Rafael Chanjan, abogado penalista, fue entrevistado por RPP sobre la investigación de Cerrón, Bellido y Bermejo.
El abogado penalista consideró que «resulta preocupante» que la investigación por la presunta comisión del delito de terrorismo involucre a altos funcionarios del Gobierno. Además, consideró que las acusaciones de una presunta persecución buscaría deslegitimar el trabajo del Ministerio Público.
El abogado penalista Rafael Chanjan explicó que la investigación contra Vladimir Cerrón por la presunta comisión del delito de terrorismo que recientemente abrió la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco forma parte de unas diligencias preliminares en las que solo se requiere una sospecha simple.
«Basta una sospecha simple de una noticia criminal para que se pueda iniciar en el Ministerio Público una investigación preliminar. Definitivamente esto se ha basado, según se tiene conocimiento, a partir de una declaración que en una entrevista ha dado una persona que ha pertenecido a esta organización terrorista y que es un delator», indicó.
En entrevista con RPP Noticias, el abogado precisó que la Dirección Contra el Terrorismo -Dircote- tendrá un papel importante en esta investigación porque en este caso la Fiscalía ha dispuesto que esta institución sea la que realice los primeros actos de investigación. Para esto, apuntó, será de importancia la declaración de colaboradores y otros testigos protegidos.
En otro momento, el docente universitario consideró que «resulta preocupante» que esta investigación involucre a altos funcionarios del Gobierno, como el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el congresista Guillermo Bermejo. Al respecto, resaltó que, pese al impacto, existe una autonomía de parte de los órganos jurisdiccionales.
«Es algo que va a tener que ser valorado por los órganos de administración de justicia. Desde el punto de vista político puede tener un impacto, pero lo que se espera es que la investigación no sea contaminada, eso es lo que definitivamente se debe evitar y asegurar de parte del propio Estado y los órganos de justicia. Uno siempre tendrá esa preocupación y espera que no se pueda materializar», indicó.
De otro lado, el especialista consideró que las acusaciones de una presunta persecución por parte de los afectados por esta investigación forman parte de un mensaje político que buscaría deslegitimar este trabajo; sin embargo, mencionó que el Ministerio Público ha demostrado «que se rige por un principio de objetividad e imparcialidad en sus investigaciones».
