El 19 de marzo la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y exdirectora y miembro de IDEHPUCP, Elizabeth Salmón, presentó su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.
En su presentación la relatora especial señaló que “la situación de los derechos humanos en la RPDC sigue siendo una grave preocupación. El prolongado aislamiento del país, la falta de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y otras organizaciones, y las nuevas restricciones al acceso a la información han agravado los derechos humanos de las personas. Leyes más estrictas introducidas por el Gobierno han restringido los derechos a la libertad de circulación, al trabajo y a la libertad de expresión y opinión. Se imponen castigos más severos, incluyendo la pena de muerte y ejecuciones públicas, por violarlas”.
Sobre el tema de derechos humanos, desarrollo y paz, la doctora Salmón señaló que, si bien la RPDC ha ratificado tratados clave de la ONU sobre derechos económicos, sociales y culturales, los cuales imponen obligaciones inmediatas a los Estados, “el enfoque general del Gobierno no aborda la inaccesibilidad de los grupos marginados a la alimentación, la salud, la educación, el agua y el saneamiento. Por ejemplo, a pesar del enfoque de la RPDC en aumentar la producción nacional de alimentos, más del 45 % de la población (11,8 millones de personas) padece desnutrición. El Gobierno ha pasado de favorecer los mercados informales a establecer un monopolio estatal en la venta de alimentos básicos. Debido al estricto cierre de fronteras desde principios de 2020, muchos no pueden permitirse comprar alimentos; sin embargo, el sistema de distribución pública del Gobierno es discriminatorio e irregular. Solo quienes son leales a los líderes reciben la distribución pública regular. Los informes indican casos de hambruna durante el cierre de fronteras y posiblemente más durante la temporada de cosechas de primavera. Los grupos más afectados son las personas mayores, las personas con afecciones médicas y las personas sin recursos en las zonas rurales”.
También hizo notar que “las instalaciones médicas carecen de medicamentos, equipo médico, agua y saneamiento, electricidad y personal médico capacitado. Los pacientes deben asumir los costos trayendo los artículos necesarios o comprando medicamentos en los mercados. Por lo tanto, los servicios de salud no son asequibles para la gran mayoría”.
Así mismo, abordó la cuestión del derecho a la educación resaltando que persisten desafíos significativos para garantizar el acceso equitativo a este derecho: “Los informes indican que con frecuencia se exige a los estudiantes que contribuyan al funcionamiento de la escuela y a los salarios de los docentes, lo que hace que la educación sea inasequible para los niños de familias de bajos ingresos. Los niños con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples barreras para acceder a la educación, y muchas menos mujeres que hombres se matriculan en la educación superior”.
Para terminar su presentación, la relatora especial hizo notar a los miembros del Consejo que la hoja de ruta para alcanzar los ODS en la RPDC depende del cumplimiento por parte del Estado de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual no se puede lograr si el gobierno de la RPDC continúa ignorando la discriminación basada en el songbun (el sistema de castas discriminatorio que privilegia la lealtad al liderazgo), el género y otros factores. Señaló que para abordar estas desigualdades y la discriminación, el primer paso es recopilar y divulgar abiertamente datos desglosados sobre el acceso a los servicios básicos de las poblaciones marginadas, así como priorizar los recursos para los derechos humanos, y afirmó que “las personas deben estar en el centro de cualquier tratativa y negociación futura sobre acuerdos de paz o de desnuclearización”.
