latinoamericano continúa trabajando incansablemente por el acceso a abortos legales y seguros, y ha dado grandes pasos en la región desde el inicio de la pandemia. Las activistas feministas siempre han construido redes de apoyo para ayudar a sus comunidades a acceder a la interrupción del embarazo seguro, y han encontrado maneras creativas de desplazar el servicio a los hogares que lo necesitaban durante la pandemia y la dificultad que esta generó en cuanto al acceso a servicios y clínicas de salud. Por ejemplo, en varios países latinoamericanos se ha expandido el uso de telemedicina para proveer servicios de aborto legal con medicamentos, acompañados de atención médica a través de telemedicina. Esto ha permitido a varios países expandir el acceso a este servicio legal a áreas más rurales y áreas donde los centros de salud no podían proveer los servicios, ya que estaban saturados con casos de Covid. 

En el Perú, entre el 2020 y 2021, aumentó el número de embarazos en menores de 15 años. Además, hay cinco veces más posibilidades de que una menor de escasos recursos salga embarazada. Esto manifiesta la relación entre la pobreza y los embarazos tempranos ¿Cómo se está analizando este problema en la región? 

La realidad es que el acceso al aborto y la salud reproductiva en general sigue siendo un privilegio. Aquellas personas que tienen recursos siempre pueden acceder a servicios, y aquellos sin recursos son quienes sufren desproporcionadamente las consecuencias de un embarazo no planeado. Una gran motivación de nuestra lucha por el derecho al aborto en Latinoamérica son las alarmantes tasas de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y luego obligadas a seguir con un embarazo no deseado, siendo condenadas al círculo de pobreza. América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA).

Los embarazos tempranos se asocian con abandono escolar, que limita las oportunidades laborales: 

  • Las mujeres que fueron madres en la adolescencia tuvieron tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario que las que decidieron postergar su maternidad a la vida adulta.
  • Las mujeres que fueron madres tempranas ganan en promedio un 24% menos que quienes fueron madres en la vida adulta. 
  • Por otro lado, las mujeres que fueron madres en la adolescencia registran mayores tasas de desempleo que quienes fueron madres adultas. Ninguna niña merece el daño social, emocional y psicológico, así como los graves daños físicos en sus cuerpos, que conlleva la maternidad forzada.

«Hay que enseñar a la juventud cómo tener relaciones saludables, incluyendo información sobre consentimiento y cómo saber si estás en una relación abusiva y cómo salir de ella.» 

Aunque la elección de mujeres en puestos clave en la política se ha incrementado, actualmente la mayoría de los mandatarios de la región son hombres. ¿Cómo transformar esta realidad en el mediano plazo? 

Por un lado, es claro que mientras más representativas son las democracias, más amplios son los derechos que se adquieren. Si tuviéramos no solo más mujeres sino también más personas que hayan realizado trabajo del cuidado o trabajo doméstico en posiciones de poder, tendríamos mayor interés político dedicado a pasar legislaciones no solo en tema de salud reproductiva, sino también estableciendo la paridad de género y reconociendo el trabajo doméstico y de cuidado. Sin embargo, sabemos que la representatividad sola no es suficiente. Se necesita voluntad política en materia de derechos sexuales y reproductivos. Debemos entender la salud reproductiva como un tema que afecta a toda la sociedad en algún momento u otro, y como esencial para tantos otros indicadores de desarrollo de un país, como lo son los índices de escolarización e incluso la movilidad socioeconómica. La lucha contra la criminalidad, por ejemplo, es siempre una prioridad política; sin embargo, la tasa de homicidios en Perú es de 4.3 por cada 100,000 habitantes, cuando la tasa de mortalidad materna es de 88 por cada 100,000 gestantes. ¿Por qué entonces los políticos y gobernantes no priorizan la crisis que tenemos en la atención postparto de la misma forma que priorizan la lucha contra el crimen? Necesitamos cambiar la narrativa sobre los temas reproductivos de la esfera privada y llevarlos a la esfera pública y política, como las problemáticas de orden social que son, y así presionar a nuestros gobernantes a priorizar las políticas de salud y derechos reproductivos con la atencin que requieren al ser problemáticas que afectan directamente a nuestra sociedad entera.  

Si bien el aborto ha sido despenalizado en algunos países de la región, lleva consigo una carga de culpabilidad o es motivo de estigmatización. ¿Qué vías existirían para evitar el estigma y el maltrato social?

La realidad es que hay estigma y prejuicios sobre personas que deciden interrumpir un embarazo o que sufren de emergencias obstétricas. Una manera de combatir el estigma es la educación sexual integral en las escuelas y los colegios. Cada estudiante tiene el derecho de recibir información basada en hechos y cifras y ciencia sobre la reproducción y salud sexual. Y hay que enseñar a la juventud cómo tener relaciones saludables, incluyendo información sobre consentimiento y cómo saber si estás en una relación abusiva y cómo salir de ella.  También alentamos a las mujeres a compartir sus historias de aborto y a tener esas conversaciones difíciles sobre el aborto con sus familiares, si se sienten cómodas haciéndolo. Cuanto más normalicemos las conversaciones sobre abortos, más pronto reduciremos el estigma.

(*) Miembro del área de Comunicaciones en Idehpucp.