Ir al contenido principal Ir al menú principal Ir al pie de página
10 de diciembre de 2025

Por Iris Jave(*)

El Día de los Derechos Humanos es ocasión para recordar el acceso a los derechos de forma integral y los avances (o retrocesos) de los Estados, pero también las tensiones que persisten ante el abordaje de unos temas en desmedro de otros. En el caso peruano, uno de los temas olvidados -o casi silenciados- es la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1980–2000). Actualmente, 22.710 personas continúan desaparecidas de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE)[1], lo que configura uno de los crímenes más extendidos del periodo de violencia (CVR, 2003).

A más de dos décadas del fin del conflicto, la búsqueda se mantiene como una deuda histórica, humanitaria y ética aunque las élites políticas se nieguen a reconocerla y la sociedad se mantenga en la indiferencia que denunció la CVR cuando se pronunció sobre la magnitud del conflicto. Recordemos el doloroso 75% del total de las víctimas a nivel nacional, cuya lengua materna era el quechua, provenía del sector rural y se encontraba en situación de pobreza. La CVR señaló un racismo estructural en la sociedad peruana como uno de los factores fundamentales para explicar el resultado de la guerra interna. Como ha señalado Didier Fassin (2018), no todas las vidas cuentan socialmente de la misma manera, ni el lugar que ocupan en el espacio público. Así, la desaparición de peruanos y peruanas de origen indígena se convirtió en una práctica entre el cruce de la violencia estatal, la suspensión de derechos y la producción de silencio, afectando la reproducción cotidiana de la vida social.

Pero la búsqueda es también un campo político donde se disputan sentidos de memoria, inclusión, justicia y reparación. Han sido los familiares quienes asumieron posiciones de liderazgo y agencia en el proceso de búsqueda desde el inicio del conflicto armado interno. Organizaciones como ANFASEP emergieron en los años ochenta como espacios de resistencia ante el silencio estatal, mediante la documentación de casos, el registro de información, procesos de conmemoración, incidencia y prácticas de cuidado como el acompañamiento emocional a comunidades enteras. Estas trayectorias dan cuenta de cómo los familiares han transformado sus experiencias de dolor en aprendizajes, convirtiendo gestos mínimos en formas de acción política (Das, 2017). Archivos familiares, prendas, ritualidades sostienen una economía moral de la búsqueda donde el cuidado y la persistencia se transforman en agencia. La política estatal de búsqueda no puede comprenderse sin esta epistemología social, los familiares han ido definiendo qué significa “buscar”, “identificar” y “restituir”, y han configurado formas de relacionamiento con el estado y otros actores para fortalecer este camino.

La baja visibilidad de la política de búsqueda en el Perú constituye un obstáculo estructural; es abordada como un asunto técnico e, incluso, silencioso, limitado a espacios de conocimiento científico, académico o como demanda de los familiares. El estado ha realizado escasos o nulos esfuerzos para producir un diálogo público sobre los más de 22 mil peruanos que nos faltan. No hay presencia del tema en la educación, los medios de comunicación ni en la esfera pública. Ello profundiza la legitimidad institucional, erosiona la democracia y abre espacio a discursos negacionistas, como los que se vienen produciendo en el congreso -un parlamento que no dialoga, impone- o en los actores que detentan el poder.

Estando próximos a las elecciones generales, vale recordar que la democracia se mide también por su capacidad para enfrentar violencias históricas y reparar sus fracturas. Si no recupera a sus ciudadanos desaparecidos hace 40 años, tampoco va a prevenir ni resolver sobre el paradero de sus desaparecidos más recientes. La desaparición tiene que ser asumida como una narrativa que dé cuenta del problema nacional y contemporáneo, no solamente como un asunto del pasado.

Referencias:

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). Informe Final. Lima: CVR.

Das, V. (2007). Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. University of California Press.

Fassin, Didier. 2018. Por una repolitización del mundo: Las vidas descartables como desafío del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

(*) Investigadora IDEHPUCP.


[1] Al 31 de octubre del 2025. RENADE, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.