Por Lucía Santos Peralta (*)
El 3 de julio de 2020 Diana, una mujer venezolana de 27 años, acudió de emergencia a la posta San Genaro de Chorrillos tras sufrir una hemorragia repentina en su cuarto mes de embarazo. Ya en la posta, le informaron que no contaban con el equipo ni el personal necesario para atender la emergencia y que debía dirigirse de inmediato a un hospital. Con el poco dinero que tenía, Diana se dirigió al Hospital María Auxiliadora acompañada de Gloribell, su madre. Esa fue la última noche en que Gloribell vio a su hija.
Durante los días siguientes Diana permaneció aislada y prácticamente incomunicada en el Hospital debido a las políticas sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19. El resto de la historia se reconstruye a partir de su historia clínica, las declaraciones de sus familiares y los pacientes con los que compartió sus últimas horas, así como los mensajes que ella envió desde el celular de su compañera de cuarto poco antes de morir. Según los informes médicos, la hemorragia que sufrió fue causada por un aborto espontáneo y se le realizó un legrado uterino en la madrugada del 4 de julio. El personal le señaló que sería dada de alta al día siguiente. Sin embargo, esa misma tarde, los médicos le informaron que llamarían a las autoridades para denunciarla por el aborto que había sufrido. Diana envió un último mensaje pidiendo ayuda a su pareja y padre de sus hijas. Su angustia era palpable, ya que la denuncia podría tener un grave impacto en su situación migratoria y en la tranquilidad de su familia. Por la noche, luego del cambio de turno y los controles, ella ingresó al baño y sólo 15 minutos más tarde su cuerpo fue encontrado en el pavimento del sótano del Hospital. Había caído del tercer piso tratando de escapar por la ventana. Murió en el acto.
El Hospital no informó a la familia sobre lo ocurrido hasta la 1 pm del día siguiente, siete horas después de que el cuerpo fuera llevado a la morgue. El personal de salud negó en todo momento haber amenazado a la paciente y alegaron que ella se había suicidado producto de una crisis mental que, sorprendentemente, no fue documentada en la historia clínica ni tratada por el personal. Pese a la evidencia, la Fiscalía suscribió esta versión sin reparos: Diana, la madre de dos niñas que anhelaba con todas sus fuerzas regresar a casa, se habría suicidado motivada por la culpa que pesa sobre todas las mujeres que experimentan un aborto. Actualmente, el caso se encuentra archivado.
Es angustiante pensar que Diana podría no ser la última víctima de este sistema que persigue y hostiliza a quienes buscan atención médica ante emergencias obstétricas. Tomando como excusa el artículo 30 de la Ley General de Salud, el personal de los establecimientos de salud de nuestro país contacta a la policía para reportar a las pacientes que llegan con sospecha de haber experimentado un aborto. Poco importa si se trata de abortos espontáneos o provocados, especialmente considerando que el Ministerio Público amenaza con presentar cargos penales contra los médicos que omitan reportar estos casos. Como resultado, una paciente que busca atención en servicios de salud sexual y reproductiva no solo debe enfrentar los riesgos para su vida e integridad, sino también la carga de tener que demostrar su inocencia.
El Estado peruano le falló a Diana. Por esta razón, la Asociación Proyecta Igualdad, de la mano de la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y la organización Ríos, recurrimos al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU para denunciar la violación de los derechos de Diana y exigir la investigación y sanción de los responsables. Específicamente, solicitamos la derogación del artículo 30 de la Ley General de Salud por contradecir el marco jurídico nacional e internacional sobre el secreto médico profesional, la despenalización del aborto voluntario; y la implementación de programas educativos para el personal de salud y el sistema de justicia. Además, demandamos la implementación de medidas de reparación para la familia de Diana y la garantía de que casos como el suyo no se repitan.
(*) Abogada
