Optimizar los procedimientos administrativos y los servicios públicos mediante la digitalización y simplificación de los trámites son dos de las estrategias que contempla la norma. Además, serán planteadas reformas legales e institucionales que garanticen el cumplimiento de las normas de transparencia y sancionen su incumplimiento.
En este sentido, la norma contempla pautas para evitar los conflictos de interés, cuidar el uso adecuado de los recursos públicos y cautelar la prohibición ya existente de recibir obsequios por parte de cualquier empleado público.
Por otro lado, se implementarán controles internos en las entidades del Ejecutivo, se difundirá información del Registro Nacional de Sanciones acerca de la destitución y el despido de ex empleados públicos. Otra acción de la estrategia será la de consolidar la información sobre los procesos administrativos disciplinarios.
Continúa así la lucha anticorrupción para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.
