La novena edición del Boletín Jurisprudencial sobre Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Otras Formas de Explotación está respaldada por la Oficina para los Países Andinos de la OIT desde 2022 y por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas desde 2023. Esta edición ha sido elaborada por los investigadores Daniel Quispe Meza, Julio Rodríguez Vásquez y Yhasira Fabián Terreros, quienes forman parte del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, Lavado de Activos, Trata de Personas y otras formas de criminalidad organizada (DEPECCO) del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).
Casos Analizados
El boletín analiza tres expedientes judiciales recientes y ofrece un comentario detallado sobre cada uno de ellos.
- Expediente 247-2018
- Los investigadores Daniel Quispe y Julio Rodríguez critican la sentencia emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, que condenó a dos imputados por el delito de favorecimiento a la prostitución de menores. Los autores señalan que, en lugar de este delito, debió haberse considerado la explotación sexual.
- Aspectos Clave: Se destaca la importancia de tipificar correctamente los delitos en casos de explotación sexual de menores. Los comentaristas subrayan que no solo se omitió el delito de explotación sexual, sino que también se ignoraron otros delitos graves como la pornografía infantil, el chantaje sexual y la figura del cliente del adolescente. La correcta tipificación es crucial para asegurar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito y que se protejan adecuadamente los derechos de las víctimas.
- Expediente 2094-2020
- Yhasira Fabián analiza la sentencia de la Primera Sala Penal de Apelaciones en Adición Liquidadora de la Corte Superior de Ucayali, enfocándose en la incorrecta aplicación del delito de favorecimiento a la prostitución en lugar del delito de explotación sexual.
- Aspectos Clave: En este caso, se resalta la necesidad de aplicar el delito de explotación sexual cuando la víctima es menor de edad. La comentarista critica la decisión del tribunal por no haber reconocido adecuadamente la gravedad del caso y la explotación sufrida por la víctima. Se subraya que una correcta tipificación del delito no solo es esencial para la justicia penal, sino también para la protección y asistencia integral a las víctimas.
- Expediente 896-2019
- Daniel Quispe resalta la sentencia del Décimo Sexto Juzgado Penal Liquidador, que reconoció la situación de vulnerabilidad de un migrante colombiano y la explotación a la que fue sometido.
- Aspectos Clave: Este análisis se centra en la correcta consideración del abuso de la situación de vulnerabilidad en casos de migrantes. Se debate si el caso constituye trabajo forzoso, servidumbre o esclavitud, y se elogia al tribunal por reconocer la explotación sufrida por la víctima. Sin embargo, se sugiere que es necesario un análisis más profundo para determinar adecuadamente la naturaleza del delito y garantizar que la víctima reciba la protección y reparación debidas.
El Boletín Jurisprudencial N.º 9 destaca la importancia de la correcta aplicación de la legislación penal para garantizar la protección de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación. A través del análisis de casos específicos, el boletín subraya la necesidad de que los magistrados apliquen adecuadamente las tipificaciones penales y reconozcan la gravedad de los delitos cometidos.
El boletín recomienda la necesidad de replicar buenas prácticas judiciales y mejorar aquellas que han demostrado ser deficientes. Esto implica no sólo una correcta tipificación de los delitos, sino también un enfoque integral que considere la situación de vulnerabilidad de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad y migrantes.
También enfatiza la importancia de la formación continua y la sensibilización de los operadores de justicia. La correcta aplicación de la ley no solo depende del conocimiento técnico de los magistrados, sino también de su comprensión de las dinámicas de explotación y las necesidades específicas de las víctimas. Por ello, se insta a las instituciones judiciales a promover programas de capacitación y a desarrollar protocolos que aseguren un enfoque centrado en la víctima.
Implicaciones y Recomendaciones
En primer lugar, se hace un llamado a los jueces y fiscales para que fortalezcan su conocimiento y comprensión de los delitos relacionados con la trata de personas y la explotación. Esto incluye no solo la correcta tipificación de los delitos, sino también una comprensión profunda de las dinámicas de explotación y las necesidades específicas de las víctimas.
En segundo lugar, se subraya la importancia de la colaboración interinstitucional. La lucha contra la trata de personas y otras formas de explotación requiere un enfoque integral que involucre a diversas instituciones, incluyendo las fuerzas de seguridad, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias internacionales. La colaboración y el intercambio de información son esenciales para una respuesta eficaz y coordinada.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de un enfoque centrado en la víctima. Esto implica no solo la correcta aplicación de la ley, sino también la provisión de asistencia y protección a las víctimas. Las víctimas de trata de personas y explotación a menudo enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad y requieren un apoyo integral que aborde sus necesidades físicas,
El Boletín Jurisprudencial N.º 9 sobre Trata de Personas, Trabajo Forzoso y otras Formas de Explotación es una herramienta fundamental para los operadores de justicia. A través del análisis de casos específicos y la provisión de comentarios críticos, el boletín busca mejorar la aplicación de la ley y garantizar la protección de las víctimas. Se insta a los magistrados y a todas las partes involucradas a replicar las buenas prácticas identificadas y a trabajar de manera conjunta para mejorar aquellas que han demostrado ser deficientes. Solo a través de un esfuerzo concertado y un enfoque centrado en la víctima se podrá avanzar en la lucha contra la trata de personas y otras formas de explotación, garantizando así un sistema de justicia más eficaz y humano.
