Escribe: Jessica Maeda (*)
La máxima atribuida a Cicerón “en tiempos de guerra, la ley calla” (silente nim leges inter arma), antes utilizada para ejemplificar la falta de relevancia del Derecho en caso de conquista u ocupación, ha dejado de ser vigente desde hace varios años. El fortalecimiento del ius in bello y del ius ad bellum[1] permite que ahora identifiquemos el marco jurídico aplicable a los hechos transcurridos en las últimas semanas entre la Federación Rusa y Ucrania. Es más, tal como lo menciona el profesor Carsten Stahn, estamos presenciando una batalla donde “las semánticas jurídicas están al frente de las justificaciones y condenas” por parte de los Estados implicados.[2]
Con el objetivo de brindar algunos elementos que permitan entender y conocer estos enfrentamientos retóricos, me centraré en algunas de las estrategias planteadas por la Federación Rusa y Ucrania.[3]
Argumentos de la Federación Rusa
Como ya afirmaron diferentes especialistas,[4] la invasión de Ucrania es una clara violación a la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Dicha norma forma parte del derecho consuetudinario y es considerada un principio cardinal del Derecho internacional público, por lo que tiene carácter de ius cogens.[5] Pese a ello, el gobierno del presidente Putin ha presentado argumentos con el propósito de justificar sus acciones jurídicamente.
Artículo 51 de la Carta
En su Mensaje a la Nación del 21 de febrero de este año, Vladimir Putin dio a entender que sus acciones estaban enmarcadas en el artículo 51 de la Carta, esto es, en el ejercicio del “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas”.
No obstante, Ucrania no cometió ni amenazó cometer un ataque armado contra la Federación Rusa o algún otro Estado miembro. Pese a ello, altos funcionarios rusos han acusado a Ucrania de cometer o amenazar cometer actos que implican el uso de la fuerza contra los territorios de Donetsk y Luhansk. Estos no solo no son miembros de las Naciones Unidas, sino que su estatalidad es cuestionable para el Derecho internacional. De acuerdo con el artículo 41 de los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, los Estados están obligados a no reconocer como lícita una situación creada por una violación grave, como es el caso de la prohibición del uso de la fuerza. En otras palabras, los Estados están obligados a no reconocer la estatalidad de Donetsk y Luhansk por el contexto de vulneración de normas imperativas del Derecho internacional.[6]
El supuesto “genocidio” en Donetsk y Luhansk
Por otro lado, el presidente Putin ha afirmado que Ucrania está llevando a cabo un “genocidio” contra la población rusa en las regiones de Donetsk y Luhansk, en un posible intento por enmarcar sus acciones en la doctrina de la Responsabilidad de Proteger. Sin embargo, dichas afirmaciones carecen de sustento jurídico y no se verifican en la realidad. Para empezar, la Responsabilidad de Proteger establece que el uso de la fuerza es la última ratio, y solo puede ser activada con previa autorización de las Naciones Unidas. Adicionalmente, el uso de la palabra “genocidio” por parte del presidente Putin es bastante laxa. De acuerdo con la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio (en adelante, la “Convención contra el Genocidio”), este se configura si se cometen una serie de acciones con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.[7] La Federación Rusa no ha presentado evidencia de que se hayan llevado a cabo tales acciones, ya que incluso ante la posibilidad de que el gobierno de Ucrania esté cometiendo violaciones a los derechos humanos, el delito de genocidio exige un umbral muy alto, al requerir una probada intención de “destruir total o parcialmente a un grupo”.
Las estrategias legales de Ucrania
De manera paralela al ejercicio de su legítima defensa, Ucrania ha esgrimido diferentes estrategias con el objetivo de activar mecanismos que ordenen la suspensión inmediata de la acción militar extranjera sobre su territorio.
Cuestionamiento de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene como responsabilidad primordial el “mantener la paz y seguridad internacionales”.[8] En esa línea, sus miembros votaron el 25 de febrero para aprobar una resolución que demandaba el cese inmediato del ataque contra Ucrania, y el retiro de las tropas rusas. Once Estados votaron a favor, pero la Federación Rusa vetó dicha resolución en su calidad de miembro permanente.[9] En respuesta, y con el objetivo de resolver dicho estancamiento, el representante del gobierno de Zelenski ha cuestionado a Rusia como sucesora de la Unión Soviética y por consiguiente, su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Como parte de esta estrategia, el representante de Ucrania ha solicitado al Secretario General que distribuya los memos en donde se justificaría que la Federación Rusa ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad.[10] De acuerdo con el representante de Ucrania, dichos memos no existirían.
Los cuestionamientos van de la mano con el hecho de que la Asamblea General no votó para admitir a Rusia como miembro de las Naciones Unidas, ni cuestionó su calidad de sucesora de la Unión Soviética, como sí sucedió en el caso de la República Popular China.[11] Además, el mismo criterio no fue aplicado para Armenia, ex Estado soviético, que sí pasó por el procedimiento previsto en el artículo 136 de la Carta para su admisión.[12]
Uno de los primeros precedentes conocidos, el de India y Pakistán, generó un debate en el marco de la Sexta Comisión. En ese momento, se señaló que cuando un nuevo Estado es creado, sin importar su territorio, población, o si formaron parte de algún Estado miembro, no podrían reclamar la membresía salvo sean formalmente admitidos de conformidad con la Carta. En la práctica, las Naciones Unidas ha optado indistintamente por (i) requerir la aplicación para ser admitidos a todos los Estados resultantes de la extinción de otro Estado, o (ii) permitir a uno de los Estados resultantes continuar con la membresía del Estado anterior. No es posible afirmar que exista un criterio unívoco.[13]
Demanda ante la Corte Internacional de Justicia
El 27 de febrero de 2022, Ucrania inició un procedimiento contra la Federación Rusa ante la Corte Internacional de Justicia (en adelante, “CIJ), relativo a la “interpretación, aplicación y ejecución de la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio”. Del mismo modo, demandó la adopción de medidas provisionales, solicitando que la CIJ indique que la Federación Rusa debe suspender inmediatamente “las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022 que tienen como propósito y objetivo la prevención y el castigo de un supuesto genocidio en las regiones de Luhansk y Donetsk de Ucrania”. Es preciso mencionar que la Federación Rusa informó que no participaría en el procedimiento oral que se inició el 7 de marzo de 2022.
Queda esperar los argumentos que prepararán las partes y la decisión de la Corte, pero dado que la jurisdicción está basada en la Convención contra el Genocidio, el alcance de la CIJ estará limitado a lo dispuesto en dicho tratado. Aun así, una sentencia favorable a Ucrania podría brindar elementos adicionales a la Comunidad Internacional para seguir activando mecanismos contra la Federación Rusa.
(*) Abogada PUCP LLM con especialización en Derecho Internacional Público. Investigadora del IDEHPUCP.
