Existen balances muy útiles para la vigilancia y las tareas de incidencia pública de muchas organizaciones de sociedad civil que dan cuenta de los avances. Textos como ¿Hemos avanzado? A 10 años de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sofía Macher, el Reporte de avance del programa de reparaciones económicas (2011 – 2014) de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros. O el propio informe de la Defensoría del Pueblo A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso del 2013. Todos ellos dan una excelente cuenta sobre el proceso de implementación de los programa del PIR que vale la pena revisar.
Podemos encontrar cifras que dan idea de la implementación. Cuestiones tales como que, a nivel individual, el 30% de las víctimas receptoras de reparación económica han recibido un monto igual o menor a mil soles (330 dólares o menos).[1] O que sólo el 5% de los desaparecidos acreditadas por el Registro Único de Víctima habría culminado el proceso en sede judicial para contar con la constancia definitiva.[2] O que menos de la mitad de los beneficiarios del RUV habrían ingresado al Seguro Integral de Salud, y menos del 0.5% habría accedido a Beca 18 (ambas, las medidas más importantes de la reparación en salud y educación).[3]
A pesar de estas dificultades, el proceso de implementación continúa y hay sectores del Estado especialmente sensibilizados con esta problemática y que hacen importantes esfuerzos por sobrepasar las limitaciones burocráticas que dicho sea de paso, no son exclusivas del PIR sino que forman parte de los serios fallos estructurales de eficiencia estatal, Algunos importantes procesos de reforma administrativa, como el Presupuesto por resultados, viene impulsando un cambio de dichas estructuras.
Sin embargo, cuando se escucha a los miembros de las organizaciones de víctimas hablar de su propio proceso de reparación queda claro que existe un problema más profundo que las debilidades estatales en hacer funcionar este tipo programas. La mayoría de sus demandas no vienen sólo por las dilaciones, trámites inconclusos o por proyectos inexistentes que los atañen directamente, sino también por reformas institucionales inacabadas. Así, es común escuchar testimonios que expresan desazón, desesperanza, o incluso, indignación. Para muestra, algunos botones: [4].
“Nos dicen (que la reparación no llega porque) estamos desorganizados. Lo que estamos es cansados, muchos ya han fallecido (esperando)”, Teófilo Orozco, representante de ASFADEL
“Seguimos buscando, la justicia no es solo encarcelar a los culpables, es justicia social para nosotros. Las mujeres quechuahablantes recibimos 500 soles, ¿eso es justicia justa? A los 20 años comencé a buscar a mi esposo, aún no sé dónde está (…). Cuándo vamos a tener esta ley de personas desaparecidas, cuándo van a poner una oficina. Qué vamos a hacer, ¿vamos a olvidar, vamos a tapar?” Representante de ANFASEP
“Nos metieron al programa de salud del SIS, está bien. Pero el SIS no cubre tratamiento de cáncer. Muchas compañeras (víctimas) de violencia sexual han muerto ya cáncer uterino, ¿a dónde vamos a ir? No hay esperanza, sólo nos queda caminar y tener pena” Gladys Canales Martinez, Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno.
“Y todos se comprometen (a entregar el terreno) pero nadie se atreve a firmar, tenemos ya todo saneado pero no se entregan porque el ministro no firma… nadie quiere firmar en este país” Edgard Rivadeneyra Macedo, Presidente de la Asociación Reflexión de Inocentes Liberados
¿A qué se debe entonces está sensación de que la política de reparación ha seguido un curso institucional que más allá de las limitaciones de eficiencia en su implementación (y que no son exclusivas del PIR sino que se repiten en otros programas estatales), dejan una desazón en las víctimas? ¿Por qué finalmente no se siente reparadas?.
Lo primero, saber escuchar. Se trata de reclamos que aunque transcienden las competencias del PIR lo incluye en tanto el PIR fue pensando para ayudar a “remendar, recomponer, de tratar de zurcir o coser de nuevo algo que se ha roto (…) no sólo en lo material, en la destrucción de su vivienda o en la pérdida de los bienes que poseía, sino fundamentalmente en la esperanza frente al futuro, en la inconsolable e irreparable pérdida de alguien cercano y querido, de alguien que era compañía y con quien se contaba hacia delante, en su proyecto de vida”. [5] Esta narrativa si bien no está presente en la formulación del PIR -en donde salvo en uno de los considerandos del reglamento que hace mención a que el PIR busca “resarcir a las víctimas de la violencia”- constituye un armazón legal para organizar programas de transferencia de recursos y acceso a servicios públicos. Un instrumento técnico-normativo que como todas las normas escritas y promulgadas bajo sello público, está marcado por la adscripción de competencias, el establecimiento de perfiles de beneficiarios, procedimientos administrativos, servicios previstos, etc.
La pregunta de fondo que nos planteamos tiene entonces menos que ver con el contenido literal de la norma y más con su efecto social y simbólico. Cuestión que tampoco es sencilla de afrontar en la medida en que como han señalado varios investigadores: “la reparación permanece como un horizonte deseable (…) lo que sin embargo no siempre supone una disposición a organizarse y visibilizar el problema de las secuelas del conflicto armado interno”[6] o que “la reparación para estos grupos se establece como un nuevo canal para la ansiada ciudadanía: esto es, un mecanismo para su reconocimiento”.[7]
Consideramos que el síndrome en torno a que “la reparación que no repara” tiene su origen en la ausencia de una narración que agrupe todas estas medidas, otorgándoles un sentido que vaya más allá del proceso de transferencia de recursos y que reconozca a las personas efectivamente en su condición de víctimas. Creemos que esto tiene que ver con la casi absoluta ausencia del programa de reparaciones simbólicas pues si bien las entregas de las reparaciones económicas y colectivas cuentan con un protocolo para su realización, lo cierto es que esto es totalmente insuficiente para crear al menos simbólicamente un discurso reparador en una dimensión individual y colectiva.
La narración del PIR se conectaba más con el discurso de la vulnerabilidad, la pobreza y la necesidad de igualar oportunidades, propio del universo de los programas sociales, que con una propuesta de reconciliación nacional entendido como “la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados por el estallido de un conflicto (…) y en el que la sociedad entera se vio involucrada”. [8] He ahí su principal falencia y su principal reto.
Se trataría entonces de reparar desde lo público, desde la dimensión política de reconocimiento de otro, de tener a la reparación como un instrumento de justicia social y política que las propias víctimas reclaman. Es decir, de reconstruir el pacto social entre sociedad y el Estado y generar las condiciones para que la sociedad se reconcilie consigo misma y la violencia no se repita.[9] Tarea que debería ser asumida por iniciativas como el Lugar de la Memoria que, aunque se plantea a si misma bajo un esquema diferente al de la justicia, el paradigma del encuentro y la conmemoración, no podrá escapar de esta exigencia. Demanda que tiene que ver con la lucha de reconocimiento de las condiciones estructurales y agenciales que llevaron a la violencia política y a que más de 200 mil peruanos estén inscritos en el Registro Único de Víctimas, considerando a víctimas directas y familiares. Y frente a quienes pareciera que no estamos preparados como sociedad para responder. La promesa sigue sin cumplirse.
Escribe: Carmela Chávez, investigadora del IDEHPUCP.
(25.08.2015)
[1] CNDH – ANC (2014) Reporte de avance del programa de reparaciones económicas (2011 – 2014). Lima: CNDH –ANC (p. 10)
[2] Defensoría del Pueblo (2013): 154
[3] Macher, Sofía (2014) ¿Hemos avanzando? A 10 años de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: IEP (117-128)
[4]. Testimonios recogidos en el Foro Público “Avances en la implementación de la Política de Estado N° 30: Balance de la implementación del PIR, a 10 años de la ley N° 28592”. Lima, jueves 25 de junio de 2015. Congreso de la República.
[5] CVR (2003) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo IX Fundamentos de la Reconciliación.
[6] Barrenechea Carpio, Rodrigo (2010) Políticas locales de reparación en Ayacucho. ¿Reparaciones sin
reparadores? Lima: IEP (Documento de Trabajo, 157; Serie Sociología y Política, 45) (p.17)
[7] Ulfe Young, María Eugenia (2013) Y después de la violencia que queda? víctimas, ciudadanos y reparaciones en el contexto post-CVR en el Perú. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. (p.18)
[8] CVR (2003) Fundamentos de la Reconciliación.
[9] CVR (2003) Fundamentos de la Reconciliación.
