Fuente: ComexPerú
Frente al sostenido incremento de la delincuencia en las ciudades y a la multiplicación de sus modalidades, la población pide más medidas que aparenten una respuesta estatal y las autoridades les ofrecen simulacros a la medida. El resultado es que la inseguridad ciudadana sigue sin ser atendida con planes sistemáticos y, más bien, se siembra la semilla de mayor delincuencia y violencia en el país. Se trata de un círculo vicioso en el que los únicos beneficiados, por amarga paradoja, son los diversos grupos delictivos.
Una mayoría de la población, según una reciente encuesta del IEP, pide penas más severas y se declara dispuesta a apoyar a cualquier autoridad que combata la delincuencia aún a expensas de los derechos humanos. Los políticos responden a ese estado de ánimo con medidas que, en efecto, simulan mano dura, pero que están lejos de ser respuestas efectivas. Ya el gobierno había declarado estado de emergencia en tres distritos (dos de Lima y uno de Piura). La población y los alcaldes de Lima responden que el estado de emergencia sea general. Nada se ha dicho sobre en qué sentido esa medida implica un plan coordinado de control a la delincuencia, más allá del control militarizado de la población.
A eso se añade, ahora, otra medida aprobada por el Congreso que no solo carece de todo sustento práctico, sino que además es altamente peligrosa para la seguridad ciudadana y para los derechos humanos de la población. Se trata de la ley que exonera de responsabilidad penal a quienes maten a un presunto delincuente ejerciendo una “legítima defensa”. De más está señalar el enorme riesgo que tal medida implica para la vida de la población: esta abre las puertas para un uso completamente desproporcional de la fuerza letal (y hay que recordar que en el Perú no existe la pena de muerte salvo para un caso muy específico, y que es nuestro compromiso internacional no ampliarla), esta vez por los propios ciudadanos, y además de eso, que ya es grave, a usar armas letales por diversos motivos, pero disfrazándolos de legítima defensa. A eso se suma la perspectiva de la multiplicación del mercado (legal e ilegal) de armas de fuego, es decir, una medida que lejos de dirigirse a mitigar la violencia se orienta a multiplicarla. Es patente la grave irresponsabilidad de quienes han propuesto y aprobado esa medida.
Por último, en esta saga de medidas netamente efectistas está la propuesta del gobierno municipal de Lima de crear la figura penal de “terrorismo urbano”, medida que participa de la misma ficción: suponer que un endurecimiento de las penas constituye una estrategia racional de lucha contra la delincuencia.
Todas estas medidas son, en realidad, muy malas noticias para una ciudadanía asediada por la violencia urbana: las autoridades leen su estado de ánimo y les ofrecen paliativos, simulacros de respuesta que, a la larga, plantean el riesgo de sembrar más zozobra en las ciudades.
