Soras: 38 años de heridas abiertas

Por Paola Velarde (*)

Ha transcurrido 38 años del caso Soras, uno de los ataques más crueles perpetrados por la organización terrorista PCP-Sendero Luminoso y también uno de los que más víctimas produjeron en un solo evento: 117 fallecidos y varios heridos pertenecientes a Soras y otras comunidades anexas durante el trayecto que hicieron en el transporte Cabanino, también conocido después como el “expreso de la muerte”.

Estas acciones fueron diseñadas y ejecutadas a manera de represalia por la alianza que suscribió la población de Soras con otras comunidades campesinas contra Sendero Luminoso en diciembre de 1983[1]. Además, Soras fue el primero de los pueblos de la provincia de Sucre en oponerse a la ideología senderista, y previamente había evitado en más de una ocasión que los subversivos ingresaran al distrito entre 1983 y marzo de 1984^[2]. Sin embargo, el 16 de julio un grupo de senderistas disfrazados de policías y militares asaltaron a las afueras de la localidad de Puquio un ómnibus de la empresa Expreso Cabanino que provenía de Lima y se dirigía a varias zonas de Ayacucho. Posteriormente, asesinaron a las personas identificadas como soreños dentro del transporte y al chofer del bus, para dar inicio a un recorrido en el que asesinaron a personas de varias localidades – entre ellas, a los líderes de estas comunidades- como Sontohocha, Paclla- Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corral, Yanama, Sayhua, Chaupihuasi, entre otras, hasta llegar a Soras, lugar en el que obligaron a los miembros de la comunidad a reunirse en la plaza del pueblo para torturar y matar a hombres, mujeres, niños y ancianos.

A pesar del dolor que estos hechos siguen causando sobre los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre, el caso Soras sigue con varias deudas pendientes. En primer lugar, aún continúa el proceso de juicio que se le sigue a los altos dirigentes de Sendero Luminoso por su responsabilidad en la matanza. Uno de los responsables y participantes directos es Víctor Quispe Palomino, quien continúa prófugo y es el actual líder de los remanentes de Sendero en un sector del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantar – VRAEM sobre la que ejerce control de la mano con el narcotráfico. Por otro lado, la muerte de Abimael Guzmán en setiembre del año pasado sin haber sido condenado por este caso deja en los familiares y sobrevivientes una sensación de impunidad, injusticia e indiferencia por parte de las autoridades judiciales y los distintos gobiernos que sucedieron desde el regreso a la democracia^[3]. Considerando que varios de los delitos de Sendero Luminoso sucedieron hace más de treinta años, es importante insistir en que las medidas de justicia retributiva deben ser aplicadas en presencia de los familiares directos y sobrevivientes a manera de reconocimiento por la vulneración de sus derechos y el impacto que esto tuvo sobre sus vidas, aun cuando esto no resarcirá completamente el dolor y los años de espera.

En esa línea, otra acción pendiente y muy necesaria para los familiares es la búsqueda e identificación de los restos de sus seres queridos que perdieron la vida en esta tragedia. A pesar de que las exhumaciones se iniciaron en el año 2001^[4], hasta mayo del 2022 los restos de solamente 39 de las más de 100 víctimas habían sido restituidos a sus familiares. Según investigaciones y la Comisión de Derechos Humanos (COMISDEH), organización que lleva la asesoría legal de la defensa de los familiares, aún queda por exhumar a cerca de medio centenar de personas, y ya que el caso se encuentra judicializado, esto requiere de una orden del Poder Judicial^[5]. Cerca a cumplirse cuatro décadas de esta terrible tragedia, resulta urgente que se agilicen varias medidas y acciones de reparación, especialmente para las personas que ya son adultos mayores y para quienes el tiempo juega en contra en su expectativa de encontrar justicia, reconocimiento y fin a la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.

(*) Miembro del área Académica.