En una decisión que ha generado el rechazo de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado interno en el Perú, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 7549/2023-CR. Esta norma otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La aprobación se dio con 16 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones. La norma contempla dos situaciones para la aplicación de la amnistía: en primer lugar, a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa sin sentencia firme, pero que estén siendo denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado. En segundo lugar, a aquellos con sentencia firme y mayores de 70 años.
El dictamen fue impulsado por el congresista Jorge Montoya, de la bancada ultraconservadora Honor y Democracia, y sustentado por el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Ambos defendieron la medida como un acto de justicia hacia quienes “enfrentaron con coraje y amor por la patria” al terrorismo. La ley excluye explícitamente a personas acusadas de terrorismo o delitos de corrupción.
Una ley de impunidad, dicen las víctimas
Horas después de la votación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) organizó una conferencia de prensa que reunió a familiares de las víctimas y representantes de diversos organismos de derechos humanos para manifestar su rechazo categórico a lo que denominaron una ley de impunidad. La actividad contó con la participación de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, activistas y expertos legales.
“Esta ley exime de responsabilidad penal a quienes hoy enfrentan procesos por crímenes como desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y asesinatos”, denunció Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, uno de los estudiantes de La Cantuta asesinado por el grupo Colina. “No se trata de venganza, se trata de justicia. Esta ley nos arrebata el derecho a saber la verdad y a que se sancione a los responsables”.
Ortiz recordó que esta no es la primera vez que el Congreso intenta imponer una amnistía. En 1995, durante el régimen de Alberto Fujimori, una ley similar fue aprobada y luego anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Nos tomó años revertir esa injusticia. Esta es otra batalla, y la enfrentaremos con la misma dignidad”, afirmó.
Voces desde las regiones
Desde Ayacucho, Huanta y otras regiones afectadas por la violencia política, se conectaron virtualmente familiares de víctimas para expresar su indignación. Luis Arónez, representante de la Coordinadora Nacional de Víctimas, denunció que la ley favorece a altos mandos militares implicados en crímenes de lesa humanidad.
“Más de 25 mil desaparecidos, más de cinco mil mujeres violadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hermanos? Esta ley es un insulto. Es una ley hecha por y para los asesinos”, dijo Arónez entre lágrimas, recordando la masacre de Accomarca, en la que murieron 41 personas, incluidos 19 niños.
También participó Charmeli Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, asesinado por militares en 1988. “Después de 34 años logramos la condena de Daniel Urresti, uno de los implicados. ¿Ahora quieren dejarlo libre con una ley? Es cruel. Es inhumano. Déjennos cerrar nuestro duelo”, exigió.
Riesgo de desacato internacional
El rechazo a la ley no solo se centra en el ámbito nacional. Organizaciones como APRODEH y la CNDDHH advirtieron que la norma contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos.
El exministro de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, advirtió que la aprobación de esta ley constituye “una regresión jurídica grave” y que podría activar procesos ante la Corte Penal Internacional. “Los jueces y fiscales que apliquen esta ley también incurrirán en responsabilidad internacional”, alertó.
García Sayán hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante. “La justicia no puede ser eliminada por 16 votos de congresistas sin legitimidad. Esta ley es inconstitucional e inconvencional. No debe ser aplicada”.
El rol del sistema de justicia
Durante la conferencia, la abogada Gloria Cano, de APRODEH, informó que su organización acudirá caso por caso ante el Poder Judicial y el Ministerio Público para solicitar la inaplicación de la ley. “No vamos a permitir que se cierre la puerta a la justicia para las víctimas. Ya lo hicimos antes y lo haremos de nuevo”.
Cano detalló que la ley busca beneficiar a militares como José Valdivia Dueñas (caso Cayara), Martín Rivas (caso Chuschi), Morillo Osson (caso Accomarca) y Daniel Urresti (caso Bustíos), entre otros. Algunos ya cuentan con sentencia firme, mientras que otros están en etapa de investigación o juicio.
“El derecho internacional es claro: los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados”, afirmó.
Un camino incierto
Aunque la ley fue aprobada en la Comisión Permanente, aún debe ser promulgada por el Ejecutivo. Sin embargo, los familiares de víctimas no tienen expectativas positivas sobre el actual gobierno. “No esperamos nada de un gobierno que ha avalado otras leyes regresivas como la que busca prescribir los crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Gisela Ortiz.
Se estima que la ley podría beneficiar a alrededor de 900 militares y policías, tanto con procesos abiertos como con condenas firmes. Sin embargo, su aplicación no será automática: cada caso deberá ser evaluado por un juez penal, lo que abre un nuevo frente de batalla legal.
Por lo pronto, los familiares de las víctimas han anunciado movilizaciones en Lima y en regiones como Ayacucho. Asimismo, ya han alertado a instancias internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dice Gisela Ortiz que esta ley no busca reconciliación, busca el olvido. Y añadió: “Pero nosotros no vamos a olvidar. La memoria es nuestra arma y la justicia es nuestro derecho”.
