La abogada y profesora Renata Bregaglio analiza las recientes detenciones de estudiantes tras las protestas, el uso desproporcionado de la fuerza policial y las responsabilidades que el Estado sigue eludiendo.
Por Kathy Subirana Abanto (*)
(Foto abridora: EFE/Sebastián Castañeda)
Las detenciones de estudiantes tras las protestas del 15 de octubre han vuelto a poner bajo la lupa el uso de la fuerza policial y las prácticas arbitrarias del Estado frente al derecho a la manifestación. En medio de denuncias por abuso y detenciones sin sustento, la abogada y profesora Renata Bregaglio advierte que detrás de estos hechos hay una estrategia deliberada para desalentar la protesta mediante el miedo. En esta entrevista, analiza las decisiones del sistema de justicia, el papel de la policía y las omisiones del Estado frente a graves vulneraciones de derechos.
Has estado muy activa y comprometida con lo que ha sucedido con los muchachos detenidos y con los abusos policiales que el Estado ha justificado. ¿Cómo podemos entender que la policía haya detenido y luego retenido a estos estudiantes en el marco de las protestas?
Claramente, hay una estrategia que consiste en utilizar las detenciones arbitrarias como un disuasorio del ejercicio del derecho a la protesta. Es decir, “si protestas, te detengo”. No se trata solo del riesgo de una detención como un episodio incómodo, sino del riesgo de permanecer detenido por 48 horas, o incluso 96, porque si luego deciden pedir prisión preventiva, pueden pedir hasta 48 horas adicionales de detención, como ocurrió con cuatro de las personas detenidas. Me parece importante subrayar que, en ese contexto, estamos hablando de una vulneración al derecho a la protesta y que las detenciones arbitrarias están siendo utilizadas como una estrategia para disuadir a la población del ejercicio del derecho a la protesta.
¿Había argumento legal para pedir la prisión preventiva?
No. Prueba de ello es que la jueza concluyó que no existían elementos graves y fundados. A pesar de que en algunos casos cuestionó el arraigo laboral o familiar, reconoció que esto no bastaba para dictar prisión preventiva, porque para ello primero hay que probar que existe un delito. Y en todos los casos la jueza dijo: “no hay elementos de convicción graves y fundados”. Lo que nos está diciendo, en el fondo, es que no parece haber delito.
¿Plantear la posibilidad de una prisión preventiva se puede entretener como una irresponsabilidad o como una estrategia de amedrentamiento?
Como ambas cosas. No había ningún elemento. Creo que el argumento de la Fiscalía —tratando de entenderlo, no de justificarlo— fue que, de las 11 personas detenidas, se liberó a quienes no estaban involucrados en el daño al personal policial. Se pidió prisión preventiva para cuatro personas bajo el argumento de que “había policías lesionados”; pero que un policía haya sido herido no significa que la persona detenida sea quien lo hirió. Puede haber policías heridos, sí, pero no se ha probado que estas cuatro personas sean responsables.
Estas detenciones arbitrarias, ¿dejan algún rastro en el récord policial de los chicos?
Sí. Hay que esperar que concluyan las investigaciones y, cuando se archiven, pedir a la policía que borre los antecedentes. Eso es muy importante, especialmente en el caso de uno de los detenidos que es venezolano. Para renovar su carné de extranjería el próximo año necesita no tener antecedentes policiales ni judiciales. Apenas archiven su caso, haremos el trámite para eliminarlos.
Hablando del caso de los detenidos acusados de agredir a policías, me pregunto sobre las dimensiones del enfrentamiento y de la proporcionalidad del uso de la fuerza. Se ha dado a conocer que hubo personas que lanzaron piedras a los policías, que estuvieron en primera línea de defensa…
Hay que distinguir el estar en primera línea de lanzar piedras. Las personas en primera línea, como Luis Echevarría con su escudo, no están atacando ni atentando contra la vida o integridad de los policías. Ahora, lanzar piedras sí puede generar consecuencias penales, sobre todo si la piedra hiere o mata a alguien. Incluso si no golpea a nadie, pero se lanza con intención, puede considerarse tentativa de delito. Pero eso no justifica que un policía dispare a matar. Nunca. Existen normas internacionales —como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley o los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza— recogidas además en el Decreto Legislativo 1186 y el Manual de Derechos Humanos de la Policía. En ellas se establece el uso progresivo de la fuerza y que la fuerza letal solo puede emplearse ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
Incluso si alguien lanza piedras, la policía debe responder con medidas no letales, como el uso de perdigones dirigidos a zonas no vitales o la contención física. Nada justifica disparar a matar, y menos si son varios policías contra una sola persona.
También se ha visto que muchos de los detenidos fueron capturados por policías vestidos de civil. ¿Eso es legal? ¿Cuáles son los límites de acción de los policías llamados ternas?
La labor de inteligencia sí es legal, pero tiene límites. Un policía en inteligencia puede infiltrar o seguir casos, pero debe identificarse antes de usar la fuerza o detener. Lo que estamos viendo ahora no es labor de inteligencia: son infiltraciones para “pescar” algo que parezca delito. En las audiencias se mencionó que muchos policías no estaban uniformados ni identificados. Si alguien vestido de civil intenta detenerte, es razonable que creas que te van a robar o que te va a sembrar algo. El policía debe estar identificado para usar la fuerza. Lo contrario es una violación de procedimiento. Uno de los policías me dijo: “doctora, este delito es una bagatela, pero a nosotros también nos exigen resultados”. Entonces, salen vestidos de civil con la orden tácita de “traer un detenido”.
Si se encuentra la forma de comprobar esa orden, ¿se podría esperar alguna sanción?
Si se comprobara que esa es una instrucción de sus superiores, podría haber responsabilidad administrativa y política, pues significa que están destinando recursos públicos para una acción con intereses políticos, no de seguridad ciudadana. Además, mientras todo esto sucede, se desperdician recursos del Estado: decenas de policías y fiscales dedicados a diligencias inútiles, en lugar de atender los verdaderos problemas de seguridad.
¿Qué derechos podemos identificar que se han violado el día de la protesta, además del derecho a la vida?
Primero, el derecho a la integridad física de las personas agredidas, y también su integridad psíquica, pues fueron detenidas sin fundamento y pasaron dos, tres o hasta cuatro noches en celdas. Por otro lado, el derecho a la salud, en particular de quienes tenían condiciones médicas como epilepsia, que no recibieron atención.
También se vulneraron las garantías básicas de detención: salud, alimentación, acceso a agua y aseo. Se vulneró también el derecho a la protesta, por supuesto, y el acceso a la justicia y al debido proceso, pues las diligencias no se realizaron con celeridad, hubo presiones para firmar actas y se avanzaron diligencias sin presencia de abogados. Todo eso afecta las garantías del debido procedimiento.
Cuando te involucras en la defensa de los detenidos, ¿lo haces como profesora, abogada o defensora de derechos humanos?
Lo hago como abogada independiente. Por supuesto, en tanto soy docente y enseño el curso de Derechos Humanos, intento que mi vida pública sea coherente con lo que enseño. Si enseño derechos humanos, debo estar ahí cuando las papas queman. Pero no he ido a ver la situación de los detenidos porque sea parte de mi labor docente, sino por convicción profesional y ética.
¿Y qué papel crees que debería tener la universidad en casos como este?
No hay una obligación legal, pero sí una responsabilidad social universitaria. Podría ser positivo tener un grupo de defensa, con abogados y abogadas que salgan en este tipo de situaciones. En la Facultad de Derecho de la PUCP existen espacios como las clínicas jurídicas o los consultorios. Tenemos, por ejemplo, la Clínica de Pueblos Indígenas, donde hay abogados y abogadas que se involucran en la defensa de los pueblos indígenas y sí llevan casos; pero no hay una línea especializada en detenciones arbitrarias. Viendo el contexto que vivimos, podría ser una buena idea crearla.
(*) Periodista. Responsable de prensa del IDEHPUCP.
