En conjunto, todo esto conduce a hablar de una tendencia revisionista si es que se toma como un avance lo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre los años 2001 y 2003 y lo sucedido en el país en los años inmediatamente posteriores. Desde entonces, se han acumulado cuestionamientos al Informe Final, retrocesos en la administración de justicia y en general un clima político adverso a una reflexión crítica sobre el pasado.
Enfrentando el pasado
El trabajo realizado por la CVR fue, en efecto, parte de una tarea muy amplia que suele ser denominada como una “confrontación del pasado”. Eso significa, en primer lugar, hacer una investigación de los hechos sucedidos durante el período de la violencia armada para determinar las responsabilidades en que los diversos actores armados hubieran incurrido por la perpetración de violaciones de derechos humanos y otros delitos internacionales. Confrontar el pasado tiene, en primer lugar, esa dimensión de establecimiento de responsabilidades. Y el correlato de ello, desde luego, es el reconocimiento, es decir, el hacer visible la realidad de las víctimas. Esto es fundamental porque en un escenario de violencia y de salida de la violencia —ya sea por la vía negociada o por la derrota de alguno de los actores armados— siempre se instala el silencio sobre las víctimas y sobre los crímenes para, en su lugar, colocar únicamente una historia de triunfos militares.
Sin embargo, el enfrentamiento del pasado mediante políticas de revelación de la verdad da lugar a tareas más variadas: tareas de judicialización, de reparaciones y de transformaciones o reformas institucionales para corregir las condiciones que hicieron posible la violencia tal y como ella ocurrió. A eso se le puede llamar la agenda de justicia transicional. Más allá de esa agenda quedan, por otro lado, tendencias o necesidades algo más difusas, pero que forman parte de los cambios que ocurren en una sociedad que ha tenido una experiencia de revelación de la verdad. Por ejemplo, la existencia y, más que eso, la asunción de una cierta memoria que implique una reflexión crítica sobre el pasado puede modificar la agenda política general, más allá de los temas de la violencia. Ella nos hacer recordar, entre otras cosas, cuál fue el comportamiento de determinados actores políticos en la época de la violencia y así afecta su legitimidad.
Regresión judicial
Aunque la agenda de la CVR nunca fue bien asumida por los poderes del Estado y por los actores políticos más relevantes se puede decir que en los primeros años posteriores al Informe Final hubo ciertas decisiones de Estado que apuntaban en una buena dirección. Algunas normas como la ley de declaración de ausencia por desaparición forzada o aquella que creó el Plan Integral de Reparaciones fueron señales de cierta voluntad política. Tan importante como eso, en el ámbito judicial se comenzó a emitir algunos fallos que implicaban la adopción de un marco jurídico acorde con la clase de crímenes que debía juzgarse para hacer justicia a las víctimas. Por ejemplo, entre ellos, los delitos de desaparición forzada de personas y, hablando más ampliamente, los delitos de lesa humanidad.
Se podría decir que el tiempo de revisionismo intenso que hoy en día se percibe encontró su punto de inflexión precisamente en ese ámbito judicial. Un hito puede ser la sentencia sobre el caso de desaparición forzada en el cuartel Los Laureles —fallo del año 2009—en el que se absuelve a los jefes militares que estuvieron detrás de los delitos por la ausencia de un nexo directo y material con los mismos. Se trata de un criterio que contradice y socava todo lo avanzado en materia de justicia para las víctimas en crímenes complejos.
Contra la memoria
Ello es emblemático, como se ha dicho, de un proceso más abarcador que es la revisión de la verdad histórica recuperada por la CVR para colocar en su lugar una historia más simplista y de tintes autoritarios. Ello se ve en la arremetida en los medios contra las revelaciones hechas por aquella en su Informe Final, comenzando por la estimación del número total de víctimas. Pero abarca también la cuestión de las responsabilidades penales y políticas así como toda reflexión sobre los factores sociohistóricos que motivaron que la vida humana, sobre todo la de cierta parte de la población, fuera tan vulnerable en aquellos años.
Dentro de esa tendencia, se vienen impulsando iniciativas como la de aprobar una “ley del negacionismo” que convierta en delito el negar de alguna forma los crímenes de Sendero Luminoso. Desde luego, los crímenes de esa organización siempre deben ser denunciados. Pero el modelo de memoria que se impulsaría con una norma como la señalada sería uno de recuerdo parcial, uno en el que los delitos cometidos por agentes del Estado contra peruanos y peruanas quedan validados por omisión. Es el regreso a una historia incompleta y fragmentada que, por un lado, deja de lado a una significativa proporción de víctimas y, de otro lado, bloquea toda posibilidad de aprendizaje de nuestras fallas del pasado.
Por Félix Reátegui Carrillo: coordinador de investigaciones – Instituto de Democracia y Derechos Humanos Pontificia Universidad Católica del Perú
