La violencia de género contra las mujeres (VGCM) no solo es una grave violación de los derechos humanos, sino también una problemática de salud pública y un serio obstáculo para el desarrollo sostenible. Esta fue una de las conclusiones presentadas el último viernes 11 de julio durante el evento de cierre del proyecto “Violencia contra las mujeres: fortalecer la prevención”, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unión Europea y un conjunto de entidades peruanas, entre ellas el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la PUCP, CLADEM Perú, Calandria, la Cámara de Comercio de Lima, la Embajada de España en Perú, entre otras.
El proyecto logró consolidar alianzas efectivas en todo el territorio nacional, promoviendo una agenda común que refuerza la prevención como eje central de la lucha contra la violencia de género bajo la campaña #SomosMásPrevención, la cual puede ser consultada en la web www.somosmasprevencion.pe
Tras los saludos protocolares, tomó la palabra Jeannette Llaja, abogada especializada en derechos humanos, derecho constitucional y políticas de género, quien presentó la publicación “Recorrer el laberinto: Avances y desafíos de la política de género en el Perú de hoy (1990-2024)”, documento que condensa más de tres décadas de políticas de igualdad de género en el país.
Durante su intervención, Llaja advirtió sobre un retroceso sistemático en la agenda de género y una preocupante normalización de la violencia sexual. Mencionó, por ejemplo, que un estudio reciente reveló que tres de cada diez personas en el Perú justifican la violación sexual bajo ciertos supuestos. El estudio identifica cuatro grandes etapas en la historia de las políticas de género en el Perú: la institucionalización durante los años 90, la consolidación de planes de igualdad entre 2001 y 2015, el impulso por parte de la sociedad civil entre 2016 y 2021 (marcado por la marcha Ni Una Menos), y una etapa actual de debilitamiento institucional y presupuestal.
Jeannette Llaja también enfatizó que se ha desmontado la estructura institucional del enfoque de género en el Estado, incluyendo la degradación de la Dirección General de Transversalización de Género, y alertó que la reducción de presupuestos desde 2021 afecta directamente la capacidad de respuesta del Estado ante la violencia y la desigualdad.
Investigación y movilización social desde la academia
Tras la presentación del informe, se dio paso a la segunda mesa titulada “Investigación y movilización social en el ámbito universitario”, conformada por investigadoras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): Patricia Ruiz Bravo, Aranxa Pizarro y Catherine Sarmiento. El panel presentó los principales hallazgos y productos del componente académico del proyecto, que involucró a 16 universidades públicas y privadas de 12 regiones del país.
Ruiz Bravo, directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior y docente e investigadora PUCP, destacó el enfoque territorial, interseccional e intergeneracional del proyecto. Uno de los logros más importantes fue la articulación con autoridades universitarias en regiones como Ayacucho, Cajamarca, Loreto y Arequipa, lo que permitió desarrollar políticas institucionales para la prevención del hostigamiento sexual y fortalecer redes regionales de voluntariado estudiantil.
Entre los productos más relevantes se incluye el libro “Violencia de género en la universidad y redes sociales”, a presentarse el 24 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima, así como una Guía de Ciberseguridad para universitarias, desarrollada junto a comunicadoras y activistas de diversas regiones.
Katherine Sarmiento, socióloga e investigadora en violencia digital de género, compartió su experiencia como beneficiaria de uno de los concursos de investigación impulsados por el proyecto. Su estudio “Pantallazo a la violencia de género” evidenció cómo la ciberviolencia —control, chantaje y difusión no consentida de contenido íntimo— afecta a adolescentes mujeres, y cómo esta forma de violencia se normaliza en relaciones sexoafectivas entre jóvenes.
Sarmiento recalcó la necesidad de reforzar la prevención primaria, una línea históricamente desatendida en los presupuestos públicos, y destacó la importancia de llevar los resultados de la investigación a espacios internacionales, como lo hizo en el Forum de Investigación sobre Violencia de Género (GBV SRIF) en Sudáfrica.
El evento no solo fue una rendición de cuentas, sino también una reafirmación del compromiso colectivo con la transformación cultural necesaria para erradicar la violencia de género. Como lo señaló Aranxa Pizarro, el objetivo es que los y las estudiantes se conviertan en agentes de cambio capaces de cuestionar prácticas naturalizadas y promover relaciones libres de violencia desde sus espacios cotidianos. Asimismo, se anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto titulado “Semillas de innovación en género”, que dará continuidad al trabajo con universidades y comunidades, y profundizará la articulación entre el conocimiento académico y la incidencia pública.
En un contexto de retrocesos legislativos, reducción presupuestal y discursos antiderechos desde el Congreso, los anuncios de las próximas iniciativas representan una estrategia esperanzadora y articulada. El trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado, la cooperación internacional, la empresa privada y la academia demuestra que sí es posible generar transformaciones sostenibles cuando se apuesta por la prevención, la evidencia y el enfoque de derechos.
La grabación del evento realizado el 11 de julio en el Hotel Meliá está disponible en el Facebook de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Perú.
