Por Katherine Subirana (*)
El Congreso de la República se toma muy en serio su arremetida contra los derechos de las mujeres. Un ejemplo de ello es el PL-10082-2024-CR presentado el 30 de enero de 2025 por el congresista Alejandro Muñante, representante del conservador partido Renovación Popular. Este Proyecto de Ley propone redefinir el concepto de género en la Constitución y otras normativas. Suscriben el documento otros siete congresistas, entre ellos dos mujeres: Milagros Jáuregui, pastora evangélica y colega de bancada de Muñante, y Patricia Chirinos, del partido Avanza País.
De aprobarse este proyecto, el término género quedaría restringido exclusivamente a la distinción entre hombres y mujeres, excluyendo interpretaciones basadas en identidad de género u orientación sexual.
Alcances del proyecto
La iniciativa legislativa busca modificar el quinto párrafo del artículo 191 de la Constitución, afectando directamente la representación política y la formulación de políticas públicas. Entre sus principales cambios está la modificación de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, eliminando conceptos como «equidad de género» y sustituyéndolos por «igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres».
El congresista Muñante y los congresistas que suscriben el proyecto argumentan que el término género ha sido interpretado de manera excesivamente amplia en diversas normativas y políticas estatales, como la Política Nacional de Igualdad de Género. Según ellos, esto ha generado una aplicación errónea del concepto, permitiendo la asignación de presupuesto público a políticas que no corresponden a la intención original de la inclusión de este término en nuestra normativa.
En ese sentido, los impulsores del proyecto también sostienen que la inclusión del enfoque de género ha permitido la generación de normativas que distorsionan la finalidad original de la legislación, y argumentan que esta propuesta busca garantizar que el término género se entienda exclusivamente en función del sexo biológico, limitando su aplicación a hombres y mujeres en el acceso a la representación política y a otras áreas de la vida pública.
Los riesgos advertidos
Esta propuesta supone un riesgo evidente para muchas de las conquistas feministas de los últimos años. Diversas expertas consultadas han manifestado su preocupación respecto a las implicancias de este proyecto. Diana Miloslavich, exministra de la Mujer, entiende este intento de modificación como un retroceso en la agenda de equidad de género en el país, pero también señala que iría en contra de acuerdos internacionales firmados por nuestro país. En ese sentido, señala que la eliminación del término género de la legislación peruana ignoraría compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). “La CEDAW ha establecido normas claras sobre la paridad, la representación equitativa en la toma de decisiones, y la propuesta de Muñante desatiende estos estándares internacionales”, subraya.
“Los movimientos conservadores han fortalecido su presencia en el Congreso y utilizan estrategias como estas para mantener el control sobre los cuerpos y derechos de las mujeres. Es también un problema que la política actual favorezca un modelo de representación donde solo las mujeres alineadas con estos sectores logran acceder a espacios de poder, reproduciendo una estructura excluyente y conservadora”, añade.
Liz Meléndez, directora de la ONG Flora Tristán, concuerda en que esta propuesta es parte de una agenda conservadora que busca restringir los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. “El artículo 191 de la Constitución es el único que menciona el término «género» y que su modificación afectaría directamente la participación política de sectores históricamente excluidos. El Congreso actual, altamente ideologizado, hace difícil cualquier posibilidad de diálogo sobre el tema, pero hay un alto riesgo en la aprobación de esta medida, pues puede derivar en la derogación de otras normativas que han sido claves en la lucha contra la violencia de género y la discriminación”, advierte.
Más allá del impacto práctico, Liz Meléndez enfatiza que la eliminación de este término representa un mensaje simbólico poderoso: es el rechazo estatal a la diversidad y la reafirmación de una visión conservadora que niega derechos fundamentales. Y agrega: “La lucha contra la violencia de género y la discriminación sigue siendo urgente, especialmente en comunidades donde el Estado está ausente”.
Liz concluye que esta iniciativa legislativa no es un caso aislado, sino parte de un intento sistemático de desmantelar los avances en derechos humanos en el país, por lo que destaca que es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones continúen trabajando para contrarrestar estas acciones, informando y movilizando a la ciudadanía para defender los derechos conquistados.
Marcela Huaita, investigadora asociada del IDEHPUCP y exministra de la Mujer, también tiene una postura crítica frente a este proyecto. “El género es un concepto que surgió en las ciencias sociales para reflejar las diferencias en las condiciones de vida de hombres y mujeres, así como la subordinación histórica de las mujeres en diversas sociedades y ha evolucionado en el tiempo, incorporando la diversidad de identidades más allá de la dicotomía hombre-mujer, y este proyecto va en contra de dicha evaluación”, señala. Para ella uno de los riesgos de esta propuesta radica en negar la existencia de la comunidad LGBTIQ+, restringiendo sus derechos y obstaculizando su reconocimiento legal. “Este tipo de iniciativas pueden ser utilizadas como base para futuras restricciones a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Utilizar el marco normativo para restringir derechos y desconocer la diversidad social”, plantea.
Para Marcela Huaita está claro que esta ofensiva contra el enfoque de género forma parte de la propuesta conservadora que busca imponer una visión excluyente en la sociedad. “La realidad social y la evidencia científica han demostrado que el género es un concepto amplio y dinámico y restringirlo normativamente no cambia la realidad, solo la invisibiliza y obstaculiza el reconocimiento de derechos, yendo por completo en contra de la labor del Estado de garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades de toda la ciudadanía, sin discriminación ni exclusión”, añade.
Rocío Silva Santisteban, excongresista y directora de DEMUS, coincide en enfatizar que el género es una construcción social y cultural que ha permitido evidenciar desigualdades históricas y critica que sectores ultraconservadores, vinculados a grupos religiosos fundamentalistas, busquen imponer un modelo binario de género y negar la diversidad existente en la sociedad. “Está documentado que diversas culturas, incluidas las indígenas peruanas, latinoamericanas y de distintas latitudes ―grupos de Alaska o Canadá, por ejemplo―, han reconocido históricamente identidades más allá del hombre y la mujer, lo que contradice la visión restrictiva que promueve este proyecto de ley. El Congreso quiere legislar sobre una realidad que desconoce y, en lugar de basarse en evidencias antropológicas y científicas, quiere imponer un modelo excluyente de género”.
La excongresista pide no perder de vista que este proyecto de ley no es un hecho aislado, sino parte de una agenda política que busca restringir derechos y afianzar un modelo de sociedad conservador.
Finalmente, Shely Cabrera, directora de incidencia de Manuela Ramos, resalta que la aprobación de esta norma podría debilitar el marco normativo que garantiza la igualdad de oportunidades. “Aunque podría parecer un simple cambio terminológico, tendría consecuencias profundas en la legislación y las políticas públicas, debilitando las medidas diseñadas para reducir la desigualdad y la discriminación en el país. Podría justificar la eliminación de programas de protección para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como de iniciativas que buscan reducir la discriminación. También alerta sobre el riesgo de que esta legislación sirva de base para futuras iniciativas que restrinjan aún más los derechos de poblaciones vulnerables”, explica.
Para Shely Cabrera es evidente que el proyecto de ley excluye a las personas trans y no binarias del reconocimiento legal y de cualquier política de protección. Desde su perspectiva, esta ofensiva legislativa no solo va en contra del avance de una sociedad más inclusiva, sino que también contradice los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado peruano está obligado a cumplir. “Estos estándares establecen principios de progresividad y no regresividad, lo que significa que los derechos adquiridos no pueden ser eliminados o reducidos arbitrariamente”, puntualiza.
Más allá del impacto inmediato en las normativas, las expertas advierten que este proyecto de ley sienta un precedente peligroso para la eliminación progresiva de derechos fundamentales. Al limitar el reconocimiento de la diversidad, se refuerzan discursos excluyentes que buscan consolidar estructuras de desigualdad. Además, esta propuesta legislativa podría generar un efecto dominó en otras áreas, debilitando mecanismos de protección social y legal para grupos históricamente marginados. La discusión sobre este proyecto de ley no solo define el futuro de la legislación en el Perú, sino también la dirección que tomará el país en materia de derechos humanos y justicia social.
(*) Prensa IDEHPUCP
