Por Kathy Subirana Abanto (*)
La crisis energética provocada por la interrupción del suministro de gas natural expuso con crudeza la fragilidad de un sistema del que dependen millones de personas, pero cuya importancia pasa desapercibida hasta que falla. El alza del precio del gas doméstico, las restricciones en el transporte y el riesgo de apagones evidenciaron no solo problemas coyunturales, sino también brechas estructurales en planificación, infraestructura y capacidad de respuesta ante emergencias. En ese contexto, la energía deja de ser solo un servicio para revelarse como un derecho habilitante: sin ella, se comprometen la salud, la educación, la seguridad y, en general, las condiciones básicas para una vida digna.
En esta entrevista, el economista, docente, exviceministro de Energía y ex Gerente de Estudios Económicos de Osinergmin, Arturo Vásquez Cordano, analiza las causas y consecuencias de esta crisis, así como los desafíos pendientes en materia de seguridad energética. Desde la falta de almacenamiento y diversificación hasta la ausencia de un plan actualizado, advierte que el país ha estado “jugando a la suerte” y plantea la urgencia de una política energética realista, sostenida y articulada con el desarrollo de infraestructura.
Para empezar, ¿cuánto entendemos realmente sobre nuestra capacidad de uso y abastecimiento de energía en el país?
Hay muy poca conciencia. Los sistemas energéticos son prácticamente invisibles para la mayoría de personas, pero son fundamentales para la calidad de vida. Se asume que la energía “está ahí”, que funciona sola, sin ver toda la infraestructura compleja detrás: desde el gas que llega a una cocina hasta el combustible que se distribuye en todo el país. Desde el punto de vista económico, la seguridad energética es un bien público: todos la quieren, pero nadie quiere financiarla directamente. Por eso el Estado tiene que intervenir y planificar, especialmente en temas como el abastecimiento de combustibles.
¿Dónde están hoy los principales problemas del sistema energético peruano?
Tenemos una alta concentración geográfica de la infraestructura. Los principales nodos están en la costa, como Talara o Pisco, pero no hay sistemas de almacenamiento en el interior del país. Además, no se desarrolló infraestructura clave de seguridad, como ductos redundantes que permitan responder ante fallas. Otro problema importante es la falta de una planta de regasificación. El Perú exporta gas natural licuado, pero en una emergencia no tiene cómo reconvertir ese gas para uso interno ni cómo importar desde el extranjero. Es una paradoja: tenemos el recurso, pero no la infraestructura para usarlo en una crisis.
Esto responde a una falta de planificación, ¿verdad?
Totalmente. No existe un plan energético actualizado. El último documento importante es del 2010 y ya quedó desfasado. En la práctica internacional, estos planes se proyectan a 25 años, pero se actualizan cada cinco. En el Perú eso no se ha hecho hace 15. A esto se suma la inestabilidad política. En los últimos años ha habido múltiples cambios de ministros, lo que paraliza la gestión pública. Cada cambio implica meses de adaptación, y eso impide una política de largo plazo.
¿Cómo impacta esta falta de planificación en la vida cotidiana de las personas?
Afecta de manera silenciosa, pero profunda. La energía es un derecho habilitante: sin ella no hay vida digna. Sin electricidad o combustibles no hay transporte, no hay seguridad, no hay servicios básicos. Por ejemplo, el alumbrado público reduce la delincuencia. Si falla, aumenta la inseguridad. En esta última crisis, el alza del precio del gas doméstico afectó directamente a las familias, y el transporte también se vio impactado. Las pérdidas económicas fueron enormes.
Si la crisis se hubiera prolongado más, ¿existía un plan de contingencia?
Sí existe una normativa que establece un orden de prioridad en caso de racionamiento. Durante la emergencia, los primeros en ser restringidos fueron los generadores eléctricos, que pasaron a usar diésel. Ahí entran en juego las llamadas “plantas de reserva fría”, que pueden operar con combustibles alternativos. Estas plantas cuentan con reservas para unos 15 días, y fueron clave para evitar apagones. De hecho, durante la crisis, el 25% de la electricidad se generó con diésel. Pero, más allá de eso, la mejor prevención es tener almacenamiento. Los estándares internacionales sugieren reservas de entre 15 días y un mes. El Perú está en el límite inferior.
¿Qué lecciones deja esta experiencia?
Que necesitamos invertir en almacenamiento, en sistemas de importación y en infraestructura de respaldo. Países como Chile, por ejemplo, desarrollaron terminales de gas natural licuado tras una crisis en 2004, lo que les permite importar energía cuando falla su suministro. En el Perú, estas inversiones no se han hecho, en parte por el riesgo político y la falta de seguridad jurídica. Son proyectos muy costosos —de cientos de millones de dólares— y requieren estabilidad para atraer inversión privada.
¿El problema es solo de recursos o también de regulación?
Ambos. Hay poco espacio fiscal para grandes inversiones públicas, pero también hay exceso de tramitología. Un proyecto puede demorar entre cinco y ocho años en aprobarse. Se necesita encontrar un equilibrio: mantener estándares técnicos, sociales y ambientales, pero agilizar los procesos. De lo contrario, la próxima crisis nos encontrará igual o peor preparados.
Usted señaló antes que la energía está vinculada con los derechos humanos. ¿Dónde se ubica en términos de prioridad?
En el siglo XXI, está entre los cinco primeros. Sin energía no hay salud ni educación. No funcionan los hospitales, no se conservan medicamentos, no hay conectividad ni transporte. Es un derecho habilitante. Si colapsa el sistema energético, se afectan todos los demás derechos. Por eso el Estado tiene una responsabilidad central en garantizarlo.
¿El nuevo plan energético está avanzando en la dirección correcta?
Se está trabajando, pero ha habido retrasos por la inestabilidad política. La primera versión del plan fue muy idealista, enfocada en energías renovables y electrificación rápida, sin considerar las limitaciones del país. El Perú tiene grandes recursos de gas natural, y no se puede plantear una transición sin considerar eso. Además, implementar infraestructura para autos eléctricos o energías renovables a gran escala requiere inversiones enormes y tiempo. Lo que se necesita es un enfoque progresivo y realista, adaptado a la realidad peruana.
¿Qué rol debería jugar el gas natural en esa transición?
Es fundamental. Ha permitido reducir emisiones al reemplazar el diésel, especialmente en el transporte. Pero hay un problema: las reservas están disminuyendo y no se ha promovido suficiente exploración. Si no se actúa pronto, podríamos enfrentar escasez en el futuro. Y ya hemos visto, en pequeña escala, lo que eso implica.
Finalmente, ¿de quién es la responsabilidad: del Estado o de las empresas?
Es compartida, pero el liderazgo corresponde al Estado. Las empresas operan bajo contratos de concesión. Si el Estado no define qué inversiones se necesitan, esas inversiones no se van a hacer. El Estado debe establecer la política, negociar con los concesionarios y garantizar condiciones para que las inversiones sean viables. Sin rentabilidad, no hay inversión. El problema es que el Estado no ha dado esas señales claras. Y sin dirección, el sistema queda vulnerable.
¿Cree que el nuevo plan energético corregirá esto?
Espero que sí. Lo importante es que el plan no sea solo declarativo, sino que identifique proyectos concretos, los vincule con financiamiento y los articule con el Plan Nacional de Infraestructura. Si se logra esa conexión, se podrían impulsar inversiones mediante asociaciones público-privadas. Ese es el camino más viable en el contexto actual.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
