Por Eduardo Arévalo Mateluna (*)
Los incendios que afectaron recientemente a la ciudad de Viña del Mar y sus alrededores ya están siendo objeto de investigación y discusión en relación con la intencionalidad, la falta de prevención y la responsabilidad que le cabe al Estado ante las más de 135 muertes que perfectamente se podrían haber evitado.
La responsabilidad de las autoridades políticas es ya un tema de análisis y reflexión, y lo será aún más en la medida que la ciudad comience a retomar la normalidad y las victimas, ya un poco más tranquilas, tomen conciencia paulatinamente de llegará el momento en que el Estado de Chile deba indemnizar al menos a los familiares de las víctimas fatales. En efecto, de acuerdo con la legislación chilena y la jurisprudencia, cuando el Estado incumple sus obligaciones puede ser responsable por daños causados a terceros ya que el principio fundamental de responsabilidad del Estado de Chile se basa en “la falta de servicios”, que se define como la omisión de actuar debiendo hacerlo por parte de sus organismos administrativos. Así, ya es un hecho de la causa que si bien el sistema de alerta ante emergencias previno a las personas a través de la mensajería de los celulares para que evacuaran a lugares donde no fueran alcanzados por las llamas, muchos de los fallecidos no sabían hacia dónde dirigirse ni tampoco dónde encontrar refugio ante el descontrolado avance del fuego como consecuencia del fuerte viento que azotaba a la ciudad, por lo que mucha gente en sus desesperación huyó hacia sectores equivocados, es decir donde podrían ser alcanzados por el fuego, toda vez que el sistema de alerta no señalaba hacía que coordenadas se debía evacuar.
Lo anterior se entiende aún más si se toma en cuenta que ya estaría confirmado que en la ciudad de Viña del Mar no se había cumplido con implementar los protocolos de seguridad y prevención ante emergencias de estas características y, los que es más grave, ello a sabiendas del alto riesgo que para la ciudad significaban las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y el viento reinante, lo cual fue el detonante perfecto para una tragedia que ya había ocurrido en años anteriores en la vecina ciudad de Valparaíso.
Dicho lo anterior y ante la falta de servicio por parte del Estado, estamos en presencia de una especie de violación a los derechos humanos ante lo cual las personas afectadas pueden tomar varias acciones para reclamar por su derechos y buscar justicia, lo cual en principio deberán hacerlo ante los tribunales de justicia de Chile y, en caso de no obtenerla, podrán recurrir ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que los problemas persisten después de recurrir a los Tribunales locales.
En esta lamentable tragedia se han vulnerado particularmente derechos tales como el derecho a la vida, a la seguridad y a la vivienda digna y esto último debido a que muchos de los afectados vivían en construcciones paupérrimas y de difícil acceso, cuestión que el Estafo de Chile poco o nada hizo para corregir y así prevenir esta tragedia. Estos incendios han dejado también a miles de familias sin techo.
Finalmente, es importante señalar la necesidad de exigir a las autoridades en su conjunto que adopten las medidas para garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de las víctimas, así como prevenir eventos futuros. Del mismo modo se debe instar a que se respeten los principios de justicia equidad y solidaridad en la respuesta a la tragedia y se entregue apoyo integral a quienes se han visto afectados.
(*) Socio fundador de Problemas.cl
