El día martes 21, en el marco del XVII Encuentro de Derechos Humanos, se desarrolló el conversatorio: “Acceso a la salud y educación para personas migrantes y refugiadas”. El objetivo fue analizar el acceso a derechos sociales de las personas migrantes en nuestro país y en Latinoamérica. También, se buscó distinguir cuáles son los retos pendientes para lograr un real acceso a derechos fundamentales como salud y educación.
Las ponentes fueron: Ruth Huarancca, bachiller en derecho y asistente de coordinación de la Clínica Jurídica para migrantes y refugiados Pedro Arrupe SJ de Encuentros Servicio Jesuita al Migrante; Maribel Goncalves, directora, profesora e investigadora de la Maestría en Psicología Comunitaria de la PUCP; Lorena Alcázar, magíster en Economía Política e Internacional e Investigadora Principal de GRADE y Hellen Cisternas, psicóloga, docente y consultora en temas de salud y migración internacional.
Ruth Huarancca inició su ponencia recordando que Perú es el segundo país que recibe mayor cantidad de personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región y que esta población presenta diferentes dificultades para el acceso a derechos, entre ellos la salud. Por ejemplo, la posibilidad de afiliarse al Sistema Integral de Salud (SIS) – para muchas personas y familias, la única vía para acceder al derecho a la salud por el gasto económico que involucra – está condicionado para aquellos que cuentan con carné de extranjería; sin embargo, esto no responde a la realidad de la gran mayoría de este grupo, quienes no cuentan con la aprobación de una calidad migratoria o no han regularizado su situación migratoria por los altos costos que para ellos representa.
No obstante, algo positivo que señaló la ponente fue la creación de una unidad funcional de la población migrante y fronteriza en el año 2020, que está adscrita al despacho viceministerial de salud pública. Esta unidad tiene la función elaborar y actualizar normativa en materia de gestión integral migratoria de salud; es decir, presta principal atención a cualquier normativa y protocolo que se haya establecido para el acceso a la salud con un enfoque de integración migratoria. A pesar de las dificultades a nivel presupuestal, se ha logrado articular con organizaciones internacionales y civiles para promover la salud de la población migrante.
Posteriormente, añadió que la clave para que el Estado peruano pueda conciliar las actuales limitaciones está en “entender que la población migrante ya forma parte de la comunidad”. En ese sentido, cualquier política pública, programa, intervención deben ser vistas desde un enfoque de derechos humanos y universalidad.
Por su parte, Maribel Goncalves indicó que la pandemia incrementó las desventajas y falta de acceso de la población migrante venezolana a distintos servicios por la suspensión de actividades de carácter informal en un momento importante de la pandemia. Con los desalojos y la ayuda del Estado que no alcanzó a los migrantes, se incrementó el impacto negativo en la salud mental de las personas. Y sumado a todo, muchos estudios muestran que el aislamiento social generó tristeza profunda, ansiedad estrés y frustración. La población de niños, niñas y adolescentes (NNA) también fue afectada por la falta de espacios de esparcimiento e interacción con otros.
La ponente también abordó el tema de la discriminación dentro de los procesos de movilidad humana. Señaló que “el monitoreo de protección de ACNUR de 2021 reportó que el 46% de la población refugiada y migrante venezolana entrevistada se había sentido discriminada”. Es un tema de gran importancia para los niños que están retornando a clases presenciales y afrontando bullying y discriminación por su condición de migrante.
Siguiendo con el tema educativo, Lorena Alcázar mencionó, en el marco de un estudio que realizó desde GRADE, los factores que facilitan y limitan el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos en Perú. Señaló que es difícil para el gobierno desarrollar programas e intervenciones que aborden la problemática de los migrantes y que, en educación, existe un porcentaje de NNA que no acceden a este derecho. De manera más específica, también describió al sistema educativo como muy desordenado; para la población migrantes es difícil informarse sobre procesos engorrosos de matrículas.
Mencionó al programa Lima Aprende, intervención diseñada y ejecutada para apoyar el acceso a la educación de población migrante extranjera, que, sin embargo, cuando fue lanzado identificó a una población de migrantes nacionales en Lima sin tener mapeadas las limitaciones que enfrentaba este grupo para acceder al programa educativo regular.
Finalmente, Hellen Cisternas describió el panorama de movilidad humana en Chile. Mencionó que el enfoque securitista del tema en el país influyó en cambios como la militarización de fronteras y expulsiones masivas. En el área de salud pública, comentó que, si bien la migración se considera un determinante social de la salud, esto es poco enseñado en las capacitaciones del personal de salud. Con relación a ello, también, señaló que uno de los desafíos actuales es la implementación del programa especial de acceso a salud para población migrante a nivel nacional. Desde una perspectiva regional, resalta que uno de los desafíos que enfrentan varios Estados actualmente, es fortalecer la articulación de corredores migratorios entre los países.
Posteriormente, con el objetivo de conciliar las limitaciones que tienen los Estados para garantizar el acceso de derechos a la población migrante, añadió que se necesita fortalecer la coordinación intersectorial y transversalizar la interculturalidad de la salud pública en todo el país. Asimismo, destacó la importancia del trabajo de mapeo y coordinación con organizaciones de población migrante para fortalecer una respuesta integral desde el Estado para todo el territorio.
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