Por Franklin Ibañez (*) y Angie Higuchi (**)
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene como razón de ser el proteger a las poblaciones más vulnerables a través de programas sociales como Qali Warma. Sin embargo, la intoxicación que sufrieron los escolares en una comunidad de Puno demostró que, lejos de cumplir el objetivo, el programa puede atentar contra sus derechos más básicos. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene dos incisos: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación […] 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.” Luego, si un programa social del Estado distribuye alimentos insalubres entre los niños más pobres del país, ¿no corresponde calificar dicha acción como una violación directa de sus derechos a una seguridad alimentaria?
Resumamos los hechos. Niños de la comunidad Cabana, en Puno, se intoxicaron —alguno llegó a ser internado en UCI— tras consumir productos entregados en el programa Qali Warma. Inicialmente nadie asume la responsabilidad, pero luego se descubre lo que había detrás: contratos millonarios con jugosos sobornos. Hubo denuncias previas que no tuvieron eco y, al realizar la investigación, se hizo evidente que algunos alimentos estaban descompuestos, incluían plásticos o insectos, y hasta se llegó a descubrir que la carne entregada no era la ofrecida, pues se entregaron conservas que contenían carne de caballo etiquetadas como conservas de carne de res. Uno de los empresarios involucrados ha fallecido en circunstancias no esclarecidas aún y, una vez iniciadas las investigaciones, todo apunta a que no se trata de un hecho aislado, sino que estamos frente a una red de corrupción que lleva funcionando años dentro del MIDIS. Incluso cuando la actual presidenta era ministra de dicha cartera.
Los hechos son dolorosos por donde se les evalúe, pues se atenta contra una población doblemente vulnerable: no son sólo personas de escasos recursos, también son niños. Y sucede en un momento en el que las cifras de pobreza y de inseguridad alimentaria en nuestro país son devastadoras. Organismos internacionales como la FAO[1] señalan que más de la mitad de la población peruana enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria[2] (FAO 2024; MIDIS y PMA 2024), mientras que el INEI registra que la anemia afecta al 43.1% de los niños y niñas entre 6 a 35 meses (INEI 2024)[3], lo cual pone en riesgo su presente y disminuye sus posibilidades de pertenecer a la población económicamente activa al alcanzar la mayoría de edad.
La corrupción tiene costos inversos. Pocos casos como este, desgraciadamente, muestran tan bien el vínculo entre corrupción y violación de derechos humanos. De un lado, se encuentran empresarios inescrupulosos que no dudan en brindar productos antihigiénicos o insalubres y que se coluden a través de cuantiosas dádivas con funcionarios indolentes que arriesgan a la población que se supone deberían proteger. Así, se comercializan productos de baja calidad y bajo costo de producción, que significan ingresos nada despreciables para las autoridades que conceden los contratos. Este es el lado que gana, mientras del otro lado, está la población que pierde: niños indefensos que terminan intoxicados y cuyas familias, heridas e impotentes, no solo deben asumir el costo económico de este hecho, sino también el costo emocional. A ellos se les dice, una vez más, que sus derechos valen muy poco. Menos que la carne descompuesta, para ser exactos.
(*) Docente e investigador de la UNMSM
(**) Docente e investigadora de la Universidad del Pacífico
[1] FAO (2024). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024. Disponible en https://www.fao.org/publications/home/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/es
[2] MIDIS y PMA (2024). “Perú: evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE), 2023. Disponible en: https://evidencia.midis.gob.pe/esae-seguridad-alimentaria-2023/
[3] INEI (2024). “El 43,1% de la población de 6 a 35 meses de edad sufrió de anemia en el año 2023”. Disponible en: https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-431-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-ano-2023-15077/
